Hace un año el partido de gobierno decidió reducir a la mitad las exoneraciones impositivas a las donaciones realizadas por empresas a las universidades privadas. Un año después, los proponentes originales plantean eliminarlas por completo. Este replanteo ha sorprendido a muchos. ¿Por qué esta obsesión con exoneraciones de montos irrisorios? La respuesta a esta pregunta es importante para nuestro futuro.

Hace un año el partido de gobierno decidió reducir a la mitad las exoneraciones impositivas a las donaciones realizadas por empresas a las universidades privadas. Un año después, los proponentes originales plantean eliminarlas por completo. Este replanteo ha sorprendido a muchos. ¿Por qué esta obsesión con exoneraciones de montos irrisorios? La respuesta a esta pregunta es importante para nuestro futuro.

Casi un año después de impuesta esta medida ya podemos evaluar sus resultados. El Estado no se beneficia ya que las empresas pueden donar a otras instituciones. En otras palabras, el Estado no aumenta su recaudación con esta medida.

Los costos de esta medida son claros y dolorosos. Decenas de estudiantes de escasos recursos quedaron excluidos este año de las carreras que habían elegido. Los que decidieron esta medida instruyeron públicamente a estos jóvenes a que concurran a una universidad pública, pero muchas carreras no existen allí. Adicionalmente, muchos de estos jóvenes aspiraban a cursar carreras cortas no universitarias. Dado que la gran mayoría de los jóvenes no culmina secundaria, impedirles cursar estas carreras resulta especialmente cruel. Más allá de estos aspectos prácticos, existe la cuestión filosófica subyacente. Estos jóvenes y sus familias habían elegido lo que pensaban que era mejor para ellos. Obligarlos a estudiar en otra institución y posiblemente otra carrera, no es una opinión política sino una posición filosófica sobre la libertad individual incompatible con cualquier agenda de derechos.

La reducción de exoneraciones para proyectos con universidades privadas conlleva además la reducción o cancelación de numerosos proyectos de investigación y desarrollo. Jóvenes investigadores quedan sin trabajo y en muchos casos deben buscar oportunidades fuera del país. Empresas que buscaban desarrollar tecnologías ya no pueden colaborar con universidades con capacidades en las áreas que les interesan y se ven obligados a importar la tecnología o a no innovar. Los proponentes de la medida quizás piensen que las universidades públicas pueden hacer toda la investigación necesaria para el país, pero eso no es posible ni deseable. Ninguna universidad por grande que sea, puede investigar en todos los campos.

El efecto neto de esta medida es por lo tanto exactamente lo contrario de lo que el país debe hacer para progresar en la sociedad del conocimiento. Como consecuencia, muchas investigaciones y desarrollos tecnológicos no podrán realizarse y se deberá asumir que innovaciones y emprendimientos que podrían haber enriquecido a nuestra sociedad enriquezcan a otros países.

Con el correr de los años la cantidad de alumnos excluidos, investigaciones no realizadas, innovaciones frustradas, se irán acumulando a un costo crecientemente importante para nuestra sociedad. Si el gobierno elimina por completo las exoneraciones, este costo social aumentará. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué el sistema político impone una medida que no beneficia a nadie y perjudica a tantos y tan visiblemente?

Nuestro país está estancado en su desarrollo. A partir del retorno a la democracia hemos logrado un desarrollo económico que nos ubica como país de ingreso medio. Pero lograr una mayor prosperidad requiere un esfuerzo importante de transformación de nuestro sistema productivo. Para alcanzar ese objetivo es imprescindible mejorar nuestro sistema educativo. El reciente informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa confirmó que muchos de los graves problemas de nuestra educación no se han corregido. Por ejemplo, entre los uruguayos de 20 años, la gran mayoría de los más ricos, 80%, está estudiando, mientras que entre los más pobres de la misma edad solo un poco más de 20%.

Para mejorar el sistema educativo la primera condición es que no sea utilizado como campo de batalla ideológico. La educación uruguaya es desde hace décadas el escenario preferido para dirimir esas disputas. Las políticas educativas, los planes de estudio y la formación docente son resueltos a través de ópticas ideológicas y no pedagógicas. Las buenas prácticas internacionales son ignoradas o rechazadas cuando no son compatibles con las posiciones ideológicas de los decisores.

La educación debe ser una política de Estado, una zona libre de ideología en la cual las políticas se resuelvan y los recursos se asignen en busca de brindar oportunidades a todos por encima de cualquier otra consideración. En los últimos años algunos nuevos proyectos crearon expectativas de que la educación podría comenzar una etapa posideológica. Iniciativas como el Plan Ceibal, la ANII, UTEC, la acreditación universitaria del Mercosur, el Sistema Nacional de Investigadores, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En su conjunto, estas iniciativas innovadoras, parecían sugerir el inicio de una etapa en la cual la ideología dejara paso gradualmente a los alumnos y a la creación de conocimiento como foco del esfuerzo educativo.

En este marco, la reducción o eliminación de las exoneraciones a donaciones realizadas a universidades privadas tiene un carácter simbólico. El mensaje que conlleva esta resolución es que el sistema político no está dispuesto a permitir la “desideologización” de la educación. Es una señal de alerta que no debe ser ignorada. En una democracia madura y respetuosa de sus ciudadanos, las diferencias ideológicas y políticas deberían dirimirse en el Parlamento Nacional, en la prensa y en definitiva en las urnas, pero nunca en los salones de clase.