El fiscal en lo penal sostuvo en entrevista con El País que en Uruguay hay “penas de papel” para sancionar a la delincuencia y mencionó la existencia de cerca de 10 “beneficios” a los que los delincuentes pueden acceder para acortar la pena.

En este sentido dijo que la normativa debería ser modificada porque “el delincuente hace cálculos y le es negocio delinquir”. Zubía es crítico con el concepto de rehabilitación y sostuvo que es un “mito” que trabajar implica no delinquir. Asimismo afirmó que los jueces no dan abasto con los casos y se mostró de acuerdo con la percepción del Ministerio del Interior de que la delincuencia está creciendo en la clase media.

—¿Cómo evalúa el sistema de penas para la delincuencia?

—Estaba bien la legislación para 1950, pero para 2016, si queremos combatir el delito, hay que cambiarla. El Estado propicia que los delincuentes tengan enormes beneficios, entonces esto no se arregla con más policías, se arregla con legislación más severa. Hoy tenemos penas de papel.

—¿A qué se refiere?

—Por año grosso modo se denuncian 130.000 delitos, pero los criminólogos afirman que por cada delito denunciado hay tres o cuatro cometidos. Entonces puede haber 500.000 delitos cometidos. Ahora, por año, se procesan unas 12.000 personas y un 40% son procesados sin prisión, entonces en gruesas cifras por año tenemos 6.000 personas que van a la cárcel… de unos 500.000 delitos cometidos.

—¿Por qué son tantos los procesados sin prisión?

—Está de moda procesar sin prisión.

—¿Incide que haya muchos delitos menores?

—En nuestro sistema cuando se pronostica que la pena va a ser superior a dos años, o sea, de penitenciaria, ahí el juez no lo puede procesar sin prisión y lo tiene que procesar con prisión. Todo lo que sea delito como rapiña, violación, homicidio es con prisión. El resto es sin prisión. De todas formas hablamos que de 500.000 delitos solo 1% va preso.

—Siempre se dice que hay hacinamiento en cárceles, ¿eso incide al determinar si se procesa con prisión?

—Ese es un problema del Estado. El sistema carcelario ha mejorado en ese sentido, de todas formas ese no es argumento para no procesar con prisión. El problema es que tenemos una cantidad de beneficios excarcelatorios para que una vez que ese 1% está dentro pueda ir eludiendo la pena.

—¿Por ejemplo?

—Primero, libertad provisional, que se le otorga a todos aquellos que no tengan penas de penitenciaría, generalmente para hurtos, apropiaciones indebidas, lesiones personales, delitos medianos y que suman las dos terceras partes de los procesados. En estos casos las personas recuperan la libertad en un plazo de tres a cinco meses. O sea que de los 6.000 unos 4.000 recuperan la libertad entre tres y cinco meses más tarde. Entonces pasan a ser penas de papel, porque en el papel el fiscal o el juez piden a esos de 15 a 22 meses.

—No es el único mecanismo que reduce las penas.

—No. En total hay unos diez beneficios para que la persona no cumpla la prisión. Otro mecanismo es la libertad condicional. Esto es que al momento de recaer la sentencia si la persona está en libertad, a partir de informes de criminología que garantizan que no cometió nuevos delitos desde entonces, en el 95% de los casos el individuo no es reintegrado a prisión. La realidad es que si se portó mal, se portó mal y nada tiene que ver su comportamiento posterior. Pero además hay otro beneficio más: la suspensión condicional de la pena que implica que si la persona cuando cometió el delito no tenía antecedentes al momento de la sentencia, el juez puede extinguir el delito si es que desde entonces tuvo buena conducta. Es decir, queda virgen nuevamente y en la planilla de antecedentes no surge nada. Este es otro ejemplo de los beneficios que el Estado uruguayo les otorga a los delincuentes. También hay prescripciones. Las personas que delinquen y se van al exterior, si vuelve cuatro años más tarde en el caso de los delitos chicos o en 10 años en los medianos, las causas prescriben. Pero la historia continúa. Para los que tienen sentencia y están presos está la libertad anticipada. A la mitad de la pena el juez debe decir si le da la libertad o no. De proseguir en la cárcel, al cumplirse las dos terceras partes de la pena el juez y la Suprema Corte tienen que fundar por qué no le dan la libertad y si no el individuo recupera la libertad. Hay que hacer mérito para decir por qué tiene que seguir preso.

—¿Cree que las salidas transitorias ayudan a la recuperación del delincuente?

—Esas las puede gozar todo penado que demuestre que tiene buenos hábitos. Pero el hábito de reinserción social nos creemos que lo podemos valorar por la conducta de un individuo o por la actividad laboral. ¿Cuántos delincuentes existen que trabajan seis horas, ocho horas por día?

—¿Son muchos?

—Los delitos de cierto guante blanco, como la estafa, no son desarrollados por personas desarraigadas en la sociedad y tenemos una cantidad. Existe el mito de que el que trabaja no delinque. Entonces se traslada a que si la persona trabaja dentro de la cárcel es porque se rehabilitó y no es sinónimo.

