La crisis del "progresismo" latinoamericano es evidente y se debe no tanto a la acción de los factores externos, sino a circunstancias internas. Pocas veces la economía mundial fue tan propicia, durante tanto tiempo, para estos países, principalmente exportadores de productos primarios, desde petróleo hasta soja.

A pesar de ello, enfrentan dificultades cuya causa se encuentra en las ineptas políticas aplicadas por esos gobiernos progresistas y las dudosas conductas de sus dirigentes. Incluyendo el omnipresente flagelo de la corrupción en niveles nunca vistos en las décadas recientes. Dentro de la corriente del progresismo regional, y gracias al impulso de la personalidad carismática del comandante Chávez, Venezuela se convirtió en el líder de una versión especialmente virulenta del progresismo que su inspirador denominó "bolivarianismo", invocando una inspiración en la vida y el pensamiento de Simón Bolívar.

Chávez utilizó los recursos provenientes del petróleo para consolidar vínculos, impulsar un movimiento de opinión en nuestra región y crear la Alianza Bolivariana para América ALBA. En ese esfuerzo convergió con uno de los grandes mitos de la década de los 60s, el de la "Patria Grande".

La verdadera naturaleza de las cosas no se revela durante los momentos de prosperidad sino cuando llegan las dificultades. Así sucede ahora con el discurso del progresismo bolivariano patriagrandense. La demostración tangible de cuál es la verdadera naturaleza del régimen bolivariano es la situación humanitaria que ha generado, deliberadamente, en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela. Hace dos semanas el presidente Maduro, con su habitual estilo, proclamó que "Como parte de las medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana", decretaba el estado de excepción en los municipios del Estado de Táchira fronterizos con Colombia. Además, movilizó a tres mil soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la misión de "limpiar la zona de paramilitarismo, de criminalidad, de secuestro y de narcotráfico".

Las regiones fronterizas densamente pobladas siempre son problemáticas. Así sucede con la región donde limitan el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander. Y ello no solamente debido al narcotráfico, la presencia de guerrilleros o la acción de grupos paramilitares, sino también por el contrabando. El cual florece debido a las desastrosas políticas económicas del gobierno venezolano. Porque es gracias al contrabando que los venezolanos pueden acceder a los elementos más básicos, desde alimentos hasta papel higiénico o medicinas, debido a la escasez provocada por el "socialismo del siglo XXI". Al cierre de fronteras se han sumado las deportaciones de ciudadanos colombianos que residían sin documentos en territorio venezolano, quienes se vieron obligados a huir de su país por las FARC y los narcotraficantes. Se ha reportado que ahora, al mejor estilo nazi, la Guardia Nacional marca con una D determinadas casas de las localidades fronterizas para luego demolerlas.

El resultado de la campaña, cuyo fin proclamado fue crear una "frontera verdaderamente humana", ha sido el desconocimiento de derechos humanos, la deportación de personas sin el debido proceso, la separación de muchas familias que vivían en la región fronteriza, y un verdadero éxodo de colombianos que buscan amparo retornando a su país de nacionalidad. Según Naciones Unidas hasta el 31 de agosto cerca de 1.100 personas habían sido deportadas del territorio venezolano y otras 10.000 habían cruzado la frontera en la localidad de Cúcuta, a los que deberían sumarse los que lo hicieron en otros sectores del límite entre los dos países. La Conferencia Episcopal Venezolana ha emitido una enérgica condena de esa deliberada conducta del gobierno bolivariano. En su comunicado la Conferencia advierte que "Hemos tenido conocimiento que muchas de estas personas han sido obligados a salir de manera abrupta, sin enseres, sin alimentos, muchos de ellos solo con la ropa que llevan puesta. Sus casas fueron allanadas sin ninguna orden judicial y destruidas y en muchos casos robadas las pertenencias de aquellos pobres moradores". A lo que se une, advierte la Conferencia, "el drama de ver familias separadas, especialmente madres y padres que han sido obligadas a dejar a sus hijos menores en territorio venezolano, y más grave aún la utilización del poder del Estado para criminalizar a estos ciudadanos de origen colombiano ".

Los gobernantes populistas como Maduro, buscan a un enemigo a quien echarle las culpas de sus fracasos.

Editorial