La Asociación Uruguaya de Fútbol está de fiesta, por ahora...

Hay un problema grande para la AUF, derivado del llamado: para evitar una guerra de precios entre cable y streaming y que una de las partes “se funda”, se plantea la posibilidad de regular la competencia entre los ganadores de los dos paquetes.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, en conferencia de prensa por los derechos de televisación del fútbol uruguayo.
Ignacio Alonso, presidente de la AUF, en conferencia de prensa por los derechos de televisación del fútbol uruguayo.
Foto: Juan Pablo Romero.

Juan Dubra, columnista invitado.

La licitación de la AUF por los derechos del fútbolha acaparado la atención pública desde principios de año. No sólo en las secciones deportivas, sino en primeras páginas como tema de interés general. Es atrapante, pues tiene varios ángulos de poder y económicos interesantes (he trabajado académicamente en temas de remates, por ejemplo, y me divierte).

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales presentó una denuncia contra Tenfield ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en donde pedía muchas cosas. Entre ellas, se encontraba que la Comisión obligara a la AUF a vender "todo" (streaming, cable, merchandising, etc. por separado). Supuestamente, esto era lo mejor para la AUF y el fútbol uruguayo. La empresa Tenfield pidió mi asesoramiento en este tema en concreto por mi trabajo previo en temas de competencia; ese trabajo terminó; esta columna es a título personal.

Había dos problemas con el argumento de la Mutual: en primer lugar, si era bueno para la AUF, no habría razón para forzarla a vender por separado. Pero en segundo lugar, y más importante, vender por separado seguramente fuera peor para la AUF. El argumento es sencillo, y se lo dijo una de las personas más lúcidas de nuestro fútbol a la AUF. El 2 de setiembre de este año, José Luis Palma (presidente de Liverpool) les dijo en una audiencia transmitida por TV, que si vendían el streaming y el cable por separado, iban a ganar mucho menos que vendiéndolo junto, porque si el streaming lo ganaba (por ejemplo) Disney, y el cable DirecTV, iban a tener una guerra de precios (“canibalizarse”, dijo) para ganar suscriptores. Sabiendo eso de antemano, no iban a querer pagar mucho por cada paquete.

Por el motivo que sea, la AUF licitó por separado los paquetes, y hoy las ofertas por el cable están en el orden de los US$ 28 millones, y las del streaming en US$ 18 millones. Obviamente con esos números está todo el mundo muy contento en la AUF y los clubes. Pero hay un problema; uno grande.

El miércoles 26/11, alrededor de las 8:45 de la mañana en el Espectador reportaban que el ejecutivo de la AUF estaba preocupado por que hubiera una guerra de precios, y el streaming o el cable se fundieran, y no pudieran pagar lo ofertado (“un problemón” decían). Específicamente, querían regular la competencia entre los ganadores de los dos paquetes. Se me atragantó el pan con grasa. Ahondaron sobre la conformación de una comisión con Eduardo Ache y abogados para ver cómo podían hacer para que los ganadores coordinaran precios. Estas ideas las han seguido repitiendo Ache o Javier de León en Vamos que Vamos en el Espectador.

En los papeles, la licitación prácticamente dice que la AUF puede fijar los precios a los que los ganadores venden el fútbol. Los pliegos, que son públicos, tienen una cantidad de provisiones bajo las cuales los ganadores deben someter sus contratos a la AUF para su aprobación. Entonces, por ejemplo, si Disney quiere cobrar (por ejemplo) $ 10 por usuario, pero a los cables les parece demasiado barato y se quejan, entonces la AUF puede decir “che, suban eso.”

Quizás algún lector atento recuerde que hubo una consulta (en la Comisión de Defensa de la Competencia) que involucraba al Estado uruguayo porque se había anunciado una coordinación para bajar los precios de la carne y los huevos. La consulta fue presentada por un economista que se sorprendió, pues coordinar precios es ilegal en Uruguay; en ese caso las averiguaciones terminaron en que no se había coordinado, y no pasó nada. Pero es ilegal.

Nuestra ley de Defensa de la Competencia (ley 18.159) se modificó en 2019 y dice ahora (artículo 4-bis) que “Las prácticas, conductas o recomendaciones concertadas entre competidores que se enumeran a continuación, se declaran expresamente prohibidas: establecer, de forma directa o indirecta, precios u otras condiciones comerciales o de servicio.”

