Cobraba 300 pesos por un día de licencia por enfermedad; el caso está en la Justicia.

Un solo médico le hizo perder 17 millones de pesos, equivalentes a casi 550 mil dólares, al Banco de Previsión Social (BPS). Lo hizo a través de la firma de una gran cantidad de certificados médicos "truchos", es decir de trabajadores que estaban sanos. El caso, por el que la Justicia todavía no se expidió, fue descubierto el año pasado por el diario El País.

El profesional, con título de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR) y afiliado al Sindicato Médico del Uruguay (SMU), cobraba el año pasado 300 pesos por certificar un día por enfermedad.

El médico certificó en junio de 2015 a un periodista de El País que se hizo pasar por empleado de una barraca. La irregularidad fue denunciada a este medio por el dueño de un negocio del ramo ubicado en la Costa de Oro, ya cansado de que sus empleados no fueran a trabajar.

El empresario detectó la estafa porque empezó a recibir una gran cantidad de certificados médicos firmados por el doctor en cuestión. Además, le llamó poderosamente la atención que su barraca está muy lejos del kilómetro 16 de Camino Maldonado, donde estaba ubicado el consultorio. Los trabajadores que habían sido certificados también vivían en zonas muy distantes.

"Tengo un trabajador que faltó y se presentó sin comprobante, por lo cual se le dieron tres días de suspensión por acumulación de faltas. Al retorno de la suspensión se apareció con un certificado que lo redimió de la pena. No solo faltó de gusto, sino que se tomó los días que con el papelito ahora son pagos", relató el empresario en ese entonces a El País.

Cuando el periodista se hizo pasar por empleado de la barraca, el médico, que lo veía por primera vez, le aclaró que no hacía certificados por más de tres días, pues al cuarto recién empieza a pagar el BPS. Sin embargo, fuentes del Banco dijeron a El País que el doctor firmó justificaciones por mucho más tiempo, y por eso la pérdida fue tan grande, de casi 550 mil de dólares.

El BPS denunció el caso ante la Justicia. Está en manos del Juzgado Letrado en lo Penal de 2° turno y la primera audiencia fue el pasado 10 de junio. El País consultó al juez de la causa, Pedro Salazar, pero este no quiso hacer declaraciones sobre el tema.

Aunque la precariedad del consultorio del médico —una pequeña vivienda con una puerta de metal que chillaba muy fuerte al abrirse— despertaban dudas sobre la legitimidad del profesional, los certificados que este firmaba tenían hasta el sello oficial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Ante el periodista, el médico se presentó con championes grises, pantalón deportivo negro con rayas blancas y un buzo polar verde, en una desordenada sala de espera equipada con un escritorio, una vieja computadora y una biblioteca casi vacía de libros. Tras atravesar un oscuro pasillo estaba el consultorio, con una diminuta ventana, una camilla con un sobre de dormir tirado sobre ella y un canasto con rollos de papel higiénico, varios frascos y una gran cantidad de jeringas desparramadas.

Tan solo había una silla y en la breve charla que mantuvo el médico con el periodista de El País —desde que entró hasta que salió del lugar no pasaron más de dos minutos—, el profesional se mantuvo parado. El certificado lo firmó sin reparos, con la impunidad de quien evidentemente había realizado la misma tarea una y otra vez.

El pasado 28 de junio, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, el ministro de Economía, Danilo Astori, mostró una gráfica (ver infografía) que revela un crecimiento exponencial del costo para el BPS de las licencias por enfermedad a partir del año 2005.

Mientras en 2005 estas implicaban una pérdida para el Banco de 500 millones de pesos, en 2015 son más de 4.200 millones de pesos, o sea más de 150 millones de dólares. La situación llevó, dijo el ministro, a que se creara un grupo de trabajo entre el BPS, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el de Economía y Finanzas para lograr "evitar el abuso del instrumento".

