La autodefensa

Hebert Gatto

Por estos días Pedro Bordaberry manifestó su desacuerdo con la exhortación del ministro Bonomi a no armarse ante la creciente ola de rapiñas, considerando que ello supone una reacción aceptable que no debe desestimularse ante la ineficacia policial. Admitiendo que vivimos con temor en una sociedad insegura y sin garantías adecuadas, las declaraciones del senador colorado, presumiblemente efectuadas en el contexto de su campaña a favor de la baja de la edad de imputabilidad penal, resultan extremadamente desacertadas.

Mucho más cuando se sabe que las causas de la inseguridad son de largo plazo y obedecen a un proceso de dislocación y fragmentación social de raíces profundas y responsabilidades compartidas, para el cual no existen remedios milagrosos ni estos radican en el aumento puro y simple de la represión estatal. Lo que no significa que nada pueda hacerse ni que lo hecho hasta ahora resulte aceptable. Más y mejor educación y cultura ciudadana y más y mejor policía son instrumentos imprescindibles. Pero sin duda las medidas no pasan por alentar el aumento de la violencia defensiva de la ciudadanía para regresar a una comunidad primitiva.

Sabido es que el contrato social que para muchos liberales funda al Estado y sus instituciones es un artificio para explicar el motivo de la obediencia a sus mandatos. Según explicaba Hobbes en su Leviatán, la vida anterior a la existencia de autoridades, el denominado estado de naturaleza, consistía en un constante enfrentamiento de unos contra otros, donde reinaba la ley del más fuerte, es decir de aquél que más poder o más armas ostentara, lo que transformaba la existencia humana en "solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve". Para evitar permanecer en esa situación de inseguridad los hombres, aplicando la razón, se ponen de acuerdo en ceder sus prerrogativas y deberes naturales a una autoridad común, el soberano -un monarca o un cuerpo colegiado-, al cual se obligan a prestar obediencia. Condición de esa cesión, o de ese pacto es la renuncia en su convivencia al uso de la fuerza. De allí que, como precisara Max Weber, el Estado soberano supone el monopolio de la coacción, es decir la exclusividad en el uso de la fuerza.

Como se sabe, cuando el contrato supone obligaciones recíprocas entre el soberano y sus súbitos, ingresamos en las formas democráticas del mismo. Pero en ningún caso los ciudadanos retienen el derecho al uso de la fuerza, salvo en caso de resistencia a la opresión, instituto sólo válido cuando el Estado viola las libertades y derechos de la población incumpliendo con el pacto político, o sea falla en el objeto mismo para el que fue concebido y que constituye la básica razón de su existencia.

En el Uruguay las armas están prohibidas y en el mundo sólo la derecha más acérrima favorece su adquisición. Parecería sin embargo, que ante el temor generalizado, pudiera sugerirse con naturalidad, la posibilidad de responder a la violencia con violencia regresando al estado de naturaleza. O justificarse aquello que no cabe nunca aconsejarse desde el alto ministerio de la función pública. Construir formas civilizadas de convivencia costó milenios, ayudar a debilitarlas, aún con intenciones loables, puede costar mucho menos.