Dos ministerios de economía

En las últimas semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó dos documentos que apuntan en direcciones opuestas. El primero fue el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida: 240 artículos orientados a simplificar trámites, abrir mercados y reducir costos para empresas y consumidores. El segundo fue la Rendición de Cuentas 2025, que proyecta un aumento del gasto público. Un mismo ministerio, dos lógicas que se contradicen.

No es una crítica a personas ni a intenciones. Es una tensión estructural que Uruguay arrastra hace décadas y que ningún gobierno ha podido resolver del todo. En períodos anteriores hubo avances puntuales en la disciplina fiscal —la introducción de una regla fiscal fue uno de ellos—, pero el margen que esos instrumentos abrieron no alcanzó para revertir una tendencia de fondo que lleva veinte años. La Rendición de Cuentas 2025 indica que tampoco en este período se prevé hacerlo.

La Ley de Competitividad tiene méritos genuinos. Invierte una regla histórica del derecho administrativo uruguayo: cuando el Estado no responde a tiempo, el silencio ya no cuenta como negativa sino como aprobación automática. Elimina normas obsoletas sin reemplazarlas por nada. Abre, aunque parcialmente, el monopolio legal que tenían los despachantes de aduana sobre el comercio exterior. Fortalece la independencia técnica del organismo que regula la competencia.

Para entender por qué esto importa, una imagen simple: cada trámite innecesario es un impuesto disfrazado. No se paga en dinero; se paga en tiempo, en incertidumbre y en costos que terminan trasladándose al precio de lo que consume la población. Reducir esos costos es exactamente lo que una economía pequeña y abierta como la uruguaya necesita para competir.

El problema es la magnitud. Analizada artículo por artículo, la conclusión es precisa: buena dirección, baja magnitud. Esta ley, por sí sola, no moverá de forma significativa ni el costo de vida ni la competitividad del país. Varios avances importantes quedan atados a lo que diga después la reglamentación, sin plazos ni metas concretas. Y en varios casos, para simplificar un trámite, el proyecto crea una comisión que estudiará cómo simplificarlo: más Estado para gestionar menos Estado.

Mientras ese proyecto avanza en el Parlamento, la Rendición de Cuentas 2025 confirma que el gasto público seguirá creciendo. El contexto importa: entre 2005 y 2025, la presión fiscal uruguaya —lo que el Estado recauda como proporción de la economía— aumentó 3,3 puntos del Producto Interno Bruto. A valores actuales, son más de 2.800 millones de dólares adicionales que el Estado extrae anualmente de la economía respecto a dos décadas atrás. En ese mismo período, el gasto primario creció más del doble de rápido que los ingresos. El resultado es un déficit que no responde a crisis coyunturales sino a un desequilibrio estructural: cada vez que los ingresos subieron, el gasto subió más.

Hoy, el 83% del gasto primario está comprometido en tres rubros prácticamente inmodificables en el corto plazo: pasividades, remuneraciones al personal público y transferencias. El Estado uruguayo tiene muy poco margen real sobre su propio presupuesto. Y lo poco que tiene, lo está usando para crecer.

A esto se suma el costo invisible del Estado empresario. En todos y cada uno de los últimos 213 meses —más de 17 años sin excepción—, el precio del combustible en Uruguay fue superior al precio de referencia regional. En promedio, los uruguayos pagaron 678 millones de dólares anuales por encima de lo que habrían pagado si existiera competencia en ese mercado. Ese sobreprecio no figura en el presupuesto, pero es económicamente equivalente a un impuesto que pagan familias y empresas cada vez que cargan el tanque.

La coexistencia de estos dos documentos refleja una tensión real en la política económica uruguaya: se reconoce que el costo de vida es alto y la competitividad insuficiente, pero las palancas más poderosas para resolverlo —el tamaño del Estado, el peso de los monopolios públicos, la rigidez del gasto— permanecen intactas. El índice de libertad económica del Fraser Institute registra que Uruguay pasó del puesto 15 al 98 en el componente de Tamaño del Gobierno entre 1990 y 2023. Son ochenta y tres posiciones perdidas en tres décadas que ninguna ley de competitividad, por bien orientada que esté, puede recuperar si el gasto sigue expandiéndose.

No hace falta ser economista para entender la contradicción. Si una familia decide reducir sus gastos superfluos para tener más margen financiero, pero al mismo tiempo aumenta sus compromisos fijos mensuales, el esfuerzo queda neutralizado. Uruguay está haciendo algo análogo: ajusta en los márgenes de la regulación mientras mantiene —y expande— el núcleo del gasto.

La Ley de Competitividad vale la pena y el Parlamento debería aprobarla. Pero sus efectos serán modestos mientras no estén acompañados de reformas de mayor escala. La competitividad no se construye solo desregulando trámites. Se construye también con un Estado que gaste mejor, que cobre menos donde puede, y que deje espacio real para que la economía privada genere la riqueza que los uruguayos necesitan.

Por ahora, tenemos dos ministerios trabajando en paralelo. Uno empuja hacia adelante. El otro frena desde atrás. El resultado, inevitablemente, es quedarse en el lugar.

- El autor, Ramiro Correa, es Economista Jefe del CED.