Mucho se ha escrito y hablado sobre el escenario macro del Presupuesto, los cambios en el marco fiscal, los ajustes tributarios, los riesgos sobre las finanzas públicas y otros temas relacionados. Sin embargo, poco énfasis ha habido en las señales para el clima de negocios, la inversión en factores productivos y el crecimiento económico del enfoque presupuestario y la renovada reivindicación impositiva.
Para dimensionar todo eso, es necesario focalizarse en la interacción de ciertos grupos de interés con el Estado, la predisposición del gobierno a responder a sus demandas y la consiguiente posible dinámica fiscal para los próximos años, en el contexto de fragilidad de las finanzas públicas.
De partida, el gobierno del presidente Yamandú Orsi es percibido desde algunos partidos políticos del Frente Amplio, el PIT-CNT y los movimientos sociales como vehículo para cumplir con demandas que supuestamente fueron postergadas durante los últimos años.
A su vez, durante este primer año, ya hubo ciertos reclamos que permearon en el gobierno y terminaron canalizados a través de mayores gastos, subsidios estatales o renuncias impositivas, regresivos en su mayoría. Ejemplos en esa dirección fueron el salvataje de la Caja Profesional, las compras de tierras por parte de Colonización, los pedidos de más recursos desde gobiernos departamentales y las medidas de apoyo a las economías de frontera.
Parece, por lo tanto, que tendremos crecientes demandas sociales y mayor predisposición del gobierno (y del sistema político en general) a contemplarlas.
Es evidente que esa interrelación, combinada con las modificaciones en la regla fiscal, los riesgos de sobreestimación de ingresos y la reincorporación de la opción de ajustes tributarios, condicionará la dinámica de las finanzas públicas de los próximos años e indirectamente de la actividad económica. A su vez, todo eso podría transformarse en un círculo vicioso de peor recaudación, más presión impositiva y menor crecimiento del PIB.
Vayamos partes.
Primero, sin el pilar de la regla fiscal que acotaba la expansión del gasto al crecimiento del PIB potencial, el gobierno tiene menos capacidad aún de contener las presiones sociales.
Segundo, la fragilidad de las finanzas públicas podría acrecentarse si la recaudación está sobreestimada por supuestos optimistas para el crecimiento económico, la reducción de la evasión y el rendimiento de los ajustes tributarios.
En consecuencia, la perspectiva de mayores gastos con decepción de ingresos hace pensar que los ajustes tributarios no quedarán circunscritos a los contemplados en este proyecto de Ley de Presupuesto. Podrían venir más en los próximos años. Si la puerta de ajustes impositivos se abrió, no necesariamente se cerrará en 2025.
Por supuesto que ese potencial escenario podría tener efectos negativos inmediatos en el clima de negocios, la inversión, el mercado laboral y el crecimiento económico.
Lamentablemente Uruguay carece de buenos indicadores mensuales de expectativas empresariales sobre la actividad y factores productivos (inversión en capital físico y contratación de trabajadores) como tienen otros países. Aguardemos qué sugieren para 2026 las clásicas encuestas anuales de algunos medios de comunicación o consultoras.
Pero algunas señales ya son desfavorables. Mientras el sondeo empresarial de Exante mostró en abril un significativo deterioro en el clima de negocios, la última encuesta anual de la Cámara de Industrias reveló muy malas perspectivas para la inversión.
A eso se suma evidencia anecdótica y declaraciones empresariales tras ciertos conflictos sindicales recientes y algunas medidas contempladas en el Presupuesto, como el levantamiento parcial del secreto bancario para fiscalizaciones de la DGI, la introducción del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, los consiguientes ajustes tributarios para empresas en zonas francas, cambios en el régimen de Tax Holiday y la extensión del IRPF a las ganancias de capital en el exterior. Aún no está claro cómo terminarán legisladas varias de esas modificaciones, pero la base esperada y la reapertura de la puerta impositiva son suficientes riesgos e incertidumbres para considerarlos ya en las decisiones económicas.
Para “el despegue” de su crecimiento económico, Uruguay necesita a la larga un aumento sostenido de la productividad, pero sobre todo un boom de inversión en lo inmediato. Las expectativas empresariales actuales y esperadas parecen descartarlo. Menos aún en el contexto de bajas rentabilidades, ausencia de grandes proyectos y altas tasas de interés globales. Menos aún con el riesgo del círculo vicioso de crecientes fragilidades fiscales, necesidades de ajustes tributarios adicionales, deterioro de la actividad, decepción en la recaudación y así sucesivamente.
Sería un círculo vicioso que podría interrumpir ya sea una gran bonanza externa o una gran austeridad del gasto público. Ni lo uno ni lo otro parecen muy probables.