El riesgo fiscal detrás del optimismo en 2026

Las cuentas públicas de 2026 descansan sobre una hipótesis decisiva: que la economía crecerá al ritmo previsto en la Ley de Presupuesto. Puede parecer un supuesto técnico más. No lo es. En un esquema donde el gasto no se reduce y la trayectoria fiscal depende críticamente del dinamismo del producto, el crecimiento no es una variable macroeconómica adicional: es el pilar que sostiene el programa financiero proyectado.

El Ministerio de Economía y Finanzas estima para 2026 un crecimiento real del PIB de 2,2%. Sin embargo, la mediana de las proyecciones de los analistas que integran el Comité de Expertos (un órgano técnico e independiente asesor del Ministerio de Economía y Finanzas), se ubica en 1,8%. La diferencia puede parecer acotada —apenas cuatro décimas—, pero cuando el resultado fiscal descansa sobre el comportamiento del denominador, incluso variaciones pequeñas pueden tener consecuencias significativas.

El viernes pasado el Ministerio de Economía y Finanzas presentó el resultado fiscal estructural correspondiente a 2025, que se ubicó en -3,9% del PIB. En términos estructurales, las cuentas públicas cerraron en línea con lo proyectado y en una situación muy similar a la observada en 2024 (-4% utilizando la nueva metodología de cálculo del Resultado Fiscal Estructural). Esto sugiere que, hasta el momento, el resultado fiscal no mostró desvíos significativos respecto a lo planificado. Sin embargo, los ingresos del Gobierno Central-BPS se ubicaron por debajo de lo previsto, lo que implicó que los egresos se contuvieron y cerraron por debajo de la proyección oficial, a los efectos de cumplir con el objetivo trazado. Precisamente por eso, la discusión relevante no está en el cierre reciente, sino en la robustez de los supuestos que sostienen el programa financiero hacia 2026. Cuando la convergencia fiscal descansa casi exclusivamente en la expansión del producto, el margen de error se traslada inevitablemente al año siguiente.

El segundo elemento central es la estrategia de gasto. El Presupuesto no plantea una reducción del gasto público en términos del PIB. Por el contrario, la senda implícita supone mantener su peso relativo estable. Esa definición puede ser defendible desde distintos ángulos, pero vuelve al equilibrio fiscal altamente dependiente del crecimiento nominal del producto.

Si el PIB nominal termina expandiéndose menos de lo proyectado —ya sea por menor crecimiento real o por un deflactor inferior al previsto— los ingresos fiscales también crecerán menos. En particular, si se asume que la recaudación de la DGI evoluciona en línea con el PIB nominal y que los ingresos del BPS lo hacen con la masa salarial (salarios y empleo), un escenario de menor dinamismo económico implica, casi mecánicamente, menor recaudación efectiva.

Un ejercicio simple de estática comparativa permite dimensionar el riesgo. Bajo un crecimiento real del PIB de 1,8% en lugar de 2,2%, una inflación de 3,7% (mediana de la proyección del Comité de Expertos) y manteniendo el deflactor implícito del PIB proyectado por el MEF, el crecimiento nominal del producto sería menor al previsto oficialmente.

Manteniendo intacto el gasto nominal presupuestado y proyectando los ingresos según la evolución de la actividad y la masa salarial, el resultado fiscal podría deteriorarse en el entorno de 0,5% del PIB respecto a lo proyectado. En ese escenario, el déficit fiscal del Gobierno Central - BPS de 2026 se ubicaría en entorno del 4,5% del PIB.

No se trata de un escenario extremo ni de un shock extraordinario. Se trata de un desvío moderado en las hipótesis de crecimiento e inflación, como ya ha sucedido en el pasado. La relevancia del ejercicio no está en la precisión decimal del número, sino en la dirección del riesgo: bajo una estrategia donde el gasto nominal está fijado presupuestalmente y no existe un mecanismo automático de corrección ante un menor crecimiento, el equilibrio fiscal queda expuesto casi por completo al desempeño del PIB.

El potencial deterioro no es inevitable. Existen al menos tres caminos posibles para reducir el riesgo. El primero es adoptar supuestos macroeconómicos más conservadores, de modo que la meta fiscal no dependa de un escenario particularmente favorable. El segundo es acompañar la proyección con un manejo más restrictivo del gasto, generando márgenes de corrección ante eventuales desvíos en la actividad. El tercero es confiar en una dinámica de recaudación superior a la prevista, aunque esa alternativa vuelve a depender, en última instancia, del mismo supuesto de crecimiento que hoy está en discusión. La diferencia entre una estrategia prudente y una estrategia optimista radica precisamente en cuál de estos caminos se elige.

Un déficit mayor no es un problema meramente contable. Implica mayor necesidad de financiamiento, mayor acumulación de deuda y menor margen de maniobra ante shocks externos. En un entorno internacional todavía incierto y con condiciones financieras menos holgadas que en la década pasada, ese margen importa.

La discusión fiscal de 2026 no debería centrarse únicamente en la meta anunciada, sino en la robustez de los supuestos que la sostienen. La prudencia no consiste en asumir el escenario más favorable, sino en diseñar la política pública de modo que resista uno menos benigno.

Porque en materia fiscal, el optimismo no reduce el déficit. Solo puede hacerlo más visible cuando la realidad termina imponiéndose.

- El autor, Ramiro Correa, es Economista Jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)