Las razones de un país caro y sus perspectivas

En numerosas ocasiones, durante el mes de marzo, se ha mencionado la influencia que tiene la producción uruguaya sobre la competitividad del sistema de precios, en el que muchos de sus componentes son altos y se reflejan en un país caro. La indicación ha tenido origen en ámbitos del sector privado —empresarios, analistas y hasta periodistas—; pero también la referencia a los precios altos en nuestro país ha tenido origen oficial.

En una intervención conjunta del presidente de la República y el Ministro de Economía, se anunció que con el objetivo de reducir precios de bienes y de servicios por costos redundantes —exigencias oficiales que afectan precios al alza—, el gobierno presentará un proyecto de ley el 31 de mayo, “para mejorar la competitividad e innovación con capítulos referidos a la regulación de la competencia, al comercio exterior y a la agilización de trámites”. El objetivo según afirmación del presidente es “mejorar el clima de negocios y de inversión” reconociendo que Uruguay es visto como un “país que es lento, caro o, exagerando —dijo el primer mandatario—, con partes del Estado que dificultan las cosas en lugar de simplificar”.

Se han mencionado, por parte de la conducción económica, algunas medidas que se tomarán e incluso se han esbozado algunas para mejorar la capacidad de competencia —y los ahorros que conllevan—, pero hasta el final de mayo no se conocerá el núcleo de esas medidas que seguramente serán compartidas por quienes serán sus beneficiarios y en general por todos aquellos a quienes ellas “no afecten sus intereses”, como señalara el Ministro.

Los precios en nuestro país son altos y en consecuencia la competitividad con similares del exterior, tanto fuera del país como internamente, es baja. Esa característica se puede verificar fácilmente comparando precios de productos locales con los idénticos o similares de otros países. Se puede rápidamente tener una idea, confirmando la aseveración generalizada y aplicando el método científico. La evidencia empírica es indiscutible, pero las razones de los altos precios en Uruguay, que son varias, no se describen ni analizan en su totalidad. Solo se menciona el resultado de la existencia de esas razones, esto es, que los precios son altos. Hay razones de naturaleza microeconómica —las únicas y no las principales, a las que apunta el análisis oficial—, pero hay también una muy importante, indiscutible, que es la que surge como resultado de la combinación de políticas macroeconómicas que se lleva adelante desde hace ya tiempo.

Las causas microeconómicas se refieren a los precios que se forman en los distintos mercados tras la aplicación de la fuerte presión fiscal que ocurre en ellos. Si cualquier producto que se vende está gravado con el Impuesto al Valor Agregado al 22% o al 10% según los casos, o con otros impuestos como el Imesi, lo que ocurre es que el verdadero precio de esos productos para sus consumidores se infla considerablemente, más aún en los mercados monopólicos que hay. El precio final provoca que sea menor la cantidad que se demanda por ellos lo que, como corolario inmediato, afecta a la baja a su producción y al empleo. El precio de los combustibles en nuestro país es de los más altos del mundo, y ello se debe a la necesidad de financiar actividades improductivas —como la producción de cemento portland— y a la de recaudar para el financiamiento del sector público.

La recaudación tributaria y las que se obtienen por otras obligaciones contributivas del sector privado —como las que responden a la seguridad social—, o las que derivan de impuestos sobre las importaciones que encarecen a los productos involucrados, se vuelcan al financiamiento del gasto público, con menor efecto expansivo de la economía que si esa recaudación quedara en el sector privado. El multiplicador del gasto público —el “spill over effect”— en cualquier economía es menor que el del gasto privado. En definitiva, como señalara arriba, una de las causas de los altos precios en nuestro país y por ello también de su bajo crecimiento, es de naturaleza microeconómica, pero hay causas de ese tipo cuya eliminación tendría más altos efectos sobre la productividad y la competitividad que las causas a las que apunta la conducción económica.

El objetivo antiinflacionario desde 2022 ha tenido un resultado resaltable. La inflación es menor a la meta mandatada y la menor en setenta años. Se ha logrado por el Banco Central, con una política monetaria restrictiva a través del manejo de tasas de interés de referencia que se han mantenido por encima de otras relevantes como la de la Reserva Federal de Estados Unidos, que aumentó la demanda por dinero en Uruguay. Si el efecto favorable de esa política ha sido la inflación citada, es conocido también que su costo se ha reflejado en un aumento a nivel local, de los precios en dólares y dada la política salarial también de los salarios en dólares. El abatimiento inflacionario ha tenido, como se ha indicado a nivel empresarial, reconocido a nivel oficial y anticipado por algunos economistas, una pérdida de competitividad inocultable.

Las razones microeconómicas y macroeconómicas por las cuales los precios en nuestro país son altos en su comparación con los regionales y los de fuera de la zona, difícilmente puedan ser evitadas con las medidas que corresponderían. Es difícil que se bajen impuestos y otros pagos privados para reducir el resultado fiscal y el peso del gasto público. Es también difícil que cambie la política monetaria y la salarial para mejorar la relación de precios con el resto del mundo. Es difícil entonces, que nuestro país pase a ser más barato y como consecuencia que la actividad económica pueda crecer, excepto por eventuales circunstancias exógenas.