OPINIÓN

Como todos los años, el último día de junio el Poder Ejecutivo envió la rendición de cuentas al Parlamento. ¿Qué es la Rendición de Cuentas? Esta rendición del 2022 tiene dos funciones, aprobar lo sucedido en 2021 y definir cambios presupuestales para 2023.

Al igual que el año anterior, contiene algunas asignaciones presupuestales adicionales a lo estipulado en el Presupuesto Quinquenal a partir de los años 2023 y 2024 cumpliendo con compromisos asumidos (como la recuperación salarial en el sector público) y el énfasis programático en algunas áreas de prioridad, tales como la educación, la seguridad y la ciencia, innovación y tecnología. Asimismo, se actualizaron las proyecciones macroeconómicas y fiscales.

La principal novedad es que parece estarse distendiendo la fase más dura de la consolidación fiscal. Luego de un importante esfuerzo de la sociedad uruguaya, hoy tenemos un déficit fiscal estructural casi 2% menor que al inicio de la pandemia y el gobierno espera cerrar el año con un resultado de -3,5%. De cumplirse con la nueva institucionalidad fiscal aprobada en la LUC, y no mediar novedades muy relevantes, convergeremos a un equilibrio fiscal primario en 2026. Se trata de una muy buena noticia, en un contexto de aumentos de tasas y menor acceso al financiamiento en el que muchos países bajaron su calificación; Uruguay despejó el riesgo de perder el grado inversor y el gobierno enfrentará menos presionado, aunque sin holguras, la segunda mitad del mandato.

Además, el equipo económico realiza en la presente rendición una corrección al alza del crecimiento esperado para 2022 que pasa de 3,8% a 4,8%. Esto se sitúa muy cercano al promedio de las expectativas de los analistas. A nuestro juicio, el crecimiento puede ser algo mayor aún. No obstante, es importante destacar que buena parte del crecimiento es “arrastre” del 2021. Los desafíos al crecimiento de largo plazo siguen siendo los mismos, de no mediar reformas estructurales en los próximos años iremos convergiendo hacia el nivel de crecimiento potencial, apenas por encima de 2%.

Sobre el empleo es dónde el gobierno sigue poniendo sus principales expectativas de recuperación y mejora del bienestar de los hogares. Luego de haber alcanzado el nivel pre pandemia, el gobierno espera que en promedio este año haya 40.000 personas más trabajando. La recuperación del mercado laboral esperada implicaría que en 2024 tengamos niveles de empleo similares al máximo histórico de 2014.

Como en todo el mundo, la carrera precios y salarios sin dudas es la piedra en el zapato del gobierno, y principal causa de mal humor popular. Según lo presentado el pasado jueves, el gobierno espera un IPC de 8,5% al cierre de este año. En ese contexto parece razonable esperar que la evolución del salario real sea neutra este año. Sin embargo, el compromiso de alcanzar niveles salariales pre pandemia en 2024 fue ratificado en la presente rendición, de hecho la mitad de los aumentos están destinados a la recuperación salarial de los funcionarios públicos.

Yendo a las asignaciones presupuestales adicionales, el incremento de gasto previsto para 2023 es de 226 millones de dólares. Se destacan los 100 millones de dólares adicionales para apuntalar la reforma educativa, divididos entre 2023 y 2024; 26 millones de dólares para la ciencia, y algunos recursos para la seguridad pública. Se mantiene una tónica de dar aumentos focalizados para áreas estratégicas.

En resumen, se trata de una rendición con más confirmaciones que novedades. El gobierno ajusta sus metas económicas al alza pero sin alejarse de lo esperado por analistas. Se aumenta focalizadamente el gasto en áreas estratégicas y se ratifican algunos compromisos asumidos. Los objetivos vigentes suenan ambiciosos pero posibles. Si Uruguay efectivamente llega a 2024 con una moderación de la inflación por debajo del 6%, el salario real en niveles de 2019 y el empleo recuperando lo perdido desde 2014, el gobierno podrá darse por satisfecho.

Sin embargo, este resultado de corto y mediano plazo dependerá más de la suerte internacional, en un contexto que aparentemente se tornará menos favorable en los próximos semestres. Estemos en camino o no de alcanzar estos objetivos políticos-económicos en 2024, los deberes del Uruguay siguen siendo los mismos: realizar reformas estructurales que permitan un crecimiento de largo plazo muy superior a 2% anual.

Aunque la repetición pueda aburrir a alguno, creo que nunca está de más recordar la importancia de concretar reformas que nos permitan elevar nuestro potencial de crecimiento. Hay que seguir avanzando en la reforma de la seguridad social, en mejorar la regulación laboral, potenciar el acceso a mercados y avanzar con decisión en la transformación educativa.

Cada rendición de cuentas volvemos a ver las expectativas de bienestar que trabajadores, estudiantes, jubilados y la sociedad uruguaya toda tienen. No hay ninguna posibilidad de que éstas sean satisfechas en el corto plazo sin desarrollar reformas que nos hagan más competitivo y así crecer más. Y claro que muchas de estas reformas generarán resistencias y dolores, pero no hay caminos de rosas. Quien diga otra cosa, no entiende o miente.

(*) Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)