Hablemos de los precios de los combustibles

Alguien me decía el otro día que los precios de los combustibles no importan demasiado a la sociedad, dada la escasa ponderación que tienen en la canasta familiar (4,9% entre nafta, gasoil y super gas), por lo que su excesivo tratamiento público (en medios y redes) sería más una cosa de los políticos que de la gente. Sin embargo, creo que el interés de mucha gente en el tema va más allá de eso porque, siendo notoriamente caros, se los asocia con ineficiencia estatal, una forma encubierta de cobrar impuestos y cosas por el estilo.

Después de mucho tiempo sin registrar aumentos significativos, tanto en abril como en mayo hubo aumentos de porte poco habitual, obviamente, de la mano del aumento de los precios internacionales debido a la guerra en Oriente Medio. Así, los tres combustibles referidos tuvieron aumentos de 7% desde el inicio de abril y de 7% y 14% (éste, en el caso del gasoil) desde el 1° de mayo.

Dichos aumentos resultaron más que justificados y son inferiores a los que se han dispuesto en el mundo. De hecho, en los tres casos pudieron ser mayores si se toman en cuenta los respectivos precios de paridad de importación (PPI). La súper podía haber subido otro 2,4%, el gasoil un 20,6% más y el super gas un 10,8% adicional. Pero, como es habitual en nuestro país, el acompasamiento de los precios locales a los mundiales se da con cierta gradualidad, amortiguadamente.

Cabe poner énfasis en el hecho de que los precios locales referidos tienen como referencia a los respectivos precios mundiales de los refinados y no al precio del petróleo, que es la referencia más popular e intuitiva. De todos modos, la variación registrada en el precio del crudo desde la víspera de la guerra, cuando el Brent estaba en US$ 72,50, es tan elocuente como las de los refinados.

En la noche del 30 de abril, cuando ya se habían dado a conocer los nuevos precios, publiqué el siguiente post en la red social X: “Viendo algunas reacciones al aumento de los combustibles uno se pregunta si saben que hay una guerra por la que subió considerablemente el precio internacional de los combustibles. ¿Son o se hacen?”.
Previsiblemente, llovieron comentarios, respuestas e insultos de todo calibre. Dejando de lado estos últimos, me voy a referir a algunos de los apuntes a que dio lugar mi reflexión, en los que vale la pena detenerse.

Uno, se refiere a algo que a esta altura es una leyenda urbana: que en el año pasado se aprovechó a hacer caja por varias decenas de millones de dólares y que ahora no se actúa con simetría, si bien ya vimos que se han ido dando aumentos inferiores a los que surgen de las fórmulas oficiales, con el consiguiente costo fiscal. Pero no es cierto que en el año pasado se utilizara el acopio de caja en Ancap con un propósito fiscal. De acuerdo con los números que cada fin de mes publica el MEF para cada empresa estatal, en el año 2025 Ancap acumuló caja por US$ 41 millones (deducida, evidentemente, la caja que generó la reducción de stocks, que es transitoria). En el año 2024, esa cifra había sido negativa en US$ 115 millones, por lo que en todo caso se restableció una situación más saludable. Y 41 millones representan apenas el 1,2% de los ingresos de la empresa y 0,05% del PIB, lo que resulta insignificante.

Dos, hay quienes sostienen que como los combustibles son muy caros, en casos como estos deberían reducirse los impuestos para que se traslade menos al consumo y la producción. Lo que parece que no se sabe es que el Estado no es “socio” de los exportadores de petróleo dado que, desde hace años, el Imesi es de suma fija y se ajusta anualmente por IPC. La mayor parte de los impuestos no están “acollarados” con el precio del petróleo o sus derivados. Por lo que no existe tal posibilidad, salvo que se decida perder recaudación, lo que no sería aconsejable dadas las malas circunstancias fiscales.

Sí hay otros costos a los que se le podría hincar el diente: los costos de comercialización, de casi 13 pesos en los 88,03 que cuesta la súper, de casi 10 en los 57,72 que cuesta el gasoil y de casi 42,50 (¡!) en los 101,26 que cuesta el kilo de super gas.

Además, los precios de los combustibles cargan con pérdidas de Ancap en áreas tales como el cemento y el biodiesel, y el del gasoil tiene en la mochila una carga de tres pesos que no debería tener.

En todo caso, los esfuerzos de las autoridades deben orientarse a abatir este tipo de costos. El gobierno pasado se planteó reducir los costos de comercialización y después reculó y en el actual nada se ha oído al respecto.

Por último, es obvio que, al llevar cualquier precio en Uruguay a términos de dólares, se sale perdidoso en la comparación con los de otros países de la región. Pero esto excede a los combustibles y es regla para todo precio, dado que el único que está barato, aquí y ahora, es el dólar. Así, por ejemplo, tenemos desde el mayor precio de una hamburguesa hasta el mayor salario presidencial, al expresar los precios en dólares y compararlos con los de otros países del área.

Tres, hay quienes sostienen que la solución sería la desmonopolización de la importación de combustibles, pero cuando se conocieron indicadores de la refinería, no fue obvio que hubiera excesos. Debe tenerse en cuenta, además, que, si se desmonopolizara y cualquiera pudiera importar combustibles, no podría exonerársele de los gravámenes con los que carga Ancap y que son ajenos a ella, porque no sería justo. Hay sobrecostos de la empresa que no son “empresariales” sino producto de decisiones políticas de otro nivel, como seguir produciendo cemento, vendiendo super gas a pérdida y subsidiando a Bella Unión. En este caso se usa a Ancap como ministerio de desarrollo social o algo por el estilo y en realidad, por medio del Presupuesto debería reembolsársele esas partidas, lo que daría lugar a una rebaja en los precios de los combustibles… pero que debería ser financiada por un impuesto nacional. En todo caso, sería más transparente.

En fin, algunos apuntes para ayudar a entender un tema del que se habla mucho y muy mal.