OPINIÓN

La economía brasileña ha mostrado un desempeño superior a las expectativas. El PIB creció el 1,2% en el segundo trimestre en la comparación libre de influencias estacionales con el trimestre anterior y el 3,2% en la comparación con el segundo trimestre del año pasado. El resultado, dado a conocer a principios de septiembre, motivó nuevas revisiones al alza de las previsiones de crecimiento para este año, que ahora apuntan a una expansión del 2,3%. A principios de año, las proyecciones apuntaban a un crecimiento mucho más modesto, de apenas un 0,3%.

Desde el punto de vista del sector, el crecimiento reflejó la continua recuperación de los servicios, que crecieron un 1,3% en el margen y un 4,5% interanual. La industria también tuvo desempeño expresivo, creciendo el 2,2% y el 1,9%, respectivamente, en las mismas comparaciones. La construcción civil, en particular, lleva ocho trimestres consecutivos creciendo, con una tasa trimestral del 2,7% en el segundo trimestre, reflejo tardío de la intensa recuperación del sector tras los bajísimos tipos de interés que prevalecieron hasta mediados de 2021.

Entre los componentes de la demanda, se destacó la inversión en capital fijo, que recuperándose de la caída de 3,8% en los primeros tres meses del año, registró un aumento de 4,8% en el margen y de 1,5% en el año en la comparación interanual. El consumo de los hogares aceleró significativamente el ritmo de crecimiento con relación al primer trimestre, pasando la tasa de variación trimestral del 0,5% al 2,6%, habiéndose beneficiado de los programas de transferencia de renta del gobierno.

El comportamiento del PIB se ha reflejado en la mejora de los indicadores del mercado laboral. En el trimestre móvil finalizado en junio, la población ocupada fue 9,0% superior a la del mismo mes de 2021, reduciendo la tasa de desempleo en impresionantes 5 puntos porcentuales (p.p.), a 9,3%, el nivel más bajo desde diciembre de 2020. 2015. Cabe señalar que la caída de la tasa de desempleo se ha venido dando a pesar del fuerte aumento de la tasa de participación, que pasó de 60,8% a 62,6% en el período; nivel que, sin embargo, sigue siendo de 1 p.p. inferior al que prevalecía antes de la pandemia.

Este panorama favorable por el lado de la actividad económica y del mercado laboral ganó a partir de julio un poderoso aliado: la caída de la tasa de inflación. Esta reducción es en parte resultado de factores externos, como la caída de más del 10% en el precio de las materias primas en el mercado internacional, en particular el petróleo, cuyo precio ha caído más del 20% desde junio, y los metales y minerales, cuyos precios han caído un 26,5% desde marzo. En ambos casos, la principal causa de la caída es la perspectiva de una fuerte desaceleración de la economía global, especialmente en China.

Sin embargo, los factores domésticos también actuaron con fuerza para reducir las tasas de inflación, generando deflaciones de 0,68% en julio y 0,36% en agosto. En particular, las decisiones de reducir a cero la tasa del impuesto federal sobre los combustibles y la aprobación, por parte del Congreso, de un tope del 17% a la tasa del ICMS (una especie de IVA, recaudado por los Estados) sobre los combustibles, la electricidad y las telecomunicaciones, jugaron un papel fundamental en la reducción de la tasa de inflación anual, de 11,9% en junio a 8,7% en agosto. La inflación subyacente, sin embargo, se mantiene en un nivel elevado, con una variación anual todavía en torno al 10,5%, prácticamente estable en relación con la tasa media del segundo trimestre.

Cabe señalar que las tasas originales sobre los conceptos mencionados oscilaban entre el 25% y el 32%, constituyendo una importante fuente de ingresos para los Estados y también para los municipios, que reciben parte de la recaudación por transferencias. En otras palabras, para lograr una reducción transitoria de la inflación, el gobierno creó un problema fiscal a futuro, que tiende a ser tanto más grave si se considera que los Estados y municipios son los principales responsables del gasto en educación básica.

Lo mismo se puede decir de la fuerte expansión de las transferencias de renta, como Auxílio Brasil, que aumentó el monto promedio mensual por familia en un 50% a partir de agosto, de R$ 400 para R$ 600, además de ampliar el programa para incluir más de dos millones de nuevos beneficiarios, llegando a más de 20 millones de familias. Antes de la pandemia, el programa Bolsa Família gastaba aproximadamente el 0,5% del PIB en transferencias focalizadas a familias de bajos ingresos con condicionalidades. Si en adelante se mantiene el valor de R$ 600 por familia (como prometieron los dos candidatos que encabezan las encuestas), ese gasto subirá al 1,5% del PIB. Cuando a esta presión se le suman las exoneraciones tributarias, los pasivos acumulados de deudas judiciales impagas y la necesidad de corregir los salarios de los servidores públicos, que se encuentran congelados desde hace al menos tres años, el resultado es un monto equivalente a 3,5 % del PIB que deberá abordar el nuevo gobierno.

El gobierno actual afirma que las cuentas fiscales están bajo control, lo cual es cierto pero encubre factores transitorios. Además del aplazamiento de gastos antes mencionado, el crecimiento excepcional de los ingresos también se explica en parte por factores que es poco probable que se mantengan, como el auge de los precios de las materias primas y el cambio temporal, provocado por la pandemia, de la demanda de servicios a bienes (el sector industrial está mucho más gravado que el de servicios). Finalmente, el fuerte gasto ignora que el país tiene una deuda pública de casi el 80% del PIB, muy superior a la de los países emergentes con niveles de ingreso per cápita similares, y que tiende a crecer no para financiar inversiones, sino para cubrir Gastos actuales.

En 2014, la entonces presidenta Dilma Rousseff adoptó una política fiscal fuertemente expansiva antes de las elecciones. Controló el precio del combustible y la electricidad, manteniendo apreciado el tipo de cambio para contener la inflación. Ganó las elecciones y, al comienzo del nuevo mandato, anunció un ministro de finanzas ortodoxo que presentó un programa de austeridad cuando asumió el cargo. El resultado fue la mayor recesión del país desde la década de 1930. Muchos creen que este “fraude electoral” contribuyó a su juicio político un año y medio después.

En el escenario actual, en el que la economía mundial tiende a desacelerarse rápidamente, las perspectivas de la economía brasileña pueden volverse aún más difíciles. Por tanto, no sorprende que las proyecciones de crecimiento en 2023 (0,5%) y 2024 (1,8%) hayan cambiado poco cuando se excluyen de las revisiones los efectos puramente estadísticos.