Aparentemente, entonces, la AUF querría adecuar precios, y eso sería coordinar indirectamente precios entre competidores. Sin ponernos a hilar muy fino, lo que quiere la AUF (según el programa que escuché) es exactamente lo que la ley quiere prohibir: no quiere que haya competencia de precios y quiere ayudar a coordinar los precios para que no bajen demasiado. Analistas locales han dicho que la AUF no quiere que haya “dumping” de precios entre formas de transmitir.

Un problema que tiene nuestro sistema legal es que es muy difícil probar casos de coordinación de precios entre competidores (en economía se llama colusión). La razón es que se precisan pruebas de comunicación entre las partes y los tiempos y estándares que exigen los jueces para proceder con las pesquisas, lo hacen prácticamente inviable para la Comisión.

Entonces, si siguen esas cláusulas que permiten a la AUF coordinar los precios, la AUF tendrá los incentivos y las herramientas para hacerlo. Y a la Comisión se le haría difícil detenerlo.

Quizás al lector no le parezca raro que la AUF pueda fijar precios monopólicos a los adjudicatarios, para que no compitan (se llama “Mantenimiento de precios de Reventa”, y es anti competitivo en este contexto con un monopolio como proveedor). Pero en cualquier otro mercado (privado) posiblemente sería un escándalo.

¿Qué salidas hay?

Una posibilidad es que la Comisión (la verdadera, la de Promocion y Defensa de la Competencia a quien nuestra ley otorgo estas facultades de control, no la de la AUF, obviamente), elimine esas cláusulas. Tiene la potestad de hacerlo, y haría más difícil la colusión o coordinación. Haría más factible la competencia entre los adjudicatarios, y que bajaran los precios a los distribuidores. A su vez, evitaría que los precios al público fueran excesivamente altos. A simple vista, parecería que (actuando legalmente, y si las firmas no pensaban coordinar vía AUF) nadie se perjudicaría: a los ganadores se les da más libertad, y la AUF cobrará lo que ofrecieron los ganadores. De hecho, eso parece la solución correcta.

Pero probablemente la Comisión, o el MEF (del cual depende), recibirán mucha presión de la AUF y de los ganadores de las licitaciones. La AUF porque corre riesgo de que en una guerra de precios alguno de los adjudicatarios se funda, y no pueda pagar lo pactado. Y posiblemente la presión mayor sea la del adjudicatario de la señal para cable porque, si Uruguay sigue la tendencia de todo el mundo, en una guerra de precios probablemente pierdan los cables.

Por la piratería (un problema real) o por el streaming, los usuarios de cable bajaron de 733 mil en 2018 a unos 406 mil a mediados de este año, con una tasa acumulada anual de caída de 8%, y acelerándose (en los últimos dos años fue de -10% y -15%). En comparaciones internacionales, estos números son todavía grandes. La televisión lineal (prendés, y está lo que está, como en el cable o la TV abierta) está en franca caída en todo el mundo: la gente quiere ver las cosas cuando tiene ganas, y quiere poder pausarlo, como en el streaming. Sólo a modo de ejemplo, entre el 2018 y 2024 (pocos años y todo muy reciente), el porcentaje de norteamericanos que dijo que prefería ver las noticias en sitios web o plataformas (antes que en la tele) pasó de 37% a 48%.

En nuestro país, con la buena conectividad a internet que hay, probablemente los cables pierdan en una guerra de precios. Hay tres razones: por un lado, la infraestructura de los cables es más cara de mantener que la de streaming; por otro, el precio que pagarán los cables es US$ 10 millones más alto; finalmente, el mundo se está mudando al streaming, y una guerra de precios puede acelerar ese proceso.

No sé si hay una solución fácil. Pero la Comisión debería revisar rápido esas cláusulas antes de que se firmen los contratos; y en todo caso evitar que la AUF actúe como coordinadora de precios. Porque por más que dejarlas permita mantener la ilusión de los “50 millones para el fútbol”, sería a costa de la normativa actual. Viendo este desarrollo, y aunque no importa mucho, me queda la pregunta si la AUF no se dio cuenta antes, o si pensó que podría regular la competencia asistiendo en la coordinación de precios.

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