Lineamientos al mercado, sensaciones mixtas

Días atrás, las autoridades presentaronlos lineamientos de la política salarial, conocidos como “pautas”, y poco después una serie de propuestas tendientes a reducir costos y facilitar la competencia. Sobre las segundas, algunas requieren ley y otras decretos o resoluciones, hasta ahora lo que se puede decir es que apuntan en el sentido correcto. Habrá que esperar el resultado de la resistencia de los lobbies y la “letra final” y para evaluar la profundidad, pero es un paso importante. Algunas de las medidas, como la reducción de la tasa que cobra el LATU consiste en llevarla a lo propuesto en el Presupuesto 2020 que quedó exactamente a mitad de camino, en otros casos son “nuevas”. Esperemos que se puedan concretar.

Respecto a los lineamientos de negociación salarial, sin perjuicio de no estar exentos de ciertas propuestas adecuadas, en la “pintura global”, salvo que el crecimiento de la economía sea elevado, algo no esperado por los analistas, seguramente generen inconvenientes en materia de empleo y finalmente terminen atentando contra el propio programa de reducción de la inflación.

En la misma materia aún están pendientes dos temas sobre los cuáles no se ha tomado resolución definitiva: el cambio del decreto de ocupaciones de lugares de trabajo y la ley de reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, ambos con efectos perversos sobre quienes se pretende beneficiar. Sobre las ocupaciones, basta con observar el conflicto de la pesca para tomar dimensión de lo que en un extremo puede pasar, en tanto sobre la reducción de jornada laboral, más allá de que la productividad y su derivada, la competitividad, no se decretan, hasta donde tengo conocimiento toda la discusión omite dos aspectos relevantes: a) que las ganancias de productividad no se deben medir aisladas contra uno mismo, sino contra el resto del mundo que también las logra día a día y, b) que la medida implica un aumento del salario en su correcta medición estadística (compensación por hora), lo que de acuerdo a nuestra Constitución lleva al aumento de las pasividades. Cada 1% de aumento salarial implica poco más 0,1% del PIB (US$ 81 millones) de costo fiscal.

En un escueto análisis de las “pautas salariales” podemos separar lo que contribuye al empleo y la estabilidad de precios (“bueno”), de lo que actúa en sentido contrario (“malo”).

· Hay desindexación parcial. Fuera de la indexación solo quedarán el 6% del total de empleados, los que personalmente entiendo, a excepción de los empleados públicos, ya lo están.

· De ser necesario, el correctivo del primero de los dos años de convenio se hace por la inflación subyacente (core), tal cual se pensó cuando se definió que exista una medición oficial de este indicador a fin de evitar discusiones. Desde octubre de 2022 se publica esta medida de inflación.

· A su vez, al fin de estos primeros 12 meses, existe un margen, dentro del cual no se aplica el correctivo.

Todo lo anterior facilita el proceso de desindexación, pieza clave para sostener una inflación baja y controlada y evitar desalineamiento de costos que conduzcan a menor nivel de actividad.

· Al final del convenio (2 años) el correctivo se hace por el IPC general y no la Core como corresponde. ¿Qué sucede si justo antes sube el petróleo o por condiciones climáticas lo hacen las frutas y verduras en estado natural[1]?.

· A su vez, el correctivo no guarda simetría, una inflación menor a la esperada no corrige el salario nominal a la baja, lo que puede llevar al contrasentido que sea mejor que la inflación no baje para evitar más desempleo.

· Los aumentos se diferencian por salario y no actividad o pujanza de sectores. La remuneración de los factores de producción —el trabajo es uno de ellos— depende de la actividad y el precio relativo de los bienes y servicios del sector donde se apliquen. Así, en sectores de bienes o servicios transables, los precios se fijan en el mercado internacional donde la retribución tanto de trabajadores como de empresarios, además, depende del precio relativo de la moneda extranjera. Entonces, dividir en al menos sectores productores de bienes y servicios transables y no transables es bastante más adecuado. Del mismo modo, las diferencias entre Montevideo e Interior, y de empresas pequeñas y de mayor tamaño, deberían contemplarse. Nada de eso está presente, cosa que no es nueva, porque nunca lo estuvo.

· Detrás está la entendible preocupación por los “25 mil pesistas”, cuyo número es similar a los del 2019, medido en términos reales. Dentro de éstos más del 60% son informales o cuentapropistas, que la ECH mide por el líquido que la persona declara.

· El planteo, en cierta forma, “rompe la pirámide salarial”, lo cual es de las peores cosas que se puedan hacer para mejorar la productividad, ya que la mediocridad hace su trabajo, nadie quiere asumir responsabilidades porque “no le compensa”. De todos modos, a medio plazo eso no pasará porque o bien las empresas subsisten, o perecen y se crean otras con estructura adecuada. Entonces, salvo un crecimiento importante, se reduce el empleo que se puede sustituir mecanizando, otorgando los recursos a los cargos que más valor generan y las hacen competir.

· Si las condiciones de crecimiento no son buenas, ya vimos como sufrió el trabajo no calificado entre 2015 – 2019 cuando, con una economía que crecía muy poco, se quiso sostener el aumento del salario real, destruyéndose más de 50.000 empleos sin lograr el propósito.

Para finalizar, nadie discute las buenas intenciones ni lo deseable que efectivamente se consiga lo buscado, pero tengamos claro, el salario real no se decreta y, si las cosas se complican, la presión política hará que la inflación “haga su trabajo” para moderar la recesión. El dilema de la ratificación monetaria de aumento de costos se hace presente.

[1] En sentido contrario en los últimos 12 meses, éstas bajaron 12,3%.