Aunque el Parlamento le dio plazo hasta noviembre al gobierno para negociar un contrato con la minera Aratirí, más dudas aparecen sobre la viabilidad del proyecto de la empresa que informó el mes pasado a los productores de la zona donde planea extraer hierro que no les pagará más los derechos de servidumbre de paso y los cánones porque en este momento carece de liquidez.

De hecho, pagos que ya debería haber hecho no los hizo. En el proyecto de Aratirí había depositado grandes esperanzas el anterior gobierno para dinamizar una zona deprimida del este del país, pero cada vez su concreción aparece más difícil.

El anuncio fue hecho en una reunión realizada en el Club Democrático de la localidad de Cerro Chato por la gerente general de Aratirí, Helga Chulepín, a una veintena de productores. La empresa planteó dos alternativas a los productores: o que le inicien un juicio o que aguarden hasta la terminación de las negociaciones entre el gobierno para firmar un contrato que permita la extracción del hierro. Hasta que eso no ocurra, no cobrarían.

Ruben Barrera, productor de Durazno en la Octava Sección, participó en la reunión y dijo a El País que hay al menos 70 productores involucrados en la situación.

La empresa argumenta que como no ha podido comenzar a trabajar no cuenta con recursos, pero para Barrera "un contrato es un contrato" y debería ser cumplido.

"Estoy pensando pero el juicio sería la última opción", dijo Barrera. Explicó que lo que llama la atención a los productores es que los montos adeudados no deberían representar un problema para una empresa del porte de Aratirí.

Los productores no dieron una respuesta a la empresa con la que habría una nueva reunión después de Semana Santa. Entre ellos no hay unanimidad respecto a qué pasos dar porque también son diferentes los acuerdos que cada uno tenía con la minera. La posibilidad de realizar juicios genera dudas por lo elevado su costo. Los productores en su mayoría son pequeños y medianos. Barrera es escéptico respecto al proyecto. "Siempre lo vi muy lejos. Yo no dejé de hacer cosas e invertir en mi campo y no me puse nervioso", señaló.

Gustavo Sclavo es propietario del establecimiento en Florida donde está la mina Morochos (una de las cinco que planeaba explotar Aratirí ). Sclavo dijo a El País que la empresa siempre había pagado pero ahora aduce no tener liquidez. "Ya no nos asombra nada ni de parte de la empresa ni de parte del Estado", señaló. Sclavo comentó que la actividad de Aratirí en su predio le generó diversas dificultades, como tener que cambiar las porteras porque el personal de la empresa las dejaba abiertas, y tener que establecer un camino para los vehículos que transitaban por diferentes lugares cada día y le afectaban las pasturas. Sclavo dijo que a esta altura espera que el proyecto no se concrete porque si la empresa extrae hierro deberá abandonar su establecimiento ganadero en el que quedará un gran agujero. Los productores en la zona son en general ganaderos y ninguno sobrepasa las 1.000 hectáreas, señaló. La zona este del departamento de Durazno tiene además la alternativa de la producción forestal.

La desconfianza ante la empresa alcanza también al sindicato metalúrgico (Untmra) al que pertenecen los empleados de Aratirí. El dirigente sindical Francisco da Silva, dijo a El País que 90 de los trabajadores de la firma están en el seguro de paro y solamente cinco realizan algunas tareas de mantenimiento en la zona. La situación preocupa porque su seguro de paro vence en junio y plantearán en los próximos días su situación al ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Más de 30 mujeres están percibiendo el seguro de paro. La situación es preocupante, además, porque la zona en la que iba a funcionar Aratirí está deprimida, no tiene industrias ni posibilidades laborales y los indicadores sociales son "nefastos", agregó.

Sclavo reconoció que en la zona se había generado expectativa entre los jóvenes por el impacto de Aratirí desde el punto de vista de la creación de empleo. "No hay una UTU cerca. Los comercios tienen poca variedad de productos. No hay industrias. La ruta 7 está en mal estado", agregó el productor para ilustrar el rezago de la zona.

Manuel López, secretario del Interior de la Untmra, señaló a El País que el sindicato mantendrá reuniones este mes con la ministrada de Industria, Carolina Cosse, para analizar la situación y confía en que se extenderán los seguros de desempleo. El sindicato metalúrgico está dispuesto a estudiar alternativas aunque incluyan la extracción de cantidades de hierro inferiores a lo originalmente planeado, porque entiende que el precio internacional del hierro está muy deprimido y la rentabilidad del proyecto es hoy dudosa. La Untmra dará su posición oficial sobre la situación el 21 de abril.

