Nadie en la Mesa Política del Frente Amplio levantó la mano ayer para defender el decreto de esencialidad en la educación pública. De todos modos, el Frente Líber Seregni del ministro de Economía, Danilo Astori, y la Lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic salieron explícitamente a respaldar al presidente Tabaré Vázquez.

La Mesa Política pidió una reunión con el Poder Ejecutivo para tratar de encontrar una solución al conflicto de la educación. La idea es que una delegación del organismo se reúna con Vázquez o con los ministros de Educación, María Julia Muñoz, y de Trabajo, Ernesto Murro, para analizar una salida, dejando en suspenso (no levantarlo) el decreto de esencialidad, contaron a El País fuentes de la coalición de izquierda. La Mesa Política aprobó un cuarto intermedio a la espera de la reunión con el gobierno.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) hizo explícita su posición de que se levante la esencialidad. Es más, el senador Ernesto Agazzi dijo a Radio Oriental que "una gran medida de sensatez es también tener marcha atrás para retomar lo que importa".

Por su parte, el FLS evitó hacer comentarios sobre la esencialidad en un comunicado donde reafirma "como siempre su total respaldo al gobierno del Frente y a Vázquez". Los astoristas entienden que la educación "es la prioridad absoluta de este gobierno en los recursos destinados a ella, pero también en su calidad, en los cambios cada día más imprescindibles".

La mayoría de los integrantes de la Mesa Política que responden al MPP, PCU, Casa Grande y PVP, están en contra de la declaratoria de esencialidad. En el mismo sentido, se expresó el presidente de la Vertiente Artiguista, Daoiz Uriarte, quien consideró "que la esencialidad no es la respuesta adecuada a la situación planteada por ser jurídicamente equivocada e inconveniente desde el punto de vista político", aunque reconoció "los esfuerzos presupuestales" del gobierno en materia educativa.

"La mayoría de los que hablamos en la Mesa Política constatamos que fue un error la aplicación del decreto de esencialidad", dijo a El País Carlos Coitiño, del PVP. En su opinión, también hay una "equivocación" del gobierno al ordenar ayer la desocupación del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de la Comisión de Apoyo de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Por otra parte, el comunista Daniel Marsiglia transmitió a la Mesa Política un mensaje de Vázquez, donde aseguró "que no habrían desocupaciones de lugares estudiantiles", comentó Coitiño.

La comisión de Legislación del Trabajo de Diputados aprobó ayer, tras recibir a una delegación de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU), una declaración en la que se exhorta al Poder Ejecutivo a derogar el decreto de la esencialidad en la educación.

Además, legisladores de todos los partidos coincidieron en que bajar el decreto no sería una señal de "debilidad" que mostraría el Poder Ejecutivo. Por el contrario, afirmaron que lo "fortalecería" porque permitiría negociar en mejores condiciones de ambos lados.

Al respecto, el diputado colorado Fernando Amado sostuvo que se siente "vazquista" porque el presidente "ha quedado solo" y él defiende "la posición del Poder Ejecutivo", es decir, el decreto de esencialidad.

La solicitud al Poder Ejecutivo se votó por cinco en seis, haciéndolo a favor los diputados frenteamplistas Óscar Andrade (PCU), Daniel Placeres (MPP) y Luis Puig (PVP), y los nacionalistas Wilson Ezquerra (Alianza) y Nelson Rodríguez (Todos). El colorado Amado no acompañó.

En la comisión, José Olivera, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes), afirmó que el Poder Ejecutivo los somete a un "chantaje". "¿Qué plantea el Poder Ejecutivo? Te doy negociación si no hacés más paro. Eso para nosotros es un chantaje y lo decimos con todas las letras para que quede claro", dijo.

En tanto, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo que el gobierno ha cometido "un grueso error" porque el decreto "resulta endeble desde el punto de vista de su fundamentación". Planteó su preocupación por el tono como se refirió el gobierno a los trabajadores diciéndoles que si el lunes no van a dar clases pueden exponerse a "medidas intimidatorias, sancionatorias", expresando que "esa amenaza puede constituir un factor de irritación adicional" a la situación planteada.

El presidente de la comisión, el comunista Óscar Andrade, dijo que la primera medida a adoptar "es sacar de encima de la mesa el decreto de esencialidad, y sin condiciones". "En ese marco hay que poner la pelota contra el piso y dejar de estigmatizar la plataforma de los docentes", dijo.

Luego, el nacionalista Rodríguez coincidió en que "el decreto de esencialidad no se corresponde con la situación de la enseñanza".

También el diputado del MPP Placeres pidió bajar el decreto de esencialidad. "El mero hecho de elevar una comunicación desde la comisión al Poder Ejecutivo en el sentido de que se deje sin efecto la esencialidad, ayudaría. Porque lo demás es pan y circo", dijo.

Puig agregó que el decreto "agrava la situación".

Amado afirmó en la reunión que Vázquez "está solo, o que lo están dejando solo", y que "en este momento me siento el único diputado vazquista o el único que defiende la posición del Poder Ejecutivo".

Abdala salió al cruce de Amado diciendo que el gobierno es "contradictorio", y que su "primer deber es procurar los entendimientos y generar paz en la sociedad, sin perjuicio del conflicto".

Amado volvió a defender a Vázquez diciendo que en la campaña, en ese tema, "no mintió; se lo lleva a la Presidencia, hace lo que dijo que haría y en ese momento muchos de los que lo llevaron a la Presidencia le quitan el apoyo político".

"Hasta acá he llegado", dijo el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, al presidente Tabaré Vázquez, al ministro Ernesto Murro y a la dirección del Partido Comunista. "Más allá de los objetivos o las ideas que uno puede tener, es muy fuerte para mí formar parte de un equipo de gobierno que decreta los servicios esenciales a los docentes. Fui 30 años dirigente sindical, peleando en contra de estos decretos y luchando por los derechos de los trabajadores", dijo Castillo a radio Facción de Argentina. "No puedo salir a los medios a declarar en contra de la decisión del gobierno, prefiero irme y dejar mi cargo a disposición y que otro ocupe mi lugar; pero seguir tranquilo con mi conciencia", agregó. El tema fue analizado anoche por la dirección del Partido Comunista, al que pertenece Castillo. "El presidente de la República habló telefónicamente conmigo y dijo que comprendía mi situación, pero que no había alternativas y que confiara en que iba a salir de esto. "Me calificarán de traidor en cánticos. Eso es muy fuerte para mí. A otros les resbalan las palabras, a mí me calan muy fuertes las palabras y no soy traidor, luché siempre por el derecho de los trabajadores", aseguró.

Además dijo que la ministra de Educación, María Julia Muñoz, "tiene cuota parte de responsabilidad" en el conflicto.

Mayoría del FA contra la esencialidad; comisión del Trabajo pidió levantarlaVALERIA GIL/ DANIEL ISGLEAS