La oposición hace responsable a Argentina por dichos de Sarkozy

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La oposición responsabilizó a Argentina por generar el clima en la cumbre del G20 para que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ubicara a Uruguay en el grupo de países considerados "paraísos fiscales".

Así se pronunciaron ayer los senadores blancos Luis Alberto Lacalle (UNA) y Sergio Abreu (Alianza Nacional) y el colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), que vincularon la acusación de Sarkozy a las presiones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para que Uruguay libere información tributaria de argentinos con propiedades en el país.

La crisis diplomática que desataron las afirmaciones del presidente francés tiene su origen en un planteo de Argentina ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dijo Bordaberry.

La OCDE mantiene a Uruguay en la "lista gris" de países que deben implementar medidas para mejorar la transparencia de su sistema tributario.

Para que Uruguay salga de la "lista gris" de la OCDE debe firmar al menos 12 acuerdos de cooperación tributaria con países que integran esa organización. Hasta el momento Uruguay tiene cinco acuerdos vigentes (con Francia, Alemania, Hungría, México y España), dos firmados pero pendiente de ratificación parlamentaria (Portugal y Suiza) y otros en etapa de negociación con distintos grados de avances: Bélgica, Liechtenstein, Corea, Malta, Finlandia y Canadá.

En el cierre de la cumbre del G20 el viernes 4 en Cannes, Sarkozy afirmó que "hay países que siguen siendo paraísos fiscales" y leyó una lista en la que se incluyó a Uruguay. Además aseguró que esos países "serán apartados de la comunidad internacional".

El gobierno reaccionó de inmediato y como gesto de protesta el presidente José Mujica llamó en consulta al embajador uruguayo en París, Omar Mesa, que llega hoy domingo sobre el mediodía a Montevideo. Además, el canciller Luis Almagro en la misma noche del viernes entregó una queja formal al encargado de negocios de la embajada francesa en Uruguay, Stephane Toulet, quien esa misma noche la elevó a la Cancillería de su país. Para mañana lunes se espera la llegada a Uruguay del embajador francés, Jean Christophe Potton.

De la cumbre del G20 participaron Argentina y Brasil. Pero la mirada de los principales líderes de la oposición se volcó hacia el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, por una denuncia que realizó ante la OCDE contra Uruguay.

Lacalle dijo ayer a El País que lo que sucedió "es parte del daño que se le ha hecho a Uruguay por parte de Argentina, por los planteos realizados hacia nuestro sistema fiscal".

Lacalle aseguró que "el clima que se viene generando para esto surge a partir del primer interesado, que es Argentina. El Uruguay tiene que tener todos los frentes cubiertos y por eso necesitamos una Cancillería experta", remarcó.

"La modalidad con que se dirige el presidente de Francia al Uruguay y a otros países pequeños es original, pero negativa, para atacarlos fuera de norma en materia protocolar y diplomática. Estoy seguro que estas palabras no las usó cuando andaban atrás de Gadafi en Libia, interesados en su petróleo, y nos las usó con Siria. Hay una gran hipocresía detrás de todo esto", afirmó Lacalle.

"Tenemos tratados de inversión que los gobiernos del FA se han apresurado a aflojar demasiado rápido, pero en estos ataques estamos junto al gobierno de nuestro país y no tenemos ninguna vacilación que vamos a estar junto al interés nacional", sostuvo Lacalle.

Bordaberry, en tanto, fue más categórico al afirmar que "esto surgió por una denuncia de Argentina en la OCDE contra Uruguay", y consideró "muy preocupante" la situación.

Bordaberry señaló que el gobierno "hizo bien" al llamar al embajador Mesa en consulta. Pero "tiene que ir un paso más allá", estimo. En ese sentido recomendó hablar con Argentina, porque "es el que está detrás de todo esto". El líder colorado insistió sobre la responsabilidad de Argentina y señaló que "no cumple con una cantidad de cosas, pero nos lleva el asunto a la OCDE".

"Obviamente Argentina está haciendo esto contra intereses de Uruguay", concluyó.

Ayer, la Convención del Partido Colorado, que sesionó en Canelones, rechazó por "impertinentes" las afirmaciones de Sarkozy, realizadas en un lenguaje de "talante colonialista y autoritario", dice la declaración aprobada.

También el senador Abreu relacionó los dichos de Sarkozy con la actitud asumida por el gobierno argentino.

Abreu afirmó que no se debe olvidar cómo los países de la región se "hicieron los distraídos" cuando el presidente Sarkozy incluyó a Uruguay entre los países considerados paraísos fiscales. Abreu sostuvo que Argentina tiene una "actitud pasiva-activa" en este tema, al igual que el gobierno brasileño que "mira para el costado". Afirmó que las "imposiciones" o "actitudes de prepotencia de algunos e indiferencia de otros" no se pueden dejar pasar.

La misma sospecha hacia Argentina fue planteada por el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres. "Me preguntó cuál es el rol de los gobiernos de la región y en especial el de Argentina", dijo Mieres el viernes.

