Jorge Caumont

Varios factores exógenos han golpeado a la conducción macroeconómica de nuestro país en los últimos dos años. Hechos externos que nada han tenido que ver con el manejo de las políticas que se llevarían adelante por una nueva administración, pero que han incidido para retrasarlas en su aplicación y provocado efectos desfavorables sobre los objetivos que se planteaban, o que se fueron planteando antes que ellos se dieran. Son conocidos los efectos que provocó y que —aunque menos profundamente— aún persisten, los derivados de la aparición del virus de Wuhan y, más recientemente, pero desde hace ya casi un año, los que provocó la guerra de Rusia y Ucrania.

El efecto adverso que provocó el primero de los factores señalados ha sido sobre la actividad económica, que ya se ha recuperado, transcurrida la fase más crítica de la pandemia. El otro factor adverso, el segundo señalado, se manifestó en el aumento del índice de precios al consumo (IPC) al que hizo trepar a casi dos dígitos —en términos anuales—, en la segunda mitad de 2022. Ahora con la inflación cediendo —en realidad con el aumento del IPC cediendo— y alejándose de los dos dígitos, se presenta una nueva amenaza exógena que se vincula y se deriva de la sequía que enfrenta nuestro país. La producción de frutas y verduras es ya y seguirá siendo durante cierto lapso, tras la normalización de las lluvias y el riego, significativamente menor a la habitual. Entonces, ante una demanda por esos productos, tanto para consumo directo como para insumos de numerosas producciones industriales —que se mantendrá— y, por otro lado, con su oferta local menor por la sequía, la consecuencia lógica, esperable e innegable, será el aumento de sus precios. Ello sacudirá al alza no a la inflación, pero sí al IPC, cuya variación es la que generalmente se toma como su reflejo.

Ante esa previsión, fácil de entender y que puede detener el trayecto descendente que viene teniendo el IPC por alzas de precios mensuales menores a las de similares de doce meses antes y, también, por una severa política monetaria que además tiene sus repercusiones sobre el tipo de cambio nominal —precio del dólar— y real, se comienzan a escuchar propuestas para evitar el aumento de precios de los productos cuya oferta es y será afectada por los efectos de la sequía.

Propuestas

Las propuestas confluyen en el control de los precios de esos productos, con fijación de ellos de acuerdo con algún criterio que aún no se especifica pero que, ineludiblemente, se entiende como la fijación de un precio máximo de venta. El objetivo, pensando que con ese tipo de políticas de control de precios se alcanzaría, es mantener sin cambios el denominado “excedente del consumidor”, es decir que los consumidores e industriales que consumen o usan esos productos como insumos, sigan pagando lo mismo que antes de la sequía. Pero el problema es que, para mantener la satisfacción de la cantidad demandada previa a la de los efectos de la sequía al mismo precio de antes, se necesita que la oferta sea la misma de entonces y eso es prácticamente imposible.

Son vastamente conocidos los efectos que tiene la congelación o fijación de un precio cuando se procede de esa forma en el caso que la cantidad demandada por el bien o por el servicio al precio fijado, es mayor que la cantidad ofrecida a ese precio. Se produce un exceso de cantidad demandada sobre la ofrecida, que en esos casos es habitual que se satisfaga pagando más por quienes están dispuesto a ello, en mercados informales —conocidos también como “mercado negro”—. Nuestro país ha tenido muchas experiencias de ese tipo en el pasado —no reciente— con el resultado que tendría hoy lo que parece proponerse. Y si no se quiere traer al análisis lo nuestro del pasado, observemos lo que ocurre hoy en la Argentina con la congelación temporal de numerosos precios que lleva a la existencia de mercados informales, a pesar de la prepotente vigilancia que se hace de ellos por grupos vinculados al gobierno.

Buena parte de los productos cuya oferta viene siendo y seguirá siendo afectada por la sequía, se venden en numerosos lugares —ferias—, y negocios —almacenes, verdulerías, etc.— en los que es alta la probabilidad de actividad informal. Ello implica una también alta probabilidad de precios superiores a los que se fijen por debajo de los que resulten de la interacción de lo hoy demandado y lo hoy ofertado.

Entonces

Es difícil encontrar una fórmula para neutralizar los efectos de este factor exógeno que eleva los precios, independientemente de lo que viene siendo una política oficial restrictiva para reducir la inflación. Naturalmente los altos precios serán reducidos por la paulatina regresión de los efectos distorsivos de la sequía en la producción. En otras palabras, normalizada la situación climática, superada la sequía, la oferta de los productos hoy afectados volverá a niveles previos a la acción del factor exógeno y, con la misma demanda, los precios tendrán una caída que los llevará al nivel anterior. El funcionamiento del mercado, sin distorsiones, puede llevar incluso a esos precios a niveles menores, por una mayor oferta generada por una producción que crezca atraída por el mayor nivel de los precios durante la sequía.

Una forma de atenuar el aumento de precios es generar un contexto comercial transitorio diverso al actual, que permita que producción importada llegue a compensar a la que caerá en el país afectada por la sequía. Esta alternativa, en un contexto en el que no se introduzcan distorsiones de precios que retarden la recuperación de la oferta cuando se aleje el factor exógeno que comentamos, es la mejor situación que se le puede presentar a consumidores y productores.