INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA

Coya adjudicó una obra de US$ 64 millones sin pasar por Directorio

Cuando presidió Ancap alegó potestades sobre obra de la regasificadora.

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La construcción de la planta se encuentra paralizada desde febrero de 2015. Foto: Gas Sayago

En 2015, el entonces presidente de Ancap José Coya decidió, sin pasar el tema por Directorio del ente, la adjudicación de la obra de construcción de la interconexión del gasoducto Cruz del Sur con la futura planta regasificadora a la cuestionada constructora brasileña OAS —investigada por corrupción— por un valor total de US$ 64 millones. Se amparó en informes de Gas Sayago, pero no dio cuenta de su decisión al resto de los directores de Ancap, entre quienes había representantes de la oposición.

Entre las obras conexas a la construcción del buque regasificador, en el proyecto se contaban el dragado y la conexión del gasoducto con la terminal en tierra. Eso se le adjudicó de esa forma a la constructora brasileña que es indagada en su país por el pago de coimas para la adjudicación de obras en la denominada operación Lava Jato.

La información fue confirmada por el propio Coya —fue presidente de Ancap desde el 1º de noviembre de 2013 hasta marzo del año 2016— ayer en el Parlamento tras el escándalo de las denuncias de la comisión investigadora del Senado que terminaron en la sede penal de Crimen Organizado.

Ante la comisión investigadora parlamentaria sobre el fallido proyecto de la planta regasificadora, Coya alegó razones de urgencia para tomar la decisión, y con sus palabras se confirmó que el Directorio de Ancap como tal, no discutió ni analizó la resolución que aquel ya había tomado. Coya brindó esta información en respuesta a preguntas del diputado nacionalista Pablo Abdala, que promovió la investigación.

Para Abdala, la decisión de Coya "confirma la predeterminación con la que se actuó en el gobierno para adjudicarle la obra a OAS".

Sesiones atrás, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, denunció en la comisión investigadora que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, cuando ya había dejado su cargo, fue traído a Uruguay por OAS y participó en una reunión con empresarios de distintos sectores en un hotel de Carrasco donde se analizó la obra de la regasificadora de Puntas de Sayago.

La Policía Federal brasileña y la Procuraduría de la República sospechan que el expresidente recibió sobornos por 3,7 millones de reales (aproximadamente US$ 1,1 millones) de OAS. La prensa brasileña ha informado que Lula aparentemente tenía una relación estrecha con el expresidente de OAS, Leo Pinheiro. Condenado a 39 años de prisión, Pinheiro está preso desde septiembre pasado

De todas maneras, Abdala no dudó de "la legalidad o de la legitimidad formal que se pueda invocar" por parte de Coya, pero dijo que le "llama la atención la forma" de adjudicación "teniendo en cuenta que el órgano jerarca en un ente autónomo no es el presidente sino el Directorio".

Coya explicó que es una "potestad" del presidente adoptar determinadas resoluciones. "No me agrada, pero cuando uno está cumpliendo las funciones de presidente de Ancap se da cuenta de que hay muchas cosas que tienen que resolverse de esa forma", respondió.

El expresidente de Ancap sostuvo ante la comisión investigadora que "la regasificadora hacía viable —eso lo digo con absoluta propiedad— todo el negocio del gas natural de Ancap", y que "estudios que se realizaron en aquel momento" (...) "daban rentabilidad al proyecto, incluso, sin la demanda argentina".

Martínez y Sendic, llamados a la comisión.

La agenda de la comisión investigadora del Parlamento sobre la planta regasificadora marca dos nombres para próximas convocatorias: el del actual vicepresidente Raúl Sendic y el del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, ambos en su condición de expresidentes de Ancap en épocas en que se proyectaron inversiones y el déficit del ente creció hasta las nubes. A mediados de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó crear la comisión investigadora parlamentaria para indagar la fallida obra de construcción de la planta de Puntas de Sayago. Tras una larga jornada de debate parlamentario, se alcanzó la mayoría de 50 votos a 49, para habilitar la instancia, en la que fue clave el apoyo del entonces diputado del Frente Amplio Gonzalo Mujica, y el del legislador de Unidad Popular Eduardo Rubio.

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