Tiempos de definiciones

HERNÁN SORHUET GELÓS

A un mes y medio de la realización de la Cumbre RIO+20, en la cual las naciones del mundo deberían ponerse de acuerdo en el rumbo que debería tomar el desarrollo, la producción, el comercio, la gestión de los ecosistemas, el uso de las fuentes energéticas, etc., debería notarse un mayor compromiso de los gobiernos por el desarrollo sustentable.

No se trata de dar una respuesta refleja y transitoria a la realización de un encuentro de esta envergadura, sino de un llamado de atención que provoque una reacción positiva a favor de ajustes al modelo no sostenible que se aplica en todas partes.

Se sabe que resultará muy difícil cambiar el paradigma establecido en el siglo pasado, que prioriza el desarrollo económico por sobre toda otra consideración. Hasta ahora las críticas y cambios propuestos se han visto como un ataque al desarrollo, a la producción y al trabajo cuando, en realidad, lo que intentan es defender esas legítimas metas de la sociedad, porque bien encauzadas, conducen al progreso y la mejora de la calidad de vida de la gente.

Sin equidad social y conservación de la diversidad biológica cualquier estrategia de desarrollo desplegada no resultará sustentable. Simplemente podrá exhibir algunos resultados numéricos interesantes, cuya interpretación técnica asegure una prosperidad irreal para la comunidad.

Uno de los factores claves es pensar en el mediano y largo plazo. Porque obliga a respetar la dinámica de los ciclos naturales, y considerar las futuras necesidades de las generaciones venideras.

Es visión por lo alto que por ahora no se percibe. Detengámonos en un ejemplo puntual.

La polémica desatada por la intención de construir un puente sobre la laguna Garzón, que una la ruta 10 entre los departamentos de Maldonado y Rocha, confronta visiones cortoplacistas con las opuestas. Aunque esta idea es de muy vieja data, hasta ahora no prosperó porque implica impactos ambientales de magnitud, en una zona de gran valor ambiental y de notoria fragilidad frente a los emprendimientos humanos convencionales (viales, urbanísticos, etc.).

Pero en 2008 un empresario argentino le propuso al gobierno uruguayo la construcción del puente a su costo, con el propósito de valorizar considerablemente su proyecto inmobiliario en la zona. La firma del convenio entre el particular, el Ministerio de Obras Públicas y las intendencias de Rocha y Maldonado se realizó sin más demora, y dos meses y medio después el Poder Ejecutivo aprobó el convenio.

En febrero de este año el Secretario de la Presidencia anunció que en la reunión del Consejo de Ministros -que acababa de finalizar- se había resuelto la construcción del puente.

Lo sorprendente de todo el asunto es que hasta hoy la Dirección Nacional de Medio Ambiente no se ha expedido si corresponde o no autorizar la realización del proyecto. Cuánta presión estará recibiendo la Dinama al formar parte del Poder Ejecutivo, quién ya anunció su decisión de autorizar la obra.

Queda claro que Uruguay necesita contar con una repartición técnica con mayor rango y peso. La importancia que estos temas tienen para el desarrollo nacional amerita la creación de una secretaría de estado con competencias ambientales exclusivas.

En definitiva, lo que importa es asegurar el interés general sobre el particular y la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales.