Las reglas de juego

Por segunda vez en un dos años los chilenos fueron convocados a votar en favor de una reforma constitucional y por segunda vez decidieron rechazarla.

A mediados de diciembre se realizó el plebiscito que debía confirmar el texto elaborado por un consejo constitucional, conformado según como se votó en mayo de 2023. Pese a la clara mayoría obtenida por el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, el texto surgido no fue del agrado del electorado, que no tuvo empacho en rechazarlo, del mis-mo modo que en setiembre de 2022 rechazó otro presentado por una anterior convención con una mayoría compuesta por grupos radicales de signo opuesto a esta.

Queda entonces vigente la Constitución actual, que suele decirse que es pinochetista, aunque no lo es tanto ya que desde que volvió la democracia se le introdujeron reformas que cambiaron sus aspectos más negativos.

Lo que sucede en Chile es un fenómeno curioso y queda la sensación de que el común de los chilenos, a la hora de votar, tienen más claro cuál es el sentido de una constitución que quienes redactaron estos dos proyectos.

En cada ocasión, el organismo responsable de proponer el texto quedó mayoritariamente en manos de grupos ubicados en un extremo la primera vez, en otro la segunda. Pese a ser opuestos, ambos reaccionaron del mismo modo: abusaron de su mayoría, no acordaron con los demás partidos e hicieron predominar sus puntos de vista. Los hechos demostraron, en ambos casos, que eran mayorías circunstanciales como suelen serlo en una democracia.

La idea de cambiar la Constitución surgió del gobierno de Sebastián Piñera, quien, acosado por las protestas callejeras, creyó que un cambio en las reglas de juego permitiría tranquilizar los ánimos y buscar una nueva salida.

Esto de modificar la Constitución evidencia algo que es común a muchos países: creer que con esos cambios es posible hacer los transformaciones que un determinado partido considera ineludibles para su país. Desde Hugo Chávez en Venezuela, pasando por Evo Morales en Bolivia hasta Chile, muestran no solo que la premisa es falsa, sino un profundo desconocimiento de lo que en realidad es una Consti- tución.

Los problemas económicos, sociales o políticos no se resuelven modificando su Carta, por la simple razón de que ese no es el objetivo de una Consti- tución.

Los problemas que afronta un país se arreglan con decisiones políticas, tomadas en los escenarios previstos, y que servirán por el tiempo que sea necesario y no más.

Ante una coyuntura complicada, los partidos políticos, actuando a través del gobierno y del Poder Legislativo, deberán buscar soluciones en función del contexto que se vive y para salir de esa circunstancia. Serán medidas que nada tienen que ver con un texto cuyo objetivo es otro y que va mucho más allá de la mera coyuntura.

Una Constitución establece las reglas de juego. Dispone quién gobierna, quién legisla y quién es el garante de nuestras libertades y derechos. Establece la manera en que esos tres poderes, independientes entre sí, deben actuar en el escenario político. Regula cómo se elige a sus integrantes, cuánto tiempo tienen para estar en sus cargos, cuáles son sus potestades y sus límites. Y por encima de todo deja bien claro que todos esos mecanismos se disponen en función de un valor aún más importante: los derechos, libertades y garantías individuales.

Los mecanismos de cómo funcionan los distintos organismos del Estado deben estar pensados de forma tal que no afecten aquello que es fundamental a una Constitución. Ella no ofrece recetas para atender problemas coyunturales, simplemente establece esas pocas pero imprescindibles reglas de juego bajo las cuales gobiernos y legisladores buscarán respuestas a las encrucijadas de cada momento.

Los actores políticos acuerdan, deciden, proponen leyes, las negocian, las votan, las promulgan. Se mueven en el terreno de la política, en la dinámica del día a día. Deciden según su leal saber y entender, iluminados por su sabiduría y experiencia si es que la tienen. Eso es hacer política… de la buena. Nada tiene que ver con redactar constituciones, que es otra cosa bien distinta.

Lo de Chile debería invitar a pensar, especialmente en Uruguay cuando hay por lo menos cinco propuestas de reformas que quieren incluir en la Constitución, soluciones de momento, que deberían resolverse por vía legislativa. Apenas dos de las cinco apuntan a cuestiones estrictamente constitucionales, más allá de lo controvertidas que puedan ser.

Confundir los terrenos es caer en un populismo pernicioso. Los chilenos supieron verlo con más claridad que sus dirigentes.

Lo lógico sería que ante tal lección, se tome nota de lo ocurrido para adelantarse a lo que eventualmente la gente terminará viendo con más sensatez.