VALERIA GIL
El Partido Comunista volvió a enfrentarse al astorismo, al negarse a la reestructura del Frente Amplio. Afirma que quitarle poder a las bases en el Congreso y el Plenario transformaría a la coalición de izquierda en un "partido tradicional".
El Partido Comunista del Uruguay salió al cruce de la propuesta de reestructura del Frente Amplio que realizó el astorismo, para quitarle peso a las bases en los organismos de dirección del Frente Amplio (Plenario y Congreso Nacional).
Los comunistas afirman que "rebajar el papel de los militantes de los comités de base, sustituyéndolo por un mayor peso de las cúpulas dirigentes de los sectores políticos, no es de ninguna manera un avance, sino un retroceso en todos los sentidos", publicó el semanario El Popular, vocero del PCU.
En la misma línea señalan que si se modifica la estructura del FA "se vuelve al sistema tradicional de los partidos burgueses, en donde se abrían los famosos `clubes políticos` previo a las elecciones y con el único objetivo de juntar votos".
Más aun, los comunistas sostienen que las propuestas de reestructura de la coalición "van hacia una desarticulación de las bases y a un predominio de cúpulas de los sectores políticos. Porque si el FA pierde su carácter de coalición y movimiento, si pierde su carácter antioligárquico y antiimperialista, ya no será el FA, será otra cosa", aseguran los comunistas.
Además, indican que si ante una crisis de militancia, lo que "hacemos es cerrarle las puertas a los militantes reduciendo su participación en los organismos, o facilitando su no participación. Con esas supuestas nuevas vías de acumulación, dándole la posibilidad de que lo haga desde la soledad de su hogar mediante una computadora, estamos extendiendo un certificado de defunción al Frente Amplio como tal", aseguran.
La senadora suplente por el Partido Comunista, Alicia Pintos, dijo a El País que "este pensamiento es de todos los que militan en los comités, porque la gente que sigue concurriendo a las bases quiere discutir los grandes temas que marcan el rumbo de la fuerza política. Si no fuera así, seríamos un partido tradicional", afirmó.
Pintos indicó que "si a la gente que realmente compone la fuerza política, no le consultan nada es un rebajamiento de la democracia partidaria".
A eso agregó que el cambio de participación dentro del Frente Amplio equivale a una nueva definición ideológica de la coalición.
El primero en plantear la reestructura del FA fue el vicepresidente Danilo Astori, quien se refirió a la necesidad de "democratizar" y habilitar la participación de todos los frentistas.
Incluso, Asamblea Uruguay entregó al resto del FA una propuesta escrita que fue debatida en la Comisión de Reestructura, pero que aún no tiene definición. El diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) dijo que "plantear la discusión en los términos que lo hace el Partido Comunista es negar la esencia misma de la participación de más de un millón de frentistas".
"Para mí no existen esos extremos y por lo tanto la dicotomía de que si se hacen cambios, el Frente Amplio deja de ser el Frente Amplio, es falsa", advirtió Mahía.
Por otra parte, los comunistas aseguraron que el FA dejará de ser una coalición de izquierda si "las decisiones realmente importantes y trascendentes para el país, ahora dejaran de discutirse en la estructura orgánica del Frente Amplio y pasaran a ser resorte de la bancada parlamentaria, el Frente Amplio dejará de ser lo que es, y pasará a ser un partido tradicional más, pero en el peor sentido de la expresión".
Esto también fue rechazado por Mahía. "La bancada no es exógena al Frente Amplio. Así como lo plantea el Partido Comunista no se hace honor a la historia del Frente Amplio, porque nunca fue así", sentenció.
En la misma línea, Mahía agregó que espera que la postura del Partido Comunista de no cambiar la estructura del FA, responda a la necesidad de mantener la mayoría en el Plenario y el Congreso de la coalición de izquierda, hoy dominados por el PCU y las bases.
Las cinco dudas en el Frente
La Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno encabezada por el vicepresidente Danilo Astori, redactó una lista con cinco puntos sobre las dudas que surgen a consecuencia del estudio del impuesto a la tierra. Se cuestiona el impacto de la medida impositiva sobre las inversiones y la productividad de las empresas, la efectividad por su baja recaudación, el uso de la variable del índice Coneat, la presunta inconstitucionalidad y la utilidad para la desconcentración de las tierras.