Ministro de Economía y Finanzas se busca (para 2025)

En un tiempo ya lejano y del cual prefiero no acordarme, escribí una columna titulada “La Ley de Gresham en la política”. Leyendo el último libro del entretenido y didáctico Juan Carlos de Pablo (“Argentina 2024-2027. El desafío económico del próximo gobierno”) me encuentro con una referencia similar. De Pablo expresa correctamente que aquella Ley, que se verifica con el dinero, también se puede aplicar a las ideas económicas. Señala que al votante y al dirigente político les seduce más el asesor económico que le dice lo que quiere escuchar que el que, por ejemplo, le plantea un ajuste de la economía. De ese modo, el mal asesor desplaza al bueno, como en la Ley de Gresham la moneda mala desplaza a la buena. Y esto ocurría, en tiempos de Sir Thomas Gresham, porque la gente prefería pagar con la moneda de menor valor, por tener menor contenido de oro, mientras que optaba por atesorar las que mayor contenido del metal precioso tenían.

En el primer capítulo del libro, se pueden identificar al menos tres requisitos para la selección del candidato a ministro de un candidato a presidente. Y como en nuestro país se vienen tiempos electorales, creo oportuno reflexionar al respecto aquí y ahora.

Claro está que las reflexiones son en los dos sentidos: pueden y deben ser vistas tanto desde el lado del candidato a ministro como del lado del candidato a presidente.

Obviamente, el primer requisito es el aludido por la Ley de Gresham. El candidato a ministro debe tener presente que habrá monedas débiles en la vuelta y que tendrá el riesgo de ser desplazado por alguna de ellas. Pero debe saber que siempre será preferible morir en el intento, fiel a su leal saber y entender, que sucumbir a volverse, él mismo, una mala moneda. Y el candidato a presidente debe hacer oídos sordos a los cantos de sirenas de los malos asesores.

Un segundo requisito que extraigo del libro de mi colega argentino vale más para el punto de vista del candidato a presidente que del candidato a ministro. Y cito a De Pablo: “En particular, (los dirigentes políticos) tienen que resistir la tentación de dejarse llevar por los “juicios de autoridad”: si estudió en tal lado, publicó X número de monografías o libros, debe ser bueno. Tienen que verificar que hablan con personas que entienden la perspectiva con la cual se trabaja en política económica”.

No puedo estar más de acuerdo con eso, por dos razones.

Primero, porque es claro que cualquier profesional no sirve para cualquier trabajo en su profesión. Y, por cierto, son trabajos muy diferentes y que requieren calificaciones muy diversas, el dirigir la economía del país y el escribir papers en un escritorio universitario. Lo dice De Pablo, que tiene más de 50 libros publicados.

Segundo, porque efectivamente el economista que pretende actuar en la función pública debe entender qué implica eso. Sus “clientes” no son académicos ni empresarios, son los dirigentes políticos y sus votantes. Sin ir más lejos, el ministro de Economía y Finanzas que lideró la salida de la crisis en sus tiempos más turbulentos no era economista sino abogado, Alejandro Atchugarry.

Por último, el tercer requisito que extraigo del primer capítulo del libro referido es algo con lo que Gabriel Oddone frecuentemente insiste, que implica “ser el propietario de la política económica”, a lo que razonablemente el colega argentino le asigna un valor considerable. Dice De Pablo al respecto: “¿Cuál es el número óptimo de encargados del área económica de un gobierno, se los denomine ministros de Economía o de alguna otra forma? Uno, porque el cargo se puede dividir, pero ¡la función no! Me refiero a la necesidad de que alguien se sienta a cargo de la conducción de las políticas públicas que tienen que ver con la economía, lo cual implica, entre otras cosas, vigilar la congruencia de la política económica (por ejemplo, la tasa de inflación implícita en la política salarial no puede ser muy diferente de la implícita en las políticas cambiarias y de tarifas públicas, entre otras) y también lograr que aparezcan los resultados y que se noten”.

En el caso de nuestro país, desde el retorno de la Democracia, hemos tenido de los dos casos posibles en ese sentido: desde los ministros que efectivamente desempeñaron ese rol hasta los que no lo hicieron, ciñéndose a actuar en un ámbito acotado por voluntad propia, dejando de lado su participación en ámbitos relevantes de la política económica y terminando por compartir en los hechos su “propiedad”, la que, sin dudas, si es compartida no tiene dueño. Y esto se termina viendo en el desempeño y en los resultados.

Lo anterior no implica que el ministro de Economía y Finanzas deba ser un “super ministro” que se meta en áreas que le exceden. Significa, por el contrario, que debe ser un ministro a cabalidad, no cediendo atribuciones en áreas que le son vitales para el buen desempeño de sus tareas.

De mi cosecha, un cuarto requisito: el ministro no puede ser amigo del presidente. Y si se tratan de Usted, mejor, aunque en los tiempos que corren, los usos y costumbres han convertido ese trato en antigualla. El ministro en particular, y el equipo económico en general (cuando existe y funciona como tal) debe ser una suerte de “voz de la conciencia” del gobierno. De modo de hacerle ver al presidente y al resto de la administración aquello que no se debe hacer y explicarle el por qué. Y debe(n) estar dispuesto(s) a ceder el cargo, si fuera el caso.