El gobierno quiere ordenar el funcionamiento de lo que venga de Internet.

DANIEL ISGLEAS

Una "idea para estudiar y apoyar" porque "algo hay que hacer", fue la primera reacción favorable de los partidos de la oposición a la intención del gobierno de elaborar un marco regulatorio para las aplicaciones de Internet para celulares y tabletas como Uber, Airbnb, OLX y Booking, entre otras. El gobierno presentó ayer la iniciativa de una decena de artículos, que tiene carácter genérico, y que enviará la semana entrante al Parlamento.

Desde Uber, una de las plataformas por las cuales se elaboró esta iniciativa, no hubo comentarios porque, entre otras razones, sus representantes dijeron a El País que no conocen aún el texto del proyecto de ley.

Ayer, los legisladores blancos Álvaro Delgado y Jorge Gandini, la senadora colorada Viviana Pesce y el diputado del Partido Independiente Iván Posada se reunieron con el secretario de Presidencia, Miguel Toma, y con el prosecretario Juan Roballo para comenzar el intercambio sobre la iniciativa. El partido Unidad Popular fue invitado pero no pudo asistir.

Consiste en una regulación de las prestaciones de intermediación o servicios mediante aplicaciones informáticas que establece mecanismos para que el Estado pueda controlarlas de acuerdo con las leyes vigentes en el país. Básicamente se trata de que los prestadores de estos servicios hagan sus aportes laborales, tributarios y de seguridad social al Estado.

La iniciativa prevé un mecanismo sancionatorio para el caso de que el Estado a través de sus organismos de control (DGI, BPS, Ministerio de Trabajo) encuentre irregularidades. Consiste en que el Banco Central, en un plazo de tres días hábiles y a pedido de la administración, ordenará el bloqueo de las cuentas bancarias de las personas que reciben el dine-ro, impidiendo así la transferencia de fondos y dando cuenta a la Justicia civil, que será quien decidirá cuánto tiempo durará o bien desestimará la medida. Una vez resuelto el tema, el chofer empleado no solo deberá pagar la multa que corresponda a la infracción sino demostrar que regularizó su situación.

En la reunión se manejaron algunos casos concretos. Cuando se hace un encargue de alimentos a la aplicación PedidosYa no se configura una evasión porque el cliente le paga al representante de la empresa que le lleva el pedido. Lo mismo cuando uno encarga medicamentos a una farmacia y le paga al que hace la entrega.

En el caso de un vehículo que trabaje para Uber o la intermediación inmobiliaria Airbnb, ahí sí se podrá bloquear. El chofer en este ca- so deberá estar inscripto co- mo unipersonal en el BPS o como empleado de alguien, y cumplir de ese modo con sus obligaciones.

Para el diputado Gandini se trata de "una medida necesaria para regular en parte nuevas realidades". Indicó que habrá que estudiar en detalle sus ar-tículos pero en principio es partidario de apoyarlo.

En la reunión Gandini planteó la ampliación de este marco de regulación para el juego on line que se paga con tarjetas de crédito internacionales.

En la bancada del FA el proyecto del gobierno fue bien recibido. Incluso ya se ha hablado de promover agregados como hacer específicas las sanciones, estableciéndolas en la iniciativa, según dijo a El País el diputado Felipe Carballo (lista 711).

"El objetivo del Poder Ejecutivo es que haya consenso con la oposición y que hagan aportes", explicó el legislador. Esto, según añadió, no afecta las potestades de los gobiernos departamentales. Trabajaron en la iniciativa cuatro ministerios más Presidencia.

"Este marco regulatorio permitirá que cualquier empresa que quiera trabajar en el país lo pueda hacer", resumió Carballo.

En tanto, para el diputado Posada, del Partido Independiente, se trata de "una idea para estudiar", adelantando que la ve con buenos ojos. La semana próxima el proyecto comenzará a ser analizado en detalle.

La aplicación móvil Uber está en funcionamiento para Uruguay desde el 19 de noviembre de 2015 y "cada vez tiene más choferes", según indicó a comienzos de este año la empresa a través de un comunicado. Pero también tiene cada vez más dificultades con las autoridades nacionales y departamentales y de ahí la intención del Poder Ejecutivo de regular a esta y otras aplicaciones.

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