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S. C.

Lejos de las novedosas cautelas del gobierno o de las críticas de algunos productores rurales, en Valentines se trabaja como si nada fuera a detener el emprendimiento. La Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) estima que, sumando la profundidades de los pozos, ya han horadado unos 200 kilómetros en busca de yacimientos de hierro.

En esa zona -en los departamentos de Durazno, Florida y Treinta y Tres- el precio de la tierra se ha duplicado en los últimos tres años, según las cifras que maneja Aratirí. Eso se debe a un factor especulativo y también al crecimiento del valor de la tierra en el país, que en 2010 aumentó 13% respecto al año anterior, según el Ministerio de Ganadería.

Está claro que en Valentines hay intereses que chocan y las relaciones se han tensado. Un grupo de productores se opone con firmeza a Aratirí porque pretende seguir dedicándose al agro o la ganadería. El Código Minero dice que los superficiarios son dueños del suelo, pero lo que está debajo es del Estado, que permite el ingreso de la minera a realizar trabajos de prospección y exploración, es decir, buscar y estudiar yacimientos. En esa etapa la minera paga una "servidumbre" a los productores por el eventual daño al campo. Aratirí ha negociado con los productores unos 80 dólares por hectárea.

Hay un segundo grupo de productores que quieren vender sus campos revalorizados. De hecho, Aratirí recibe todas las semanas ofrecimientos de campos pero a la mayoría les dice que no, porque igual puede ingresar a los terrenos a hacer la prospección y exploración sin ser dueño, siguiendo los pasos previstos en el Código Minero.

El tercer grupo lo integran dos empresas que están comprando campos porque allí hay un buen negocio. Entre Aratirí y esos dos grupos, ya han comprado unas 10 mil hectáreas.

Y el cuarto grupo son los dueños de campos que ven un negocio en la posibilidad de sacar una renta minera en los próximos 20 años, que puede ser mayor a la agropecuaria, si Aratirí encuentra un yacimiento en su predio. La minera debe pagar un canon de 3% al superficiario durante la explotación.

En Treinta y Tres, el productor Guillermo de los Santos afirma que "el que vende y negocia está en una posición distinta al que no quiere una mina a cielo abierto". De los Santos, que se opone a Aratirí, dice que en las zonas donde el proceso avanza (sobre todo en los departamentos de Durazno y Florida) "la cintura" de los productores que se oponen a ceder las tierras "es cada vez menor".

Muchos productores se han negado al ingreso de la minera por tener un terreno para uso productivo y presentaron recursos ante la Dinamige, que aún no ha respondido. Igual, en el departamento de Treinta y Tres una treintena de productores presentó recursos y la empresa aún no entró a sus campos.

La productora ganadera Claudia Terugorría está en juicio por "los destrozos" que le hizo Aratirí en su terreno en Florida. La mujer había acordado con la minera el ingreso para hacer las exploraciones marcando los caminos por donde podían entrar, pero dice que el acuerdo no fue respetado: "Un día llegué a mi casa y no pude entrar porque había quedado destrozado el camino. Andaban en camioneta por todo el campo, de un lado para el otro, con una lluvia torrencial y maquinaria pesada".

La mujer hizo la denuncia. Su campo tiene 47 hectáreas y allí hay 14 pozos de la minera. Andar a caballo es un peligro porque quedó todo "como un colador". Aratirí, en cambio, dice que la única consecuencia son pequeños agujeros en la superficie de los campos.

Para el ingeniero en minas Carlos Anido, hay una diferencia notoria entre la ganadería y la actividad minera. En el primer caso, la actividad sobre el suelo "es renovable y se puede hacer durante 90 o 100 años". En cambio, las explotaciones mineras terminan en 20 o 30 años.

"Una empresa explota un campo 20 años pero luego deja un agujero que no sirve para nada. Hay una pérdida total que, si la explotación minera la paga, no sería rentable. Es rentable porque le pasa los impactos a la sociedad", afirma el ingeniero en minas.

En cambio, el geólogo Miguel Curbelo -vicepresidente de la Asociación de Licenciados en Geología- asegura que "una explotación racional minera tiene mejor renta que una agropecuaria".

ATAQUE. El tema se ha politizado. El diputado nacionalista Luis Lacalle Pou acordó con su sector Unidad Nacional (UNA) la interpelación a los ministros Roberto Kreimerman (Industria), Graciela Muslera (Vivienda) y Héctor Lescano (Turismo). "No siempre inversión es sinónimo de prosperidad", dice el diputado.

A su juicio, el suelo de la zona de Valentines "quedará inutilizado" después de Aratirí, ya que es una explotación "no compatible" con otras actividades: "Son cráteres de un kilómetro y medio por 600 metros de profundidad". A eso se suma la posible contaminación en el entorno y el mineroducto "que atravesará áreas protegidas" con peligro de derrames. Y, por último, le preocupa "el puerto de aguas profundas, que atenta contra el turismo y el Uruguay Natural" en Rocha.

Anido agrega que la minería "es una industria que nunca es ecológica, siempre ha sido de alto impacto". En eso, la presidenta de los licenciados en Geología Alejandra Martínez es menos radical: "Sí, es verdad, la minería degrada, modifica terrenos y paisajes. Pero un aprovechamiento racional de los recursos lleva a que ese territorio pueda ser reutilizado o se pueda continuar con la utilización original del terreno".

Aratirí trabaja 24 horas al día y busca hierro en un total de 120 mil hectáreas. Hoy hay unas 9.000 hectáreas en exploración, que involucra a unos 50 productores. La zona final donde Aratirí explotará los yacimientos de hierro es de unas 10 mil hectáreas.