“No es caridad, es justicia”: la frase clave sobre la inclusión laboral que Uruguay debe escuchar

Redacción El País
El propósito es promover comprensión, movilizar apoyo y, sobre todo, recordar que la integración no es un gesto de buena voluntad, sino una condición básica de dignidad y ciudadanía.

En Uruguay, esa idea tiene una traducción concreta. El Ministerio de Desarrollo Social presentó el 20 de octubre de 2025 un informe basado en el Censo 2023 que describe brechas de acceso a derechos en educación, salud, vivienda y empleo.

Un dato alarma: la tasa de empleo de las personas con discapacidad es 49%, frente a 79% en quienes no la tienen, y el desempleo asciende a 14%, casi el doble que en el resto de la población. En niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el 50% vive con necesidades básicas insatisfechas, frente al 36% de quienes no presentan discapacidad.

El informe agrega matices que importan porque la discapacidad refleja un país desigual. La prevalencia es mayor entre mujeres, personas afrodescendientes y habitantes de Rivera (7,7%) y Rocha (7,4%), los departamentos con mayor incidencia, mientras Colonia y Maldonado aparecen entre los más bajos (5,7%). El anuncio que el presupuesto quinquenal incluirá la creación de un Instituto Nacional de la Discapacidad, parece ser una señal de institucionalidad que las organizaciones reclaman hace años.

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“A veces, el debate se deforma por exceso de abstracción, como si discapacidad fuera una etiqueta única y cómoda. No lo es. Es un universo de situaciones, con barreras distintas, que se parecen en algo esencial. La vida cotidiana se vuelve más difícil cuando el entorno está diseñado para otro, cuando el transporte, la información, el empleo y el sistema de salud no están pensados para incluir”, remarca Ana Mieres, médica especialista en medicina de emergencias y Directora Técnico en UCM Falck.

Ese punto, paradójicamente, también lo recuerda la estadística global. La Organización Mundial de la Salud estima que 1.300 millones de personas viven con una discapacidad significativa, el 16% de la población del mundo. Se advierte que las desigualdades en salud no dependen solo de diagnósticos, sino de barreras estructurales, estigma, pobreza y exclusión de la educación y el empleo.

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Hay barreras que se ven. Otras se disimulan en la rutina y recién se notan cuando ocurre un caso límite. La obesidad mórbida, por ejemplo, tiene un componente médico evidente, pero arrastra además un problema logístico y de dignidad. En Uruguay, faltan ambulancias bariátricas. Hay una equipada para atender pacientes de hasta 300 kg, con camilla extra ancha y motorizada, rampas desmontables y anclajes reforzados.

El dato, más allá de lo técnico, expone un punto de fondo. La inclusión real debe construirse con recursos, protocolos, equipos y decisión de resolver lo que para muchos quedó fuera del diseño.

En esa misma lógica entra la inclusión laboral, que suele ser el corazón de la autonomía. No por romanticismo, sino por economía doméstica y por autoestima: acceder a un trabajo es acceder a una vida menos frágil.

Frente a este panorama, surgen también experiencias y programas prometedores. Por ejemplo, las leyes nacionales promueven la accesibilidad y el empleo inclusivo, y el Ministerio de Desarrollo Social prepara la creación de un Instituto Nacional de la Discapacidad para articular esfuerzos gubernamentales. En paralelo, varias ONG y empresas impulsan iniciativas locales. La Fundación Bensadoun-Laurent, creada en 2014, se destaca por su trabajo en inclusión laboral: ofrece formación adaptada y actúa de enlace entre personas con discapacidad y empleadores.

“Cuando una empresa integra personas con discapacidad, lo que cambia no solo es el puesto, sino la cultura interna. Se vuelve más rigurosa, más humana y, curiosamente, más profesional”, remarca Mieres y detalla que la empresa que dirige tiene vínculo con la Fundación Bensadoun Laurent y cuenta con colaboradores con discapacidad visual integrados a sus equipos.

“Hemos visto cómo, con entrenamiento y confianza, nuestros colegas con discapacidad visual aportan talento y compromiso. Esto nos motiva a seguir ampliando estos programas de formación y contratación”, puntualiza. Y agrega que avanzar en inclusión laboral y social es clave para la independencia económica de las personas con discapacidad: “No es caridad, es justicia”, concluye.

La Fundación Bensadoun Laurent describe líneas de trabajo que apuntan justamente a eso: intermediación laboral con metodología de “empleo con apoyo”, formación profesional y técnica, concientización y sensibilización, además de redes y orientación.

Y cuando se pasa de los principios a los métodos, aparecen instrumentos concretos. El Programa SÍ (Sumando Inclusión), por ejemplo, fue presentado en 2018 como una propuesta de formación teórico-práctica con prácticas formativas en empresas, con acompañamiento profesional para estudiantes y organizaciones participantes. Presidencia consignó incluso la carga horaria de un caso emblemático de formación en testing de software, con 156 horas de capacitación específica y 104 horas de aprendizaje en empresa, financiado por INEFOP.

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En paralelo, INEFOP ha mencionado a la propia Fundación como parte de proyectos de abordaje integral hacia el empleo, combinando formación, investigación y sensibilización a empresas, una pieza clave porque muchas barreras no son técnicas sino culturales.

“En salud aprendemos rápido que la discapacidad no es un ‘caso’ aislado. Es una forma de estar en el mundo, y el problema aparece cuando el mundo se organiza como si esas personas no existieran”, afirma Mieres.

“La inclusión no es un acto de caridad, es una decisión de diseño. Diseñar accesos, diseñar información clara, diseñar equipos y también diseñar oportunidades de trabajo”, concluye.