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Otra ley a medida

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La ley de Minería de Gran Porte fue un traje a medida hecho por el oficialismo para permitirle a Aratirí la explotación en forma exclusiva, de una superficie muy superior a la que hubiera tenido derecho de acuerdo al Código de Minería. El gobierno también realizó otras concesiones inexplicables a favor de esta empresa, como no haber seleccionado al minero mediante un régimen de contratación competitivo, ya que ni siquiera se hizo un simple llamado de precios. Como consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo resolvió celebrar un contrato con Aratirí sin saber cuánto estarían dispuestos a pagar otros interesados por el hierro.

La ley de Minería de Gran Porte fue un traje a medida hecho por el oficialismo para permitirle a Aratirí la explotación en forma exclusiva, de una superficie muy superior a la que hubiera tenido derecho de acuerdo al Código de Minería. El gobierno también realizó otras concesiones inexplicables a favor de esta empresa, como no haber seleccionado al minero mediante un régimen de contratación competitivo, ya que ni siquiera se hizo un simple llamado de precios. Como consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo resolvió celebrar un contrato con Aratirí sin saber cuánto estarían dispuestos a pagar otros interesados por el hierro.

Adicionalmente, los términos económicos del contrato negociado con la empresa entre cuatro paredes, son mantenidos en la más absoluta reserva incluso ante el Parlamento. La reserva comprendería los beneficios fiscales y demás obligaciones que asumiría el Estado, como ser las obras públicas a realizar para facilitar el emprendimiento privado, por lo que no podrían mantenerse en secreto y menos ante el Poder Legislativo.

Hace exactamente un año el Poder Ejecutivo anunció que habría de firmar el contrato de concesión minera por un plazo de 20 años, sin que el proyecto contara con la autorización ambiental previa. El tema ingreso en la agenda de la campaña electoral y las organizaciones ambientales hicieron su trabajo en la opinión pública, logrando que el gobierno desistiera de firmar el contrato antes de que se expidiera la Dinama.

Luego, el precio internacional del hierro siguió bajando y la minera Aratirí comenzó a exigirle al Estado otro tipo de concesiones para llevar a cabo la explotación, como ser el cambio de ubicación del puerto minero a construir en Rocha. Esto llevó a que Mujica declarara que él no “firmaba aventuras”, alegando que: “Si no hemos firmado es porque otros firman cualquier cosa y nosotros no vamos a firmar cualquier cosa, no vamos a entregar el destrozo del territorio a costa de cualquier cosa”. Sin embargo, el Presidente cambió de parecer y acaba de anunciar que enviará un proyecto de ley al Parlamento para modificar la Ley 19.126 y extender el plazo de negociación del contrato con la empresa minera por una año más, lo que significaría la sanción de otra en beneficio exclusivo de Aratirí. Pero lo cierto, es que en el año 2011 cuando la empresa presentó el estudio de impacto ambiental la tonelada de hierro valía U$S 187 y cuando se sancionó la ley 19.126 más de U$S 130 y ahora que el hierro vale aproximadamente U$S 73, la empresa no quiere firmar el contrato, alegando que el precio mínimo para que el proyecto sea rentable, debe llegar a los U$S 90. Si se respetara la ley 19.126 se le debería exigir a Aratirí que firme el contrato en los términos negociados originalmente con el Poder Ejecutivo, y de lo contrario, una vez vencidos los plazos legales, las áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto deberían ingresar en el registro de vacancias del Estado, tal como establecen los artículos 24 y 38 de la ley vigente. Sin duda, se trata de una buena oportunidad para realizar una licitación o una subasta pública, dotando de trasparencia el proceso de contratación sobre uno de los bienes más valiosos del dominio del Estado.

Por esa razón, los Legisladores del oficialismo no deberían prestar su voto para modificar la ley en beneficio de un privado. 

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Gonzalo Ramírez

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