Son más de $ 40 millones a cooperativas, en muchos casos sin controles.

Tal como había ocurrido en el mes de marzo de este año, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) volvió a observar una serie de contrataciones directas hechas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por ser irregulares y, en algunos casos, inconstitucionales. Pese a eso, los gastos fueron reiterados por decisión de la ministra Marina Arismendi y de la subsecretaria Ana Olivera.

Las resoluciones del TCR observando los gastos por decenas de millones de pesos fueron tomadas desde mediados de 2016 hasta comienzos de 2017, y vienen a sumarse a la decisión del organismo de contralor que objetó la contratación directa de 70 instituciones por parte del Mides, que fueron hechas para brindar servicios de cuidados. Aún así, en este caso la cartera también decidió reiterar el gasto.

"Las observaciones del Tribunal son repetitivas en cuanto a contrataciones directas que superan el monto permitido, otras contrataciones directas que no encuadran en las excepciones previstas en el Tocaf, y contrataciones que cuentan con principio de ejecución", dijo a El País el diputado nacionalista Martín Lema, que solicitó la convocatoria de la ministra Arismendi a la comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes.

En este nuevo caso, el Mides hizo un llamado a organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo para presentar propuestas de acompañamiento social y operativo a los grupos de clasificadores de residuos de Montevideo. El TCR observó ese gasto por casi $ 30 millones en agosto de 2016 y reiteró la objeción en diciembre de ese año. La observación fue por el incumplimiento de dos artículos del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que dicen que no podrá omitirse ninguna de las exigencias esenciales requeridas en la base del llamado a ofertas y que una vez abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas.

Finalmente, el Mides siguió adelante con la adjudicación de cuatro plantas de procesamiento de envases a pesar de que uno de los integrantes de una asociación civil debía aclarar aún si era funcionario público, en cuyo caso no hubiese podido participar del proyecto. Esto, para el TCR es "vulnerar" la disposición del pliego.

Otro de los contratos irregulares es el suscrito con la cooperativa social "Arquitectas en la Vida", firmado por un año y por la suma de $ 3,5 millones para acompañamiento y cuidado de personas en el Centro Nacional de Discapacidad Visual. En este caso, el Mides sometió el contrato a la intervención del Tribunal de Cuentas después de adjudicado el dinero, contraviniendo el artículo 211 de la Constitución. El contrato se comenzó a pagar el 1 de enero de 2017 y la intervención de la contadora delegada del TCR se autorizó después de esa fecha, según los documentos oficiales a los que accedió El País.

Parecido fue lo que ocurrió con la cooperativa social Armonía y Respeto (DAR) a la que se contrató en forma directa por $ 4,7 millones desde el 1 de octubre de 2016. Sin embargo, la ministra de Desarrollo Social autorizó la intervención de la contadora del TCR un mes más tarde.

Otra irregularidad, según el TCR, tiene que ver con el convenio suscrito con la cooperativa de trabajo "Factor Solidaridad" a la que se transfirió la suma de $ 2,8 millones para gestionar un centro nocturno para hombres solos con hasta 40 plazas, ubicado en Gil 1023. Para el Tribunal, la contratación "se debió realizar mediante proceso competitivo" y no en forma directa como se hizo por parte del Mides, "ya que la situación no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en el artículo 33 del Tocaf". Como en otros casos, cuando se analizó este contrato directo ya estaba en ejecución, dijo el Tribunal.

El TCR objetó, además, un contrato directo del Mides con la cooperativa de trabajo "Sumando Opciones" por $ 2,5 millones para gestionar otro hogar para mayores en situación de calle, por varias razones. Se dispuso el pago de ese dinero en una sola cuota, algo que el Tocaf impide. "No se invocó por parte del Mides causal de excepción alguna que justifique" la contratación directa, dice el TCR. Dado el monto de la contratación, "el procedimiento debió ser el de la licitación abreviada como dispone el artículo 33 del Tocaf", según señala la resolución del tribunal. Para Lema, "tras doce años de gobierno, no es aceptable que las irregularidades se fundamenten en razones de necesidad".

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) aumentará al doble la cantidad de plazas disponibles en refugios para la atención de personas en situación de calle, adelantó la titular de la cartera, Marina Arismendi. Según recoge la web de Presidencia de la República, la jerarca recordó que los liberados de prisión y las personas con problemas psiquiátricos y de adicciones conforman el grupo prioritario a atender. Arismendi dijo que la contingencia prevista para los meses de invierno es diferente a la del resto del año, por lo que "pensamos duplicar los cupos que teníamos disponibles el año pasado". En 2016, el Mides había habilitado 1.791 lugares en sus centros para atender a personas en situación de calle. La próxima semana se darán más detalles sobre el plan, puntualizó la ministra. Arismendi señaló que se contará con un móvil de la Junta Nacional de Drogas, en el que un equipo de técnicos especializados atenderá a las personas con consumo problemático de sustancias que se encuentren en situación de calle. En caso de detectarse la presencia de menores, el INAU intervendrá en el tema. En este plan participan, además, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio del Interior. Paralelamente, el Mides trabaja de manera coordinada con la Intendencia de Montevideo para detectar situaciones en las que las personas se instalen en espacios públicos. Arismendi atribuyó parte de ese problema a la gran cantidad de sillones que, principalmente en la capital del país, desechan los vecinos y abandonan en las calles.

DANIEL ISGLEAS

EL TRIBUNAL OBJETA AL MIDES EN REITERACIÓN REALDANIEL ISGLEAS