La discusión sobre impuestos continúa a tope en la agenda de parte del gobierno y genera visiones encontradas. Pese a lo manido del tema, al menos en el debate público, se omite, o quizás deliberadamente se soslaya el aspecto central, los efectos económicos que los distintos impuestos generan y, por supuesto, cómo la traslación del gravamen entre agentes económicos, suele realmente cargar el peso en quienes no se desea, al menos declarativamente.
Los grandes grupos de impuestos son directos, aquellos que recaen sobre los factores de producción, tierra, trabajo y capital (IRPF, IRAE, Patrimonio, Primaria, Trasmisiones Patrimoniales, Contribución Inmobiliaria, patente de rodados) y los indirectos, que gravan los bienes y servicios (IVA, IMESI, aranceles).
Dejando de lado los indirectos, me interesa centrarme en los directos, porque son sumamente relevantes en la asignación de recursos de la economía y, por ende, en el dinamismo —la tasa de crecimiento— que ésta tenga. Es cierto que el crecimiento también depende de otros factores muy importantes, flexibilidad de mercados, regulaciones, dotación de capital —físico y humano—, incentivos a la innovación, respeto por el derecho de propiedad, etc., pero el análisis teórico y la evidencia empírica es contundente sobre cómo los impuestos sobre las rentas disminuyen significativamente la tasa de crecimiento. Ahora bien, como impuestos hay que cobrar, el problema se reduce a generar la menor distorsión posible, tanto en nivel como en cómo se elige el mix. Sobre las ideas que andan en la vuelta referente a IRAE y el 1% a los “ricos” ya analizados en columnas previas, son errores groseros que sólo empeorarán las cosas, habiendo más que abundante y reciente evidencia al respecto. Sólo un agregado, cobrar un 1% sobre el stock de capital, cuando ese capital no suele remunerar más de 3% real y en activos financieros, difícilmente supere el 2%, implica una tasa entre 1/3 y 50% adicional a la existente a la renta, siendo esto lo que importa, la tasa marginal en expropiatoria. Ya sabemos que hace la gente cuando se la quiere expropiar.
Referente al IRPF, lo usual es hablar sobre la “tasa promedio general”, que incluye los que no pagan y los que lo hacen según su nivel de ingreso, lo cual es erróneo por dos motivos. En primer lugar, porque sea por suba de tasas, cambios en los tramos o deducciones, pueden variar poco la tasa media pero mucho la del contribuyente afectado y, en segundo término, porque los incentivos se juegan en la tasa marginal que abona la persona, quien finalmente define el nivel de esfuerzo (hasta nulo) que estará dispuesto a hacer. En términos económicos, un aumento de la tasa marginal aumenta el costo marginal para el trabajador —disminuye su ingreso— y éste lo compara con el beneficio que percibe (siempre subjetivo) para decidir si continúa haciendo esas horas o “ya no le recompensa”.
Diseño particular
Nuestro particular IRPF no respeta su diseño usual, donde las deducciones desgravan a la tasa marginal (la más alta) y no se restan a una inferior a la que grava los menores ingresos. En efecto, “la norma” del impuesto indica que se toma el ingreso bruto, al cual se le deducen los aportes de seguridad social, así como otras deducciones admitidas, en general una global de gastos más particulares de erogaciones en educación, salud y pago de hipotecas, hallándose el “neto” a partir del cual se comienzan a aplicar los tramos de ingresos, cada uno con su tasa de aportación. En Uruguay, se toman lo ingresos brutos por un lado y allí se aplican los tramos generando el total preliminar a pagar, en tanto para las escasas deducciones admitidas, se calcula el 8% de ellas, monto que se deduce del anterior[1].
Como las tasas “saltan” rápidamente de 10% a 15% y 24%, el ingreso marginal paga esa tasa y del aporte adicional a la seguridad social se descuenta el 8%. Pensemos que un salario nominal de $ 68.640 paga por cada peso adicional un 15% y si supera los $ 102.960 abona 24%[2]. O sea, la tasa marginal sube mucho y rápido. En resumen, suponiendo una persona cuyo ingreso sobrepasa los 102.960, por cada $ 100 de ingreso marginal recibe $ 62, es decir, 38 de cada 100 pesos son para el fisco a los cuáles se agregan los aportes patronales, en general un 12,625% sobre el mismo salario nominal. En breve, el costo de pagar $ 100 nominales es de $ 112,625 y la persona recibe $ 62, poco más del 55%. Cierto es que una parte del aporte es para financiar jubilaciones y, por tanto, es más correcto considerarlo como el necesario pago de una prima de seguro pero, de todos modos, el efecto es el indicado.
El reciente cambio del CPE del Fonasa implica para una persona con un salario superior a unos $ 105.250 un aumento de la tasa marginal de impuesto del 4,5% por el tramo que va desde ese monto hasta unos $ 148.700. Es decir, para estas personas la tasa bruta marginal de imposición a su “renta” (salario) pasa a ser 28,5% (24 + 4,5) y la neta 28,1% (28,5 – 8% * 4,5). Esa tasa marginal disminuye a medida que el ingreso aumenta porque, por encima de los $ 148.700 no se cobra el 4,5%.
Considerando las cifras y ejemplos anteriores, es por demás claro que el IRPF recae sobre la clase media y genera perversos incentivos sobre ella, en especial sobre los jóvenes que, si piensan formar una familia, pierden toda posibilidad de ahorrar y, entonces, evalúan emigrar, algo común en Uruguay desde los años ´60 del siglo pasado.
El Estado debe definitivamente pensar en reducir el gasto y liberar carga tributaria. Dejar de pensar en cómo subimos el gasto y los impuestos que sólo traerán retroceso y frustración a nuestros jóvenes. Los más emprendedores se van y eso retroalimenta el círculo perverso de baja mejora de productividad y crecimiento.
[1] 14% si el ingreso bruto nominal es inferior a unos $ 102.960 al mes.
[2] Cuando supera los $ 205.920 comienza a pagar 25%.