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A pedido de Presidencia, un fiscal de gobierno opinó que Francisco Casal no le debe a la DGI, y el caso está ahora en manos de José Mujica. El ministro Fernando Lorenzo defendió ante la Justicia que se haya bajado la deuda de US$ 100: a US$ 10:.

En un dictamen de 60 páginas, el fiscal de gobierno Daniel Borrelli consideró que el contratista deportivo Francisco Casal no debe impuestos.

También recomendó que se haga una investigación administrativa en la DGI por posibles irregularidades en el trámite del expediente a Casal y que, en caso de que se condene al Estado por esto, se accione contra las funcionarios responsables de los hechos.

Borrelli intervino tras una consulta de la Presidencia, que tomó el expediente de Casal y se lo sacó al Ministerio de Economía a pedido del propio empresario, en un escrito que presentaron sus abogados, luego que Lorenzo consideró que el empresario no cometió defraudación tributaria y bajó el monto de su deuda de US$ 100 millones a US$ 10 millones.

El presidente José Mujica ya cuenta con el dictamen de Borrelli y deberá decidir si coincide en que Casal no debe impuestos o toma otra decisión. Formalmente, la resolución presidencial debe ser tomada en acuerdo con el Ministerio de Economía.

ESPECIALISTAS. En tanto, al ministro Lorenzo le costó mucho conseguir un especialista en Derecho Tributario que opinara si Casal incurrió en defraudación tributaria, de lo que fue acusado por la DGI.

Lorenzo, explicó ayer martes ante el juez en Crimen Organizado Néstor Valetti y el fiscal Juan Gómez las razones por las que revocó parcialmente una decisión de la DGI referida a Casal, lo que llevó a bajar la deuda del contratista de US$ 100 millones a US$ 10 millones.

Al declarar en carácter de indagado, el ministro relató que cuando recibió el recurso jerárquico contra la resolución de la DGI, presentado por el abogado de Casal, Leonardo Costa, vio que el director de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía era Nelson Hernández, quien fue antes director de Rentas y en ese carácter intervino en el expediente de Casal, informaron fuentes judiciales a El País.

El ministro dijo que consultó a abogados de la cartera y coincidieron en escuchar la opinión del fiscal de gobierno, Miguel Toma, y consideraron aconsejable su sugerencia de consultar a un experto.

Lorenzo constató que la mayoría de los expertos en Derecho Tributario ya habían sido contratados por Casal para que hicieran consultas en expedientes judiciales que lo involucran, añadieron las fuentes.

Entonces, el ministro le pidió a su sala de abogados que le suministrara nombres. Uno de los sugeridos fue Juan Manuel Albacete, del estudio Guyer & Regules, quien no había participado en los expedientes referidos a Casal. Se decidió contratarlo utilizando rubros que tiene la administración para el arrendamiento de obra de servicios profesionales, afirmaron las fuentes.

Además de Lorenzo, también declaró el fiscal de gobierno Miguel Toma, ambos por la denuncia en su contra del abogado Gustavo Salle, debido a la decisión de encargar a un estudio jurídico privado un informe para determinar si Casal incurrió o no en defraudación fiscal.

Valetti decidió que los testimonios de los dos jerarcas se tomaran en la mañana, fuera del horario habitual de funcionamiento de los juzgados. Lorenzo se retiró por una puerta trasera de la sede judicial.

En vista de lo prolongado del trámite del expediente sobre Casal en la órbita de la DGI y las presuntas irregularidades en el mismo, Lorenzo ordenó una investigación administrativa, de la que dijo en el juzgado que desconoce si existe ya una resolución.

"Fui a declarar hoy como cualquier ciudadano ante la Justicia, en el juicio que inició el doctor Salle, cuyo contenido ustedes bien conocen porque se ha hecho publico", dijo Lorenzo ayer en el Palacio Legislativo, y prefirió no hacer más comentarios sobre el tema.

A pedido de Casal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) evalúa si declara la nulidad de todo lo actuado por la DGI en torno al contratista. El abogado Leonardo Costa, asesor del empresario, dijo a El País que por el trámite del caso el fallo se conocerá "en dos o tres años".