La vivienda en América Latina y el Caribe no representa solamente un techo. Es un ordenador social, un derecho humano y el punto de partida para la construcción de oportunidades. Pero, a la vez, se constituye como espejo de los desafíos que todavía enfrentamos como región.
El Anuario de la Vivienda 2026, elaborado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe en conjunto con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, lo confirma con datos. Alrededor del 20% de los hogares urbanos presenta carencias habitacionales severas. Y la informalidad laboral agrava el escenario con el 50% de la población trabajando bajo condiciones de precariedad, lo que repercute directamente en la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios formales, y se suma a la crisis global de alquileres y las dificultades de acceso a suelo urbanizado.
La agenda de trabajo en ese campo es enorme y requiere una mirada multidimensional que abarque el fenómeno desde todas sus aristas. En primer lugar, es fundamental revisar los marcos normativos de uso del suelo para habilitar soluciones graduales y asequibles. La región ya cuenta con experiencias que demuestran que esto es posible. En Uruguay, con el apoyo de programas como la iniciativa Más Barrio de CAF, se está llevando adelante una serie de estrategias de desarrollo urbano y mejoramiento habitacional en 21 zonas prioritarias del país, que benefician de manera directa a cerca de 70 mil personas. Además, en Colombia los procesos de mejoramiento integral de barrios de Medellín demostraron que intervenir con infraestructura, espacios públicos sostenibles y participación comunitaria transforma no solo el hábitat sino también la cohesión social.
En segundo lugar, es importante que los sistemas financieros de la región promuevan nuevos modelos de evaluación de riesgo e incorporen variables alternativas al salario formal, como pueden ser los historiales de pagos de servicios o el comportamiento financiero digital. De la misma forma, el avance del open banking y la digitalización de pagos son herramientas concretas que permiten ampliar el acceso de cada vez más personas al sistema formal de financiamiento.
Y, en tercer lugar, la incorporación de criterios de sostenibilidad en las políticas habitacionales ha demostrado su efectividad en varios países.
Integrar estándares de eficiencia energética no solo responde a compromisos climáticos internacionales, sino que genera beneficios concretos para los hogares de menores ingresos al reducir sus gastos en servicios. Por eso, avanzar hacia marcos que articulen estas iniciativas de manera sistemática representa una oportunidad real para que la política habitacional y la agenda ambiental se refuercen mutuamente. En ese campo, CAF aprobó a fines de 2025 una línea de crédito contingente para Uruguay por 300 millones de dólares, que funciona como instrumento de financiamiento ante eventos climáticos extremos en todo el territorio nacional.
La clave para esos campos está en que los sistemas financieros, los gobiernos y las comunidades dejen de verse como actores separados y empiecen a construir respuestas integradas para la creación de viviendas en todo el territorio. El suelo, el crédito, la planificación urbana y la política habitacional no son compartimentos estancos, sino la condición de posibilidad para avanzar en más derechos para la ciudadanía.
- El autor, Christian Asinelli, es vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.