La turbia opción de Cristina Fernández

Una interpretación inevitable es que el vicepresidente argentino tomó como rehén a su propio gobierno y demostró ser capaz de malherirlo.

Entre la espada y la pared, Cristina Fernández optó por sacrificar a una figura emblemática del "camporismo", la variante peronista que el kirchnerismo eligió como identidad política.

El hombre que expulsó, además de haber sido ministro de Héctor Cámpora en la paradigmática década del setenta, era un antiguo y entrañable amigo del matrimonio patagónico. Sin embargo, la presidenta lo sacrificó luego de que Amado Boudou lo desgarrara con uno de los zarpazos que lanzó como fiera acorralada.

No sorprende que un funcionario kirchnerista sospechado de corrupción acuse a la prensa y a los magistrados que osen investigarlo. Lo que sorprendió es que Boudou haya denunciado por intento de soborno a Esteban Righi, un miembro incuestionable de la estirpe camporista, que renunció como Procurador de la Nación ante una presidenta que le bajó el pulgar.

La denuncia que ensució a Righi es de imposible comprobación, además de volverse contra el propio denunciante, ya que los "intentos de soborno" debieron ser denunciados por Boudou al producirse, años atrás. Pero la presidenta lo mismo expulsó a Righi, favoreciendo al sospechado vicepresidente.

El primero es la historia viviente del camporismo, además de un antiguo hombre de confianza de Kirchner, mientras que Boudou es un neoliberal reciclado, que viene de la derecha inspiradora de las privatizaciones menemistas.

El salto ideológico del vicepresidente lleva, para muchos, la marca inconfundible de los arribistas y los trepadores. Así lo ven incluso muchos kirchneristas. Pero la presidenta optó por él, aún en medio de un escándalo del que se defiende lanzando un desordenado ataque cuya primera víctima es un respetado exponente de la ideología gobernante.

Una lectura inevitable de esta decisión presidencial que tan claramente afecta su propia imagen, es que el procurador general fue castigado por no haber impedido que un fiscal investigue de verdad a un miembro del entorno presidencial. El mismo razonamiento explica la ofensiva judicial lanzada por el kirchnerismo contra el juez que permitió el allanamiento. Al fin de cuentas, si por el "caso Ciccone" cayera Boudou, inexorablemente caerían otros funcionarios cercanos a la mandataria.

De tal modo, Cristina Fernández acaba de marcar el terreno a la Justicia, señalándole cuál es la raya que no debe atravesar.