Barbarie

HEBERT GATTO

Julio Castro desapareció el 1° de agosto de 1977. Poco más tarde se conoció que en su aprensión actuaron fuerzas policiales, quienes lo entregaron a un establecimiento del Ejército Nacional (Batallón 14, Toledo), donde lo retuvieron para interrogarlo. Ahora, recuperados sus restos, se sabe que, luego de torturado fue ejecutado a tiros y sepultado maniatado en las inmediaciones de la misma unidad castrense.

Se presume que su homicidio obedeció a sus relaciones con la Embajada de México con la cual colaboró para facilitar asilo a los perseguidos en aquellos años. No fue un activo militante político ni un guerrillero o un dirigente político conocido por su oposición al gobierno militar. Fue un maestro y un intelectual destacado, vivamente comprometido con la educación particularmente en el medio rural. Se desempeñó como técnico en el tema en varios países latinoamericanos representando a las Naciones Unidas, al tiempo que escribió con asiduidad sobre su especialización. De extracción nacionalista, cofundó en 1939 el Semanario Marcha, con Carlos Quijano y participó en la creación del Frente Amplio.

En atención a su relevancia intelectual fue uno de los desaparecidos que le generó más reclamos al régimen, que permitió se publicara una requisitoria pública para su búsqueda y más tarde difundió burdos rumores sobre su presunto viaje a Buenos Aires. Pasados los años, bajo el compromiso de no revelar su identidad, sectores militares, informaron a la Comisión para la Paz creada por el Dr. Jorge Batlle, que había fallecido accidentalmente al ser interrogado.

El episodio es en sí mismo repugnante. Integra la larga cadena de iniquidades cometidas por la dictadura y pone en duda creencias que durante años se mantuvieron respecto a su forma de actuar. Cada vez más se confirma, que ella no solamente torturó, como hizo con el maestro Castro, pese a su inestable salud y sus sesenta y ocho años, sino que asesinó sin piedad y mintió cuanto pudo y en tantas ocasiones, como le fue necesario. Si un caso pudiere servir como emblema por su maldad y felonía, éste, en su insensatez y gratuidad, sería uno de los paradigmáticos.

Pero ni el horror ni la indignación pueden hacer cambiar los principios del estado de derecho articulados por la Constitución de la República. Es justamente en estos casos límites, donde tan fácil es dejarse ganar por la emoción, cuando más corresponde preservarlos. Sin duda que se deberá continuar investigando y hasta donde sea posible, conocer la verdad. Y ello de la forma más activa, para procurar esclarecer ofensas que atentan contra nuestra dignidad como pueblo. Las familias de las víctimas y todos los uruguayos tenemos ese derecho.

Sin embargo y pese a su horror, este crimen no constituye un delito de "lesa humanidad", salvo si se acreditare que su comisión fue posterior a su reconocimiento legal. Cambiar los tipos delictuales retroactivamente, para habilitar juzgamientos indebidos, implica desconocer garantías esenciales del orden penal humanista que nos rige. Lo mismo ocurre con las modificaciones en su prescripción, que en aplicación de los mismos principios, solo pueden operar hacia el futuro. Desconocerlos, ignorando la carta fundamental, significa recaer en la misma barbarie de quienes hicieron escarnio de ella.