Efectivamente, el hierro es uno de los productos que más ha declinado en el actual ciclo bajista de los "commodities". El precio "spot" se derrumbó ayer y acumula un retroceso de más de 10% en lo que va de la semana. Ayer retrocedió 3,9% y terminó en US$ 49 la tonelada. Aratirí siempre ha dicho que necesita, para hacer rentable su producción, que la tonelada ronde los US$ 100. Es que el consumo de acero (fabricado con hierro) en China, ha caído. Ese país importa más del 70% del hierro del mundo pero sus compras cayeron el año pasado por primera vez desde 1995. Esa caída coincidió con una abundante oferta. El hierro perdió 47% en 2014 y casi 30% en lo que va de 2015.

Así, la producción mundial se concentra en pocas empresas y se han cerrado minas de menos rendimiento o donde los costos de extracción son altos. Se trata de un mineral relativamente abundante en el mundo. El principal yacimiento uruguayo está en Valentines aunque también se lo encuentra en Rivera (ver nota aparte).

En cualquier caso, de concretarse, el proyecto de Aratirí tendría un porte muy inferior al originalmente previsto. Se suponía, en un primer momento, que implicaría la exportación de 18 millones de toneladas anuales de hierro. Pero el último plan que presentó al gobierno del expresidente José Mujica preveía la exportación de solamente 1,5 millones de toneladas anuales. Y ya no se embarcaría en las costas de Rocha a donde llegaría a través de un ducto sino que saldría por el puerto de Montevideo. No está claro de qué forma llegaría el mineral porque la infraestructura ferroviaria no está en condiciones para soportarlo. Desde que asumió el nuevo gobierno, ningún funcionario ha hecho consideraciones sobre el proyecto Aratirí aunque, como candidato, el presidente Tabaré Vázquez siempre se manifestó favorable a la minería de gran porte a cielo abierto.

Aratirí (del grupo Zamin Ferrous del magnate indio Pramod Agarwal) está en dificultades también en Brasil, donde suspendió su producción en una mina del estado de Amapá (norte del país). Anglo Ferrous, empresa que le vendió el yacimiento en US$ 270 millones, dijo que nunca utilizó el dinero que se le entregó para reparar el puerto de Santana, donde se embarcaba el hierro y que quedó inutilizado por un derrumbe en 2013.

Agarwal fundó su empresa en 2005 y tiene miles de millones de dólares. Su proyecto original en Uruguay suponía la extracción de hierro durante 20 años y la creación de 1.300 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos. La empresa aseguraba que invertiría US$ 3.000 millones. En la mina de Las Palmas en Durazno (la más grande de las que planeaba explotar) iba a producir el 50% del hierro.

Para los ambientalistas el proyecto reducido de Aratirí es una maniobra para conservar los derechos mineros un tiempo más. Según Raúl Viñas, uno de los dirigentes del movimiento que quiere prohibir la minería a cielo abierto en Uruguay, la empresa terminará presentando un proyecto escrito —todavía no lo ha hecho— para ganar tiempo. Incluso podría estar apostando a, con un proyecto más pequeño, quedar por fuera de las disposiciones de la ley de minería y así buscar una extensión de sus derechos. Esperaría que se revierta la tendencia a la baja en el precio del hierro, algo que por el momento no parece probable.

Los ambientalistas tienen la intención de seguir recolectando firmas para que se vote en referéndum la prohibición de la minería a cielo abierto porque consideran igualmente negativo el nuevo proyecto. Rechazan el plan de cierre presentado por Aratirí, advierten por la posible contaminación del aire y aducen que la minería no es una actividad para zonas de pradera. "No hay remediación posible para una zona que se dedicó a la minería", considera Viñas. Sostiene también que el viento esparcirá el mineral extraído que quedará en las denominadas "pilas de estériles" y eso puede ser nocivo.

El 21 de marzo en el club Democrático de Cerro Chato los militantes contra la minería presentaron 1.000 firmas contra Aratirí y festejaron cinco años de manifestaciones. Cerro Chato y Valentines, sumados, tienen menos de 3.500 habitantes.

Argumentó problemas de liquidez ante grupo de productoresJUAN PABLO CORREA