1/1:  20120514 800x436 ()

El gobierno argentino puso en el congelador nuevamente el dragado del canal Martín García, esta vez hasta que se realice una auditoría para determinar si son veraces las denuncias de corrupción relacionadas a una empresa contratada.

El canciller argentino Héctor Timerman convocó ayer al embajador uruguayo, Guillermo Pomi, y le entregó una nota dirigida al canciller Luis Almagro, en la que solicita iniciar en 24 horas una auditoría conjunta en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).

La Cancillería uruguaya aceptará la propuesta argentina. El 1° de marzo ya había pedido al Tribunal de Cuentas que, cuando finalice el proceso licitatorio del dragado del canal Martín García, audite la legalidad del gasto de la parte uruguaya en la CARP.

Timerman sostiene en la nota que el pedido se debe a "las graves, sorpresivas y reiteradas denuncias publicadas en medios periodísticos del Uruguay y replicadas por medios de la Argentina respecto de posibles irregularidades y eventuales hechos de corrupción en la prórroga del contrato de mantenimiento del canal Martín García con la firma Riovía S.A.". En la misiva, señala la preocupación de su gobierno de que se avance en el proceso de llamado a licitación pública para la profundización del dragado del canal Martín García "hasta tanto se esclarezcan las denuncias difundidas por la prensa y por la gravedad institucional que ellas representan para ambos países".

Por ello, Timerman destacó "la importancia de establecer si dicha empresa ha incurrido en un acto de corrupción antes de dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para la profundización y mantenimiento del canal".

En la nota, Timerman propone la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en representación del gobierno argentino y espera que su par uruguayo designe al órgano que considere competente. Agrega que dio "instrucciones precisas" a la delegación argentina ante CARP y que su intención es "dar a publicidad el resultado de la investigación".

Timerman le pide a Almagro que "se de a conocer a la opinión pública" que todas las decisiones tomadas en el marco de la CARP "han sido realizadas de común acuerdo por ambas delegaciones" y en particular el precio de la prórroga contractual para la continuidad de las tareas de mantenimiento del canal.

VERSIONES. Fuentes diplomáticas uruguayas y argentinas señalaron que Timerman está "muy molesto" por las versiones de prensa surgidas en Uruguay y que así se lo manifestó al embajador Pomi y a funcionarios de su ministerio.

Las fuentes argentinas indicaron que varios miembros de la Cancillería de ese país apuntan a que las versiones de una coima aparecidas en la prensa uruguaya partieron del ex embajador en Argentina y actual jefe de gabinete del ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. El funcionario es resistido en sectores del gobierno de Cristina Fernández tras su gestión como embajador durante la presidencia de Tabaré Vázquez. Sin embargo, desde la Cancillería uruguaya se descarta la veracidad de esa acusación y se apoya a Bustillo y a la delegación uruguaya en CARP.

El viernes, la revista Caras y Caretas informó sobre un intento de soborno a Bustillo que éste rechazó. El diplomático, mediante un comunicado, negó esa información. El propio Mujica había descartado la posibilidad de corrupción en la CARP.

Cancillería: En marzo pidió al TCR que audite a la delegación de Uruguay en la CARP.

El gobierno tenía previsto que esta semana la delegación uruguaya en la CARP respondiera la propuesta argentina sobre el pliego del llamado a obras para el dragado del canal Martín García, que se pretendía anunciar el próximo 1° de junio.

Pero con resignación y decepción se asume que la auditoría solicitada por Argentina demorará los plazos previstos, por los cuales se esperaba estar dragando a fines de septiembre o principios de octubre.

Días atrás, el presidente José Mujica reclamó a quienes afirmaban que podía haber irregularidades en la extensión del contrato a la empresa Riovia, encargada del mantenimiento del dragado, que presentaran denuncia ante la Justicia. Mujica apuntaba en especial al diputado colorado Juan Manuel Garino. Incluso, Mujica y el canciller Luis Almagro alertaron que estas versiones podían generar problemas en la concreción de las obras de dragado.

En tanto el gobierno argentino hacía publico su solicitud de una auditoría en la CARP -con el consiguiente atraso en el proceso de dragado-, la Cancillería uruguaya emitía un comunicado en que destaca que continúa el proceso para el dragado del río Uruguay.

El comunicado menciona que el pasado 11 de mayo, en la sede de la CARU, se abrió el segundo sobre presentado por las empresas participantes de la licitación para la elaboración del proyecto de dragado y balizado del Río Uruguay.

Este segundo sobre contiene las propuestas financieras de las cuatro empresas participantes, cotizando por los dos tramos incluidos en la licitación: desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 187,1 del río Uruguay (Tramo I) y desde el kilómetro 187,1 al kilómetro 206,8, puerto de Paysandú (Tramo 2).