Ya está

Francisco Faig

Cuando en 1986 se votó la ley de caducidad, el senador Gonzalo Aguirre planteó la encrucijada que según Max Weber debe enfrentar todo político cuando toma una decisión. Por un lado, la ética de la convicción, y por el otro, la de la responsabilidad.

Veinticinco años más tarde, los argumentos de los diputados del Frente Amplio respondieron, otra vez, a la ética de la convicción.

Es una nueva generación que no vivió los duros episodios de los años sesenta y setenta, pero que vuelve siempre sobre la misma idea: está compungida porque hubo violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura que han quedado impunes.

Y votó una ley que, cree, habría terminado con eso.

La vieja generación de los Semproni, Mujica y Huidobro, que los tres sufrieron la tortura, fueron un poco más allá del rengo y simplificador slogan que sustenta esa convicción que viene adoctrinando a las nuevas generaciones del país.

Lo matizaron, en realidad, con cierto sentido electoral para permanecer en el poder: al fin y al cabo, la política también es pragmatismo.

Pero la verdadera ética de la responsabilidad quedó del otro lado y bien lejos. Implica asumir que fue una transición democrática imperfecta; que se hizo sobre la base de un pacto; y que la ley de caducidad es un instrumento que permite, hoy, que los principales responsables del terrorismo de Estado estén presos.

Es una ley refrendada dos veces por el pueblo. Hoy, cumplió su ciclo.

Ahora, ya está. Es responsabilidad de los liderazgos del Frente Amplio romper de una buena vez por todas con la dictadura de su burocracia militante.

Dejar de seducir a los compañeros del comité desde el discurso identitario que divide al mundo entre buenos y malos; llenar de ética de responsabilidad un convencimiento partidario forjado sobre cierta convicción que demanda justicia y asume para sí una superioridad moral; vaciar de legitimidad el discurso obsesionado por el pasado.

Porque es una obsesión que privilegia la reivindicación de trayectorias vitales sufridas y quebradas por terribles peripecias, pero a cuya sombra se ha hecho imposible enfrentar los desafíos del futuro.

Ahora, ya está. Es responsabilidad del errático discurso presidencial conjugar el verbo (y hacer pedagogía) socialdemócrata. Encauzar las urgentes reformas que precisan de consenso político. Decir claramente: uruguayos, a las cosas. Que el país debata sobre temas que importan: la infraestructura del país, que clama por inversiones privadas; el desastre de la educación pública, ahogada en el lodo del fanatismo de la peor izquierda.

Ahora, ya está. Es responsabilidad de la oposición colaborar en definir una agenda de modernización nacional, con sentido de eficiencia y exigencia de calidad, que discuta de políticas públicas concretas. Que con pedagogía liberal y democrática obligue a dejar de lado los anteojos ideológicos y corporativos de la izquierda que empañan la visión de un futuro país de primera.

Ahora, ya está. Que el Uruguay político dé la bienvenida de una buena vez por todas al siglo XXI.