—Pero el sistema prevé que el trabajo también reduce penas.

—Sí, trabajar o estudiar debita días de la condena que es la redención de la pena. No es que esté mal y no estoy en desacuerdo, pero no es sinónimo que la persona que trabaja o estudia dentro de la cárcel no vaya a cometer más delitos.

—¿Los delincuentes no se rehabilitan?

—Yo creo que hay que tener un criterio realista y no conceptualista referente al delito. No podemos partir de la base que la recuperación sea un hecho y sobre todo cuando, en el caso de los procesamientos sin prisión, no existe ningún seguimiento del delincuente. Hoy las tasas de reincidencia que maneja el Ministerio del Interior son elevadas, del orden de un 45%.

—¿Usted quiere decir que el Estado no pena el delinquir?

—El Estado pasa dando incentivos y beneficios para que no tengamos presos. El Estado hace quitas en la pena al deber de reparar el daño cometido.

—¿Dentro del juzgado percibe que el delincuente considera el sistema como laxo?

—Hoy el delincuente tiene clarísimo que delinquir es muy barato y si lo agarran tiene una cantidad de beneficios. Hay que decirle al delincuente: "Delinquir es costoso". Jamás vamos a eliminar el delito, pero sueño que la gente sienta que el sistema penal tiene coherencia y cuando hay un delito y se captura al delincuente, responde. Sale mucho dinero capturar a una persona.

—¿Cree que los delincuentes hoy se atreven a más? En las últimas semanas ha habido varios intentos de ingresar a predios militares y en un caso un robo de armas.

—Armas sobran y con un calibre 38 lo mata igual que con un FAL. Es una aberración que estemos discutiendo el tipo de armas que usan los delincuentes cuando lo necesario es discutir la legislación. Soñamos con un mundo utópico en el que un hombre por mecanismos meramente racionales va a cambiar y la realidad indica que las sociedades se enfrentan a temas de delincuencia más fuertes y en el caso de Uruguay lo que falta son límites, el delincuente tiene la percepción de que no hay límites.

—¿Cree que el nuevo Código del Proceso Penal avanza?

—El Código del Proceso Penal es bueno en investigación porque suma fiscales con policías y da más garantías a los indagados. Pero en el régimen de libertades lamentablemente sigue con toda esta historia de beneficios. Es más dramático porque en la libertad condicional el individuo tiene enormes garantías al momento que se le da la sentencia, pero cuando cae la sentencia, en todos los sistemas acusatorios y nos centramos en el americano que es el arquetipo, el individuo va preso y en el nuevo código está proyectado que siga la misma libertad condicional. Es decir cuando cae la sentencia si el individuo no cometió nuevo delito y muestra buena conducta, queda en libertad. Entonces el nuevo código, que yo lo apoyo, si no modifica las penas y el cumplimiento, seguimos estando mal porque en Uruguay el delincuente hace cálculos y le es negocio delinquir.

—¿Usted considera que deberían eliminarse todos los sistemas de libertades?

—No, no es que esté en desacuerdo con el sistema de libertades, pero tienen que aggiornarse y ser acordes a la realidad de 2016 que no es lo mismo de 1950. No puede ser que tanta gente quede con delitos impunes y aunque sea procesada no pague un solo día de cárcel, que dos terceras partes de los procesados con prisión salgan a los pocos meses y que un cuarto sea procesado con prisión, pero tenga todos los beneficios de salidas transitorias, redención por trabajo o estudio y libertad anticipada. Estoy de acuerdo con estos últimos beneficios porque por lo menos cumplen, pero no estoy de acuerdo con que a una persona la roben en la calle y el delincuente sea procesado sin prisión. El Estado propicia que trabajar en el delito es una actividad más que puede tener un riesgo chico el día que lo agarren.

—¿Ve eso en el juzgado?

—Sí. El otro día le pregunté a uno qué andaba haciendo y me dijo: "Trabajando". Se levanta a las 12 y "trabaja" hasta las 18, me detalló. Y eso implica un monedero, una bicicleta, marcar a alguien en un banco.

—El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, planteó que la delincuencia crece en la clase media. ¿Lo comparte?

—Sí, se empiezan a ver casos de jóvenes de clase media. Hay muchachos que terminaron el liceo pero no trabajan y conversan con otros que le dicen que hicieron $ 15.000 robando autos y en desarmaderos y eso va generando todo un corrimiento. Hace poco había una persona que marcaba gente a la salida del banco. Vivía con los padres, estudiaba. De alguna forma lo reclutaron. Antes eso no se veía.

—¿Los jueces dan abasto con los casos?

—No. Los jueces no traen al juzgado todas las cosas que la Policía da cuenta porque no dan abasto. En España se calcula un juez penal cada 35.000 habitantes. En Montevideo hay un juez penal cada 90.000.

Gustavo ZubíaLUCÍA BALDOMIR