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La Justicia de Treinta y Tres investiga el faltante de unas 200 armas de la Jefatura de Policía de ese departamento. Hay cerca de 20 policías en calidad de indagados, entre ellos, el exjefe Tabaré Gordiola, quien fue cesado en julio por este caso.

En junio, la Policía Federal brasileña detuvo a un narcotraficante y le incautó un arma. La indagatoria sobre su origen llevó a las autoridades del vecino país hasta la Jefatura de Policía de Treinta y Tres, por lo que los investigadores brasileños dieron cuenta de la situación al Ministerio del Interior.

El jefe de Policía de Treinta y Tres, inspector general (r) Tabaré Gordiola, que fue relevado de su cargo en julio y reemplazado por el inspector mayor Ricardo Pérez, puso en conocimiento del director nacional de Policía, Julio Guarteche, la desaparición de ocho armas.

Guarteche derivó el caso a la Dirección General de Información e Inteligencia (DGII) que recabó más información, en base a la cual luego el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal.

Así, la jueza de Treinta y Tres Ada Siré (que es jueza de Paz pero interviene en el caso porque la magistrada penal Patricia Rodríguez se excusó) y la fiscal Sandra Fleitas iniciaron una paciente indagatoria junto con investigadores de la DGII.

Según dijeron a El País fuentes cercanas a la investigación, hasta el momento se detectó el faltante de unas 200 armas pertenecientes a la Jefatura de Policía de Treinta y Tres. De ese total, la tercera parte desapareció de 2010 a la fecha.

Las fuentes dijeron que el número podría aumentar ya que se está verificando la situación de todo el arsenal policial y los registros de cada arma.

Las armas desaparecidas son, en su mayoría, pistolas (marca Glock y Browning) y revólveres Astra que pueden valer entre US$ 500 y US$ 1.100, aunque en el mercado negro el precio se quintuplica.

Los informantes indicaron que por ahora no es posible determinar el período de tiempo por el cual se ha realizado la maniobra. "Por ahora sabemos que las armas faltan y que no hubo control", dijeron.

Fuentes del Ministerio del Interior dieron por descontado que habrá policías procesados, a la vez que dijeron que otros jerarcas deberán enfrentar procesos administrativos por la ausencia de controles.

HIPÓTESIS.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas, la posibilidad de que se trate de una red organizada dedicada al envío de armas a grupos criminales de Brasil, dijeron las fuentes.

Sin embargo, si esa hipótesis se confirma, no se podrán disponer procesamientos por el delito de tráfico de armas, ya que esa figura no existe en la legislación uruguaya. En todo caso, se deberá imputar el ilícito de contrabando.

La jueza Siré y la fiscal Fleitas están indagando a unas 20 personas, en su mayoría policías aunque también hay cuatro civiles que se estima podrían estar implicados en la colocación de las armas.

Ayer, en el juzgado de Treinta y Tres, las magistradas tomaron declaraciones durante casi toda la jornada. Los policías que están declarando como indagados son defendidos por defensores de oficio, abogados particulares y en algunos casos se presentaron con abogados del Ministerio del Interior. Gordiola, exjefe de Policía de Treinta y Tres, ya declaró ante la jueza Siré y la fiscal Fleitas.

La indagatoria seguirá en los próximos días, pero la intención es que en el corto plazo la representante del Ministerio Público pueda pronunciarse sobre la responsabilidad de las personas en torno a las cuales considere que existen los elementos suficientes.

PRESIONES.

En tanto, el sindicato policial de Treinta y Tres presentó en julio una denuncia penal contra el entonces jefe Gordiola y el director de Seguridad, José Sem, a quienes acusaron de haber presionado a funcionarios policiales que declararon por la desaparición de armas en ese departamento.

"Consideramos que estos atropellos son parte de la costumbre que genera la función en la jerarquía policial; se acostumbran a abusar de determinadas responsabilidades, determinada autoridad y bueno, cuando llegan a jefe piensan que sigue siendo lo mismo y tienen que entender que la Jefatura es política", explicó en su momento Richard Ferreira, dirigente de la Unión de Sindicatos Policiales.

Gremio: denunció que hubo presiones de los jerarcas policiales sobre el caso de las armas.