Por su parte, el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) instó a Brasil y Argentina a fijar una posición respecto a las afirmaciones de que Uruguay es un "paraíso fiscal".

"¿Esos son nuestros socios comerciales? Que rechacen o convaliden, si están de acuerdo deberíamos reconsiderar nuestra presencia en el Mercosur", sentenció.

"amistad". A todo esto, el diputado herrerista Jaime Trobo, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, inició gestiones para que el "grupo de amistad parlamentaria" de Francia y Uruguay tome carta en el asunto. Este grupo estuvo reunido meses atrás y entre los temas que analizó fue precisamente el acuerdo de cooperación tributaria entre Francia y Uruguay.

El grupo está integrado por legisladores de los tres partidos con representación parlamentaria. Trobo dijo ayer a El País que ya habló con el canciller Luis Almagro del tema.

El gobierno panameño rechazó ayer sábado "categóricamente" por "injustas" y "ofensivas" las declaraciones realizadas el viernes por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en el marco de la Cumbre del G-20, en las que acusó a Panamá de ser un paraíso fiscal.

"Panamá no es un paraíso fiscal", dijo el presidente panameño, Ricardo Martinelli. "Asumo que debe ser un error y espero que en los próximos días, cuando sus ministros le enseñen (a Sarkozy) que Panamá sí cumple con todos los requisitos de no ser un paraíso fiscal, se corrija inmediatamente", añadió el mandatario.

El gobierno panameño "rechaza categóricamente que nuestro país sea un paraíso fiscal", dijo por su parte el canciller Roberto Henríquez. "Panamá rechaza las expresiones del vocero del G-20 por injustas, ofensivas y carentes de veracidad", afirmó el ministro, para quien se "está al borde una crisis y (el G-20) busca chivos expiatorios para cubrir su mal manejo financiero".

El presidente francés aseguró este viernes que el mundo no quiere "los países que siguen siendo paraísos fiscales con la ocultación financiera", entre ellos Panamá y Uruguay, y que estos serán "apartados de la comunidad internacional".

Según Henríquez, las evaluaciones del G-20 se hicieron "antes de considerar los recientes avances que ha realizado Panamá en el tema de la transparencia fiscal, con la firma de 12 tratados de doble tributación, la mayoría de ellos, precisamente, con países miembros del G-20" como Francia.

"Somos un centro financiero de gran prestigio y con altos niveles de transparencia", agregó.

Panamá ha firmado en los dos últimos años tratados para evitar la doble tributación con Estados Unidos, Holanda, México, Barbados, Portugal, Qatar, Luxemburgo, España, Singapur, Corea del Sur, Italia y Francia, como le había exigido la OCDE para sacarlo de su lista gris de paraísos fiscales.

"Lo más irónico es que Panamá salió de la lista gris de OCDE en julio y los países de OCDE son casi los mismos que los del G-20", concluyó.

Es miembro de la Mancomunidad de Naciones (en inglés, Commonwealth of Nations). El jefe de Estado es la Reina Isabel II del Reino Unido cuyo representante es un gobernador general. Situada al este del mar Caribe tiene 87.900 habitantes.

BARBADOS

Ubicado en el Caribe es el quinto país más desarrollado de América. La Reina Isabel II es su jefe de Estado. El Poder Ejecutivo es encabezado por un primer ministro. El gobierno desea constituirse como república dentro de la Mancomunidad de Naciones con un presidente que reemplace a la reina. Tiene 280.000 habitantes.

BOTSUANA

País africano que limita con Sudáfrica. República presidencialista con democracia representativa y sistema multipartidista. El Poder Ejecutivo es ejercido por el gobierno y el Legislativo compartido entre el gobierno y el Parlamento. El Poder Judicial es independiente. Tiene 2.030.000 habitantes.

BRUNéI

Sultanato del Sudeste de Asia ubicado en las cercanías de Malasia y Singapur. El sultán de Brunéi, que ha sido de la misma dinastía desde el siglo XIV, es la cabeza del Estado y del gobierno. El islam es su religión oficial. Tiene 390.000 habitantes.

PANAMÁ

Estado independiente y soberano ubicado en el extremo sureste de América Central. Sistema de gobierno de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Es el país de América Central considerado como de mayor desarrollo humano. Tiene 3.400.000 habitantes.

Seychelles

Es un grupo de 115 islas ubicadas en el océano Índico, al noreste de Madagascar (Sureste de África). Pertenece a la Mancomunidad de Naciones. El presidente es el jefe de Estado y de gobierno. Tiene 81.200 habitantes.

Trinidad y Tobago

En un estado independiente ubicado en el Caribe, sobre la plataforma continental de Venezuela. Consiste en dos islas principales: Trinidad -la mayor y más poblada- y Tobago, además de varias pequeñas. Tiene 1.300.000 habitantes.

Vanuatu

Archipiélago al este de Australia sobre el océano Pacífico. Se fundó como república independiente en 1980. Hasta entonces estuvo bajo el poder de Francia e Inglaterra. Tiene 207.000 habitantes.