La evidencia es la que da la verdad

Por Jorge Caumont
Antiguamente la relación entre el hombre y la verdad se entendía como algo puramente intelectual y aunque en la vida afectiva de una persona no toda afirmación es sustentada tras un proceso racional, había resistencia a llamar verdad a cualquier afirmación que no tuviera ese respaldo. Más adelante en el tiempo, discrepando con ese enfoque y con esa instalada creencia, el matemático Blaise Pascal se planteaba un sentido no puramente intelectual de la verdad y concluía que hay razones del corazón que la razón no entiende. Adam Smith –el padre de la Economía- fue más allá en la “Riqueza de las Naciones” y en “Teoría de los Sentimientos Morales” al indicar que la verdad es una adecuación –conjunción- del pensamiento con la realidad. Como todo economista sabe y reconoce desde Adam Smith, una verdad económica es tal cuando una aseveración fruto de un proceso racional, es comprobable a través de la evidencia empírica, es decir, cuando es ratificada por la realidad. Si esa prueba no valida la afirmación, si la realidad no ratifica la aseveración que puede hasta emerger de un razonamiento que puede ser adecuado, entonces la afirmación pasa a ser simplemente un deseo o, eventualmente, una conclusión normativa.

Recogiendo lo señalado por Smith, Milton Friedman fue algo más allá y propuso para llegar a conclusiones verdaderas a partir del análisis económico, el “método científico”, es decir, emplear siempre en teoría económica la prueba de lo que se expresa. Distinguió entonces entre economía positiva –la que resulta de la ratificación empírica de lo que se expresa, de una propuesta o de una afirmación-, y economía normativa –lo que la evidencia real no ratifica-.

Lo anterior viene a cuento por la insistencia que desde hace un tiempo observamos de parte de ciertos grupos políticos y sindicales que se oponen a decisiones y medidas de la actual conducción económica señalando consecuencias adversas de ellas que luego, tras su implementación, no ocurren, no se verifican realmente.

Por no ir más lejos, en los últimos cinco años hemos observado anticipos de consecuencias de ciertas decisiones económicas que no han sido luego ratificadas por la realidad. Algunas de esas consecuencias se anticipan por ignorancia y otras debido a intereses o fines políticos o de otra naturaleza. Y digo cinco años para abarcar un lapso en el que se registran dos tipos distintos de administración económica: la del gobierno actual y la de la coalición política anterior, la que hoy es oposición.

En 2018 se propusieron cambios tributarios aseverando que con ellos no se afectaría ni al consumo ni a la inversión privada y que mejorarían el resultado fiscal. Se puede comprobar analizando lo ocurrido con esos dos objetivos en 2019 y hasta febrero de 2020, que la realidad no mostró que se cumplieran los resultados que se aseverara que se lograrían. Por otra parte, no obstante las reiteradas críticas de la oposición política actual a las medidas decididas para lograr objetivos similares a los que se buscaban en 2018 y pese a los numerosos factores exógenos que se han presentado en los últimos tres años y que han afectado adversamente al manejo económico, la evidencia empírica muestra que las medidas que se tomaran y anunciaran -muy distintas a las de 2018- para mejorar el consumo y la inversión y al resultado fiscal vienen siendo eficaces para lograr los objetivos. En un caso y en el otro el método científico ha brindado resultados categóricos: no ratificó al primero y sí al segundo. Es posible afirmar, entonces, que es mejor la preparación académica y profesional de los conductores en el segundo de los casos que en el primero por sus propuestas que traen beneficio que la realidad demuestra para la población nacional o que, si no es esa la razón, puede ocurrir que la oposición a las medidas sea por razones de otra naturaleza, probablemente políticas.

En los últimos tres años ha habido una oposición constante de la coalición de izquierda al manejo de la economía por la conducción actual y a las medidas para lograr un crecimiento permanente en beneficio de los consumidores y de los inversores. Ejemplos de esa postura antagónica son abundantes como viene siendo el caso, hoy, de la reforma jubilatoria –pero no solo en materia económica es la oposición-. Un buen ejemplo que ilustra cabalmente, es la postura contraria a la Ley de Urgente Consideración que iba mucho más allá de una oposición solamente a su contenido con consecuencias económicas. Finalmente, pese a la agresiva campaña de la coalición opositora al gobierno, que anticipaba consecuencias que serían “catastróficas” para los uruguayos, en marzo del año pasado el referéndum convocado mantuvo la vigencia de la ley. Es hoy un buen momento entonces, a casi un año de su definitiva aplicación, para que de algún ámbito gubernamental se comuniquen a la sociedad uruguaya los resultados económicos -aunque también importan los de otra naturaleza-, que ha tenido la ratificación de la ley. Mostrar, con esa evaluación si los resultados han sido beneficiosos para la población o si, por el contrario, la realidad, la evidencia empírica muestra que la oposición a la vigencia de la ley tenía validez pues su aplicación ha tenido efectos adversos, muy malos y en algunos casos “catastróficos” para la población como pregonaban sus opositores.