Durante el 2014 el BPS pagó US$ 149 millones por subsidios por enfermedad y complemento de accidentes de trabajo a 441.736 empleados, mientras que en 2013 fueron US$ 123,5 millones a 429.572 personas. No se dieron a conocer los números redondos sobre la cantidad de personas certificadas durante 2015.

"En el caso de la seguridad social hemos observado un incremento desmesurado de los gastos. Nosotros queremos modificar esta situación, que se debe a algo que ocurrió en 2010. Ese año se dispuso un incremento gradual del tope de ingresos cubiertos por el BPS y cambios en los procedimientos de certificación de enfermedades, con lo cual el gasto en subsidios por enfermedad se duplicó entre 2010 y 2015", precisó.

Insistió en que el gobierno tiene la determinación de "superar esta situación, que es muy negativa para el país", y que por eso se creó el grupo de trabajo para frenar los abusos.

Sobre este tema también se ha expresado semanas atrás el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien en declaraciones a El País calificó el ausentismo de los empleados como un problema grave, y dijo que en algunos sectores alcanza a un 20%. Este es el caso, por ejemplo, del personal de enfermería de los hospitales públicos. El jerarca añadió que "los mayores niveles de ausentismo se dan los viernes, sábados y lunes".

Ante esta situación el BPS nombró este año un gerente de administración de salud, reforzó el personal de la gerencia de certificaciones y peritajes, al tiempo que contrató a 20 médicos certificadores, 10 para Montevideo y 10 para el interior.

Además, en el Banco preparan un cambio del software que se utiliza en la gerencia de salud para detectar cuáles son los médicos que más certificados firman.

Sobre este último punto, fuentes del BPS dijeron a El País que aunque saben que hay más médicos como el de Camino Maldonado que firman certificados "truchos", hasta ahora no se han podido comprobar más casos de estas características aunque están investigando.

El BPS cerró su balance 2015 con un déficit operativo de US$ 390 millones. Esto se debe tanto a una caída de las recaudaciones, como a un mayor pago de las prestaciones, como ser las certificaciones médicas. El monto representa el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado y corresponde al 7% de los ingresos brutos del Banco.

En 2014 el déficit del BPS se había ubicado en US$ 28 millones, pero había tenido una recaudación extra de US$ 130 millones por devoluciones de las AFAP, producto de la Ley 19.162 de desafiliación de las mismas.

En 2015 los ingresos del BPS cayeron un 2,3% en comparación a 2014 y medidos en base al Índice Medio de Salarios (IMS). La entrada de dinero al BPS por concepto de aportes jubilatorios se redujo 1,1% y bajó 0,6% el número de trabajadores cotizantes. Los egresos crecieron 3,9%, esto, con alta incidencia de los gastos por el pago de jubilaciones que aumentaron 2,9%.

La cantidad de jubilados, además, aumentó un 1% en el año.

El trabajador de la actividad privada que quede impedido de trabajar por razones de salud, tiene derecho desde el cuarto día de la enfermedad inclusive, y en caso de internación desde el primer día, a percibir una prestación en dinero, equivalente al 70% de su salario básico más la cuota parte del aguinaldo correspondiente a ese período. Para acceder a este derecho, el trabajador debe tener una cotización de 75 jornales, o tres meses de trabajo en la empresa. También están incluidos en el beneficio los patrones titulares de empresas unipersonales que no tengan más de un dependiente.

La certificación por enfermedad es ingresada directamente al sistema informático del Banco de Previsión Social (BPS) por las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas. Es deber del trabajador informarle a la empresa que se encuentra enfermo. Si se certificó en consultorio o en su domicilio, debe conservar la copia de la certificación que le dejó el médico de su prestador de salud, ya que el original ingresa por vía remota desde el centro asistencial al BPS. A los tres días deberá comunicarse con el BPS para elegir el lugar de cobro del subsidio por enfermedad.

ESTAFA AL ESTADO