Luis Custodio
La economista Bárbara Mainzer (*) asumió como directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, organización que agrupa a los bancos de capital privado que operan en Uruguay (BBVA, Citi, Heritage, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank). Uno de los desafíos más importantes de su gestión pasa por lograr una salida ala delicada crisis de la Caja Bancaria, “con déficit creciente desde 2017”, subraya. Asegura que “la inminencia y la cuantía de los fondos necesarios vuelve urgente la reforma”, que a su juicio debería hacerse en base a un esquema donde “todas las partes” asuman parte de la responsabilidad en el ajuste. Otro de los aspectos que le preocupa es la baja rentabilidad del negocio bancario, “que en relación con sus activos el año pasado se ubicó en 1%”, recuerda, producto de los altos costos del sector. Como ejemplo destacó las tasas de aportes patronales y de impuesto al patrimonio, por encima del resto de las empresas locales. ”Los sobrecostos que los bancos privados enfrentaron en 2022, representan un monto similar a las ganancias de todo el año”, precisó. A continuación, un resumen de la entrevista.
—Un tema recurrente para la ABPU ha sido los costos del sector. ¿Cuán altos son en términos comparativos con la región u otros países emergentes?
—El sistema bancario uruguayo enfrenta uno de los costos más altos del mundo; tiene uno de los mayores ratios de costos en relación a los ingresos.
Los costos también son altos cuando se los compara con cualquier otra empresa de nuestro país. A modo de ejemplo, los bancos tienen una tasa de aporte patronal de más del triple que el resto de las empresas: 25,25%, cuando la tasa general es de 7,5%. A esto se suma la prestación complementaria patronal, instaurada en la reforma de la caja Bancaria en 2008, que, para los bancos privados, representa un monto casi tan alto como el de los aportes patronales. Tenemos una tasa de impuesto al patrimonio de 2,8% cuando la tasa general es 1,5%. Aportamos decenas de millones de dólares al fondo de protección del ahorro bancario, pagamos una tasa de control regulatorio, tenemos altos costos regulatorios y de seguridad y la obligación de ofrecer servicios gratuitos, como la cuenta sueldo. Si sumamos los sobrecostos que los bancos privados enfrentaron en 2022, representan un monto similar a las ganancias de todo el año.
Adicionalmente, el sector tiene salarios muy superiores a la media de la economía. Cuando se suman los aportes jubilatorios, costo de salud y otras partidas, arroja un costo laboral como porcentaje de los ingresos muy superior al de los bancos en la mayoría de los países de la región.
—¿Esos costos tienen un correlato en las bajas tasas de rentabilidad?
—Así es. El año pasado, la rentabilidad sobre activos de las instituciones que componen ABPU fue de 1% y, en relación al patrimonio, 13,8%. Estas son cifras bajas en el contexto internacional. A lo que se suma que Uruguay es una plaza pequeña, no tiene los beneficios de la escala de mercados más grandes como el brasileño o el mexicano.
Los miembros de ABPU son todos bancos internacionales de primera línea, y su accionista —que invirtió mucho dinero en Uruguay— espera una compensación adecuada. La contracara de esto es que cuando las casas matrices toman decisiones de donde invertir el capital, pueden terminar priorizando jurisdicciones donde tengan mejor rentabilidad.
Por otro lado, los bancos enfrentan elevada competencia, de compañías de crédito, fintech, etc., que si bien es beneficiosa porque desarrolla el mercado y mejora la oferta de productos y servicios a los clientes, lo que no es adecuado es que haya asimetrías, que quienes participan en los mismos mercados y atiendan a los mismos clientes tengan costos y regulaciones tan distintos.
—¿La reducción de asimetrías puede pasar por aspectos tributarios o regulatorios?
—Son varios los temas a mejorar. Pasa por aspectos tributarios, de aportes a la seguridad social, por una reducción en la rigidez laboral y, también, temas regulatorios.
—¿Cuáles son las limitantes que tiene la industria en Uruguay a partir de ese nivel de costos?
