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P.MELENDREZ /E.BARRENECHE

A partir de mañana, los jueces de menores enviarán al Instituto Técnico Forense sus resoluciones para conformar un registro de antecedentes. Esos legajos serán usados cuando cumplan los 18 años, pero hay dudas sobre el alcance de la medida.

El Poder Judicial pondrá en marcha mañana su registro de antecedentes de menores infractores en base al cual los magistrados podrán conocer de manera sistematizada las infracciones anteriores cometidas por un joven al que tienen que juzgar por un nuevo hecho.

El registro funcionará en la órbita del Instituto Técnico Forense (ITF) y será muy similar al que existe para adultos, explicó a El País el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey.

La existencia de un registro de antecedentes está prevista desde la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004, pero hasta el momento no se había concretado.

Si bien desde ahora los jueces de menores conocerán los antecedentes de los jóvenes, ello no implicará necesariamente un aumento de las medidas privativas de libertad, que son resueltas en forma discrecional por cada juez.

"Eso queda a criterio de cada juez. Es muy claro que en el sistema actual de menores la privación de libertad debe ser una medida excepcional y además debe fundamentarse por qué no se usó otra alternativa", señaló Van Rompaey.

La jueza de menores Aída Vera Barreto confirmó a El País que el registro de antecedentes comenzará a funcionar mañana. "Nosotros (los jueces) vamos a mandar al ITF datos sobre los menores que incurren en ilícitos. El ITF tiene que ingresar esa información", explicó la magistrada.

"A partir del lunes vamos a recibir las planillas de antecedentes de los menores. Cuando voy a dictar sentencia tengo esa información y voy a ver si es reincidente o no es reincidente. Eso se considera agravante", dijo Vera Barreto.

Su colega Hugo Morales, indicó que el registro de antecedentes comenzará a aplicarse "en pocos días", pero aclaró que de todos modos habrá un período de transición hasta tanto sea posible incluir la información de todo el país.

18 AÑOS. El registro de antecedentes de menores será la base para que los jueces penales de adultos revisen el historial delictivo de un indagado cuando era menor.

Eso, en función de una ley que el Parlamento aprobó el mes pasado, y que mantiene los antecedentes de los menores por dos años para cinco delitos graves: homicidio, copamiento, rapiña, secuestro y violación.

La ley -que por los plazos de promulgación entrará en vigencia a mediados de septiembre, según Morales- también penaliza la tentativa de hurto y amplía de 60 a 90 días el plazo legal que tienen los jueces de menores para dictar sentencia.

Van Rompaey se ha pronunciado en contra de mantener los antecedentes, en el entendido de que los menores son inimputables, y por eso no deberían tenerse en cuenta una vez que lleguen a los 18 años.

El mantenimiento de los antecedentes de los menores genera dudas a los jueces penales, ya que algunos comparten la visión de Van Rompaey y otros entienden que será preceptivo procesar con prisión.

Desde ahora, "todo procesamiento -aun siendo primario como adulto- tendría que ser dispuesto con prisión al tomarse en cuenta el antecedente registrado como menor", opinó al ser consultado tiempo atrás el juez Néstor Valetti.

Hijos de policías utilizan armas de reglamento de sus padres para cometer delitos. Este fenómeno fue planteado por autoridades del Ministerio del Interior en una reunión del gabinete de seguridad realizada hace 10 días, según trascendió a nivel parlamentario.

El fiscal de Menores Gustavo Zubía, dijo a El País que "hemos tenido algunos casos de hijos de policías que cometen delitos. No es una cifra alarmante. Se trata de familias donde las armas andan en la vuelta porque los padres las dejan en cualquier lugar".

Por su parte, el defensor de menores Daniel Sayagués Laso expresó a El País que "puede ser que haya algún caso de menor hijo de policía que participó en un hecho delictivo pero no con el arma del padre. Históricamente siempre hubo hijos de policías que cometen delitos. Pero no hay un aumento; son cifras muy pequeñas".

El miércoles 3, el adolescente Maicol García fue abatido por un policía tras cometer una rapiña a un repartidor en el barrio Casavalle. Por el lugar pasaba un efectivo de la Brigada de Asaltos (Investigaciones) y este lo baleó en el enfrentamiento. El menor resultó ser hijo de un compañero del agente que poco tiempo atrás había sido dado de baja.

Según datos oficiales revelados en junio de este año, cada dos años los policías pierden o les roban 400 armas.

PROBLEMA. La Policía capturó al segundo de los cuatro menores fugados en la madrugada del miércoles 17 utilizando tres sierras. Cinco días antes, el viernes 12, tres menores huyeron del hogar abierto Ariel luego que tomaran de rehén a dos funcionarios con una cuchilla.

El gerente de los hogares con privación de libertad del INAU (Semeji), Rolando Arbesún, dijo a El País que el viernes 19 fue atrapado el segundo de los cuatro menores fugados del Hogar Ariel utilizando sierras. El primero fue entregado por sus familiares al INAU.

"Este segundo menor fue entrevistado por mí y entregó información valiosísima", dijo Arbesún.

Fuentes gremiales indicaron que los menores pagan $ 10.000 por una sierra en la Colonia Berro.

Por su parte el fiscal Zubía dijo que no basta con que el INAU reduzca el nivel de fugas para mejorar el sistema sino que éste debe provenir de mejoras legislativas.

Zubía criticó la discrecionalidad que posee el juez de menores para dictaminar penas alternativas a la prisión cuando los menores cometen delitos que ponen en riesgo la vida humana.

"Por ejemplo, si proceso al `Brandon` por tres años por una rapiña, el juez si quiere a los 15 días lo libera con una información técnica del INAU sosteniendo que éste es un buen chico", señaló el fiscal.