Los altos precios de las demandas monopólicas

Los monopolios estatales inciden significativamente por el exceso de sus precios de los que regirían en Uruguay si se permitiera la existencia de competidores.

Edificio de ANCAP
Edificio de ANCAP.
Foto: Estefania Leal

En una nota de El País del 15 de abril, se recogieron declaraciones que realizara el Ministro de Economía Gabriel Oddone quien manifestó que “se trabaja para que productos de la canasta básica lleguen a los uruguayos de una manera más barata, no soloa los consumidores sino para los comerciantes también que, en ocasiones se enfrentan a una competencia desleal”. A lo señalado por el Ministro, se sumaron luego declaraciones más concretas del Subsecretario de Economía Martin Vallcorba citando, incluso como ejemplo,lo que ocurre con un producto concreto de lacanasta básica de los uruguayos, cuyo precio en nuestro país es sustancialmente mayor que el precio de ese producto fuera del país y que “esadiferencia de precios no obedece a aranceles o a costos de importación sino que es fruto de fallas en el mercado”.El subsecretario manifestó que “parte del proyecto de promoción de la competencia, la competitividad y la innovación —que se lanzará en breve— tiene que ver con ir corrigiendo esas fallas”.

En mi columna de hace dos semanas en Economía y Mercado, hice referencia a razones microeconómicas y macroeconómicas que elevan nuestros precios de bienes y servicios y los hacen más caros que los de similares productos del exterior. Entre las razones microeconómicas —a algunas de las cuales volveré a mencionarexclusivamente—, cité no solo a los impuestos como el IVA, con tasas del 22 y 10%, que solo con esas distorsiones tributarias —además de otras que pueden ser mayores—, elevan el verdadero valor al que llegan los productos a los distintos tipos de mercados en nuestro país. Pero también mencionaba en la columna, que entre las razones microeconómicas había otras que no se debían al sistema tributario local tanto de impuestos directos como indirectos, sino propias del funcionamiento de algunos mercados y cité, como ejemplo, que el verdadero precio de los productos en ellos se infla considerablemente pues se trata de mercados en los que no existe competencia, como los monopólicos, los oligopólicos o los de competencia imperfecta.Se trata de los mercados a los que alude Vallcorba como que tienen fallas en su funcionamiento, aseveración que no reconoce que la falla es de quienes deben oficialmente y desde hace mucho tiempo, solucionar sus equilibrios cuando el encuentro entre la oferta y la demanda es distinto al que debería ocurrir si existiese una verdadera libre competencia.

Monopolios estatales

En referencia a los monopólicos exclusivamente, se pueden citar algunos estatales como el de la importación de petróleo y refinación de combustibles por parte de Ancap, o el de UTE —electricidad—, Antel —telefonía fija e internet hogar— y OSE —agua potable—. Estos monopolios funcionan amparados en leyes que impiden la competencia, lo que les habilita de hecho y derecho a fijar precios por su actividad natural e incluso por actividades secundarias no monopólicas que realizan a pérdida, que se cubren con los resultados por los precios que cobra en su actividad monopólica. Los monopolios estatales inciden significativamente por el exceso de sus precios de los que regirían en Uruguay si se permitiera la existencia de competidores. Estos mercados no fallan, el que falla es quien permite la ausencia de competencia en ellos. Es incuestionable que si hubiese competencia privada con varios de estos monopolios, sus precios bajarían y favorecerían un mayor consumo de la población y un mayor bienestar general. Es algo que nos dice la realidad en el caso de la inexistencia de monopolio público ante la competencia de empresas privadas en telefonía celular.

El caso privado

Pero en nuestro país existen también empresas cuasi monopólicas u oligopólicas que no se deben a restricciones legales de la competencia, que son de hecho y no de derecho. Esos monopolios o cuasi monopolios en la venta de productos, bienes y servicios, no son protegidos por ley u otras formas legislativas o municipales ni de similar naturaleza, pues no se prescribe la concurrencia de competidores a sus mercados. Situaciones de empresas de ese tipo, que producen o importan productos que forman parte de la canasta básica de consumo en nuestro país con ganancias claramente por encima de la media general deberían, sin restricciones del tipo de las señaladas, atraer a competidores y los precios caerían, pero eso no ocurre específicamente para esos productos. Hay numerosos casos conocidos que basta comprobar cruzando una calle o un puente en ciudades uruguayas fronterizas con los dos vecinos mayores del Mercosur o simplemente con llamadas telefónicas a proveedores fronterizos y a empresas de transporte que traigan lo encargado. La diferencia de precios en esos casos es muy marcada y si bien se siente en general para muchos productos, es significativamente ancha en los productos cuyas marcas no pueden ser objeto de competencia pues la inhabilitan, o debido a otras normas por el estilo. Productos medicinales, de aseo personal, insumos de diversa naturaleza y otros productos por el estilo, son ejemplos de esa capacidad de operar sus mercados como únicos oferentes o compartiéndolos en entornos oligopólicos—listas de precios comunes para empresas que venden artículos similares no obstante ser distintos los proveedores—.

No hay una solución clara en el caso de estos productos. Lo que sí se puede estudiar, dado que muchos de ellos son importables de países del Mercosur, reducir o eliminar las cargas arancelarias que deben pagar los que se importen de origen diferente. De todos modos, si hay soluciones disponibles teórica o prácticamente, para crear más competencia a esos productos que se venden en mercados “cuasi monopólicos” a altos precios respecto a los de otros orígenes, se deberían aplicar.

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