Las personas en situación de calle en Uruguay

No se trata solo de la falta de techo, sino a una combinación de factores estructurales y personales: pobreza extrema, baja educación, empleo informal, falta de acceso a vivienda, consumo problemático, enfermedad mental, antecedentes penales y debilitamiento de lazos familiares.

Una persona duerme en la calle.
Una persona duerme en la calle
Foto: archivo El País.

Diego Aboal

En una madrugada fría de 2023 recorríamos la ciudad en el marco del censo de personas en situación de calle. En una vereda encontramos a un hombre de cerca de cuarenta años, tapado con mantas, con una mochila y una bolsa a un costado. Nos acercamos para ofrecerle algo caliente para tomar y algo para comer, y así empezó una conversación breve. Contó que trabajaba de cuidacoches cuando podía, que primero había entrado en el consumo y que después fue perdiendo el vínculo con su familia. Entre el paso por la cárcel, los problemas de salud mental y el tiempo en la calle, todo se había ido haciendo cada vez más difícil. Hablaba poco, sin demasiados detalles, como quien resume una historia larga. Cuando le preguntamos qué precisaba para salir, respondió: “solo es difícil”.

Uruguay ha registrado un aumento sostenido de la población en situación de calle en las últimas dos décadas. Aunque el primer relevamiento oficial fue en 2006, la tendencia entre 2006 y 2026 ha sido claramente ascendente. En 2006 se identificaron en Montevideo más de 700 personas viviendo en la calle o en refugios; en 2011 la cifra superaba las 1.000 personas en Montevideo y llegaba a casi 1.300 en todo el país, lo que implicó un aumento cercano al 40% respecto a 2006. En los últimos 10 años la tendencia se profundizó: en 2016 Montevideo registró 1.393 personas en situación de calle, en 2019 fueron 1.745 y en 2023 ascendieron a 2.757. En menos de 20 años, la población en calle en la capital se multiplicó por 4.

A nivel nacional, en 2023 Uruguay realizó su primer censo con cobertura en todo el territorio. Los resultados preliminares señalaron 3.504 personas en situación de calle, de las cuales casi 8 de cada 10 estaban en Montevideo. El fenómeno presenta un perfil relativamente definido: predominan los varones adultos, con baja escolaridad, inserción laboral informal y precaria, alta prevalencia de adicciones, antecedentes carcelarios y problemas de salud mental. También son frecuentes la ruptura de vínculos familiares y trayectorias prolongadas de exclusión: 43% identifica la ruptura de redes familiares como detonante principal y más de la mitad tuvo su primera experiencia de calle a edades tempranas. Esto muestra que el sinhogarismo no responde solo a la falta de techo, sino a una combinación de factores estructurales y personales: pobreza extrema, baja educación, empleo informal, falta de acceso a vivienda, consumo problemático, enfermedad mental, antecedentes penales y debilitamiento de los lazos familiares.

En términos sociodemográficos, según el censo 2023 en Montevideo, 89,2% de la población en situación de calle son hombres, 9,1% mujeres y una pequeña proporción corresponde a personas trans. La edad media es de 39 años. El 97% nació en Uruguay, aunque se observa un leve aumento de población migrante. También existe una sobrerrepresentación de personas afrodescendientes: 29%, frente a 11% en la población general.

En educación, alrededor del 42% alcanzó como máximo la primaria y otro 40% llegó hasta ciclo básico. Esta baja escolaridad limita sus oportunidades laborales. Aunque dos de cada tres personas en situación de calle trabajan, casi siempre lo hacen de manera informal, y 45% busca empleo. Predominan ocupaciones como cuidacoches, venta ambulante y otras changas. La informalidad y los ingresos muy bajos dificultan sostener una vivienda y salir de la calle.

Uno de los rasgos más críticos del fenómeno es el consumo problemático de sustancias. El 92% consume alguna sustancia psicoactiva con regularidad. En los últimos años la pasta base desplazó al alcohol como principal sustancia mencionada: en 2023, 77% declaró consumir pasta base al menos ocasionalmente, mientras que 53% consumía alcohol. Además, el consumo diario pasó de 60% en 2016 a 72% en 2023, lo que evidencia un agravamiento del problema. Sin embargo, solo 4% de quienes consumen estaba en tratamiento al momento del relevamiento, aunque cuatro de cada diez habían pasado alguna vez por centros de rehabilitación o programas de tratamiento.

También existe una fuerte relación entre situación de calle, encierro institucional y salud mental. En 2023, 53% declaró haber estado preso alguna vez y 10% estuvo internado en INISA por conflicto con la ley. Ya en 2019 se documentaba que 82% había pasado por instituciones de encierro, como cárceles, hospitales psiquiátricos o sistemas de protección. Esto confirma el peso del “perfil de liberado”: muchas personas egresan de prisión sin redes de apoyo ni estrategias de reinserción y terminan en la calle. A su vez, 20% declaró haber estado internado en una institución de salud mental. Los trastornos psiquiátricos, muchas veces combinados con consumo problemático, dificultan sostener vivienda y empleo, mientras que la vida en la calle agrava esas condiciones.

En cuanto a políticas públicas, Uruguay ha pasado de respuestas de emergencia a enfoques más integrales, aunque con resultados limitados. El MIDES desarrolla refugios nocturnos, equipos móviles, centros diurnos, apoyos alimentarios y económicos. También surgieron iniciativas como “Viviendas con Apoyo”, inspiradas en el modelo Housing First, que combina vivienda permanente con acompañamiento profesional. Sin embargo, el aumento sostenido de personas en calle muestra que la respuesta actual no logra revertir causas estructurales como la falta de vivienda accesible, las adicciones, el egreso carcelario sin reinserción y la insuficiente atención en salud mental.

A nivel internacional, Dinamarca ha logrado reducir el sinhogarismo mediante un enfoque de bienestar social universal y la aplicación de Housing First, priorizando el acceso inmediato a vivienda permanente con apoyos intensivos en salud mental, adicciones e inclusión laboral, con altas tasas de retención habitacional. En la misma línea, evidencia reciente de Los Ángeles muestra que el acceso rápido a vivienda reduce la reincidencia en el sinhogarismo, la delincuencia y la dependencia de ayudas de emergencia. Estas experiencias refuerzan la necesidad de priorizar la vivienda como base para la reintegración social.

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