Canelones y Bulevar

Leonardo Guzmán

El lunes, el Comandante en Jefe del Ejército tomó distancia de los homicidios cometidos en cuarteles, como el más que execrable que se confirmó al exhumarse los restos -el cadáver vilipendiado- de Julio Castro. Dando por derogado cualquier acuerdo en contrario, llamó a despejar las verdades pendientes.

No siguió la reciente costumbre de llamar a esos delitos, "ejecuciones". Hizo bien. Esa palabra -sinónimo de ajusticiamiento- supone una sentencia que se ejecuta: todo lo contrario de un gatillo que se disparó a mansalva o una tortura que se rebasó a escondidas.

Tanto quienes, invocando lesa humanidad, persiguen hoy el castigo sin fin de los autores por encima de las décadas como quienes, por razones de principios, sostenemos que el régimen de prescripción penal no debe alterarse en perjuicio del reo, juntos unos y otros recibimos con beneplácito las expresiones del Comandante Aguerre. Es que como personas, la verdad -aun después de cuestionarla ciertas modas relativistas y decadentes- sigue siendo un valor que, mirado de frente, a todos nos hace libres.

Y algo más: mereció un suspiro de alivio este regreso a la responsabilidad personal e incomunicable, muy propia de todo el Derecho Penal -incluso el Militar-, que se construyó sobre el concepto de que cada uno responde por sus intenciones y por sus actos, porque dolos y culpas no se comunican y son intransferibles, lo cual es particularmente relevante cuando lo atacado ha sido el superior derecho a la vida. Mantengo que la pretensión punitiva del Estado está jurídicamente extinguida por prescripción, pero sostengo que es ilevantable la condena histórica a todo el proceso de matanza entre hermanos. Por ello, me resultó plausible esta conciencia institucional que se distancia de los horrores contra los derechos humanos en que fueron a parar las busecas donde algunos se entonaron demás, cuarenta años atrás.

Estaba uno sacando esas cuentas jurídicas sobre lo vivido, cuando los noticieros a todos nos atropellaron el alma. El mismo lunes fue ultimado de un balazo el dueño de la estación de servicio de Constituyente -vaya si familiar para uno. Fue en el semáforo de Canelones casi Bulevar Artigas, a escasos metros de la sala donde, en tiempos de la dictadura, el Supremo Tribunal Militar nos escuchaba apenas cinco minutos antes de dictar su fallo.

En Velásquez, apareció en un aljibe, el cadáver de una niña de solo 15 años que estaba siendo buscada desde el 28 de noviembre. Y un pobre padre fue asesinado y descuartizado por el hijo, consumidor de pasta base. La seguidilla impuso otra vez la pregunta multitudinaria por el destino de un Derecho que no supo obedecer el mandato constitucional de asegurar la vida de esas tres víctimas y tantas más.

Mañana, 10 de diciembre, se cumplirán 63 años desde que, en el Palacio de Chaillot, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mucho más que retrospectos históricos, el Uruguay les debe a tales derechos vigencia y verdad, en vez de seguir chapoteando entre encuestas, censos y pronósticos de extinción.