—El tener costos tan altos lleva a que no se pueda invertir en el negocio todo lo que los bancos quisieran y, por ello, no se pueda crecer a las tasas a las que se podría crecer. En oportunidades naturalmente deriva en que los servicios ofrecidos se encarecen. Es decir, quien va a compra una casa o tomar una deuda para invertir en su negocio, lo puede terminar haciendo a un costo mayor.
—El negocio bancario ha cambiado en las últimas décadas. ¿En Uruguay se ha procesado la reformulación necesaria?
—El negocio bancario efectivamente ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hay más clientes y creció exponencialmente el uso de medios digitales. Ha crecido la oferta de productos y de soluciones. Y esa transformación no ha terminado, en los años siguientes veremos mucha más innovación, una profundización de la banca digital y más servicios y productos.
En relación al plano laboral, tenemos una plantilla de colaboradores capacitada y comprometida. Pero también es cierto que hay una gran rigidez laboral y dificultad de rotación para incorporar los necesarios nuevos perfiles, lo que que en ocasiones dificulta la adaptación al cambio. Esta rigidez es uno de los principales motivos que hacen que no haya demanda de nuevas instituciones para ingresar en nuestro país.
—En su presentación como directora ejecutiva de ABPU definió como principales características de la banca en Uruguay, la solidez, liquidez y penetración en la sociedad uruguaya. ¿Puede fundamentar cada una de esas características?
—En Uruguay tenemos bancos de primera línea, con alto nivel de patrimonio y gran liquidez. Las instituciones de intermediación financiera en el país tienen un capital que representa 1,9 veces el requerimiento mínimo en función de los riesgos de la industria (riesgo de crédito, mercado, operacional y sistémico). Las pruebas de estrés elaboradas por el Banco Central dan cuenta de que el sistema bancario soportaría en promedio un escenario de recesión importante manteniendo un nivel patrimonial adecuado.
Naturalmente esa solidez se construye con altos requisitos para operar como banco en Uruguay y una alta inversión por parte de los accionistas (los bancos privados en Uruguay tienen un patrimonio de más de 2000 millones de dólares). Los bancos uruguayos estan regulados por normas exigentes, alineadas con los estándares de Basilea y de la Unión Europea.
A su vez, el nivel de liquidez de la banca es muy elevado. Un alto porcentaje de los activos se mantienen en efectivo depositado en el BCU y en inversiones muy seguras y que se pueden convertir en efectivo en pocos días.
Una muestra de la confianza que hay en el sistema financiero es el elevado nivel de depósitos bancarios: más de 40.000 millones de dólares depositados en los bancos, lo que representa 65% del producto y con la particularidad que la mayor parte de los depósitos son del sector privado. Es un ratio muy alto, especialmente en el contexto latinoamericano.
—¿Cómo observa la situación financiera de la Caja Bancaria?
—Es muy delicada. La población de la Caja Bancaria es la más longeva de todas. La última estimación que conozco, de 2012, mostraba que las mujeres bancarias a los 60 años tenían una expectativa de vida de 30 años más. Tenemos muchos pasivos bancarios con 90 y 100 años.
Y en Uruguay cada vez tenemos más pasivos por cada activo. En la caja bancaria se da el extremo que hay más personas cobrando una prestación que personas activas, trabajando y aportando. Una población muy longeva que es cada vez mayor pone una presión muy fuerte sobre las generaciones actuales y futuras.
La Caja Bancaria arrastra déficit crecientes desde 2017. Se espera que esta situación deficitaria se prolongue por varios años más. Es una situación que hay que corregir a la brevedad. Cuanto más se demore, más doloroso y difícil será el ajuste.
—Todos los actores coinciden en que está muy próxima de no poder afrontar sus obligaciones…
—La inminencia y la cuantía de los fondos necesarios vuelve urgente la reforma de la Caja Bancaria.
En este momento hay un grupo de trabajo integrado por el Gobierno, los bancos, el sindicato y asesores de la Caja Bancaria trabajando por encontrar una solución a la brevedad. Esperamos pronto dar a conocer la magnitud de los fondos requeridos, que es elevado, y las posibles soluciones. Se está trabajando en un esquema donde todas las partes contribuyan a la solución.
—¿Debe tener un tratamiento específico a la hora de la reforma previsional?
—Se está trabajando en el tema, por lo que no hay mucho que yo pueda decir en este momento. Sí puedo asegurar que los cambios van en el mismo sentido que los del régimen general, pero que la situación financiera de la Caja Bancaria no admite la gradualidad que está estipulada para el régimen general y otras cajas paraestatales. Se precisan medidas urgentes.
—Desde el sindicato bancario han repetido reiteradas veces que esto se resuelveaumentando los aportes de los bancos. ¿Que opina?
—En teoría, el desfinanciamiento de la seguridad social se se podría “resolver” aumentando los impuestos. Pero cuando la carga impositiva es elevada, esta es una solución peligrosa.
En el caso de la reforma general de seguridad social, se planteó que el sector empresarial enfrenta costos demasiado elevados como para aumentarlos aún más. Como vimos, los costos bancarios son mucho, mucho mayores. Mientras que en el régimen general los aportes personales son el doble que los patronales, en el caso de los bancos privados, los aportes patronales son casi el triple (considerando los aportes más la prestación complementaria) que los personales. De cada 100 pesos que se recaudan por aportes personales y patronales en el sistema bancario privado, 73 los aportan los bancos. No conozco sistema de seguridad social en el mundo que tenga esta carga impositiva sobre las empresas.
—¿Los bancos han asumido su parte de responsabilidad en superar este momento por el que atraviesa el sistema de retiro?
—La realidad es que los bancos han hecho un aporte enorme al financiamiento de la Caja Bancaria. Y estamos trabajando para continuar apoyando a conseguir una solución; de hecho, ¿ven ustedes algún otro sector empresarial sentado en la mesa para resolver el tema de la seguridad social? No. Solo los bancos. Pero también advertimos que mayores tasas de aportación pueden limitar el crecimiento del sector y por lo tanto los ingresos del sistema. Las elevadas tasas de aportación favorecen la automatización de tareas y, así, conspiran contra la generación de empleo (y aportes). En otras palabras, el aumentar la carga sobre los bancos atenta contra la sostenibilidad del sistema financiero y en definitiva, de la Caja Bancaria.
—También hay quienes sostienen que es un problema financiero transitorio y que solo se precisa financiamiento para esta etapa. ¿Es así?
—Prefiero dejar que el grupo que busca soluciones trabaje y no realizar demasiados comentarios. Pero sí puedo afirmar dos cosas: si es solo un problema financiero, uno saca un préstamo mientras la solución se resuelve. Acá hay un problema económico, no solo financiero. Un problema financiero que dura 15 años no es un problema financiero, es un problema de solvencia.
—Está a estudio del parlamento un proyecto de reestructuración deudasque pone en manos del deudor la posibilidad de ir ante Defensa de la competencia e incluso a la justicia, ante situaciones que pueden ser configuradas como usurarias. ¿Cuál es su opinión?
—El tema de los deudores claramente es un problema importante, complejo, y debemos trabajar para resolverlo. Estamos estudiando el proyecto, y también estamos aguardando un proyecto que el Presidente Lacalle anunció que presentaría el gobierno. Lo que te puedo decir es que nos preocupan soluciones legislativas que puedan tener consecuencias indeseadas. Que acareen inseguridad jurídica que termine en que un sector de la población —y en especial los más vulnerables, con mayores problemas de acceso al crédito – terminen sin poder acceder a un préstamo.
(*) La economista Bárbara Mainzer cuenta con una amplia trayectoria en finanzas y banca privada, trabajando tanto en el mercado local como en bancos internacionales suizos y norteamericanos. Obtuvo el posgrado en Finanzas Chartered Financial Analyst y estudios de Liderazgo en Harvard Business School, además del certificado en ESG Investing que otorga el CFA Institute.
También fue presidente de CFA Society Uruguay, y representa a la región Latinoamericana y las Islas del Caribe frente al Directorio de CFA Institute, la principal asociación de profesionales de inversión del mundo que provee educación y desarrollo profesional para la industria financiera. Además, fue profesora universitaria durante 30 años, ocupando cargos de docente adjunta en la cátedra de Finanzas y coordinadora académica de finanzas en la Universidad ORT. Actualmente es profesora de la cátedra de Finanzas Sustentables de la Universidad Católica del Uruguay.