Penas y minoridad

Hebert Gatto

Para algunos, los uruguayos sufrimos de miedo y confusión. Como si por pedazos nos hubieran expropiado el país y aquello que fue nuestro pasara a ser extranjero. En un proceso que recuerda aquel cuento de Cortázar, donde de a poco, nuestra casa -hoy el comedor, mañana el dormitorio- se va borrando. Hay barrios que ya perdimos, son de ellos; esquinas, parques, plazas, palabras, costumbres, valores, ni siquiera los compartimos. Para ese imaginario lo que nos quitaron pasó en propiedad a estos muchachos de mirada torva y traza irónica que nos ensucian con dengue el parabrisas y nos libran el paso con fastidio.

El Partido Colorado, parte del Nacional y muchos asustados sin partido -aproximadamente la mitad del país- están convencidos que gran parte de lo que ocurre se debe a esa temible franja de seres, entre los dieciséis y diecisiete años, que siendo hombres y mujeres, posan de niños para aterrorizarnos impunemente. Casi nadie reflexiona, que son pocos y que, si ellos fueran el problema, alcanzaría con no dejarlos escaparse del INAU, para recuperar la ciudad.

Los imaginarios de los pueblos son de acero o de kryptonita, sus relaciones con la realidad son ambiguas, cuando no inexistentes. No obstante, vale analizar cifras, para ver cuánto de verdad encierran. Ello nos permitirá medir cuáles son los beneficios reales que la modificación propuesta, descontando que sea plenamente disuasoria, podría aportar para reducir la tasa de delitos. Los menores en cuestión, de dieciséis a diecisiete años, constituyen la trescienta ava parte del total de presos del país. Alrededor de 300 en 9.000. O, lo que es lo mismo, aproximadamente cada trescientos delitos, uno fue cometido por uno de los adolescentes cuya imputación se propone agravar. ¿No resultará excesivo modificar la Constitución por problema tan menor? ¿No se estarán alentando ilusiones que la realidad desmentirá?

Uruguay es signatario de la Convención sobre derechos del Niño, en este sentido la Unicef acaba de advertir que la modificación constitucional propuesta es violatoria de la citada Convención. De aprobarla, el país se expondrá a sanciones, violará sus obligaciones internacionales y debilitará su tradición humanista y liberal. Sin ninguna duda su tesoro cultural más preciado. Si tan preocupados nos mostramos por la ley de Caducidad, una norma que en los hechos no aplicamos, por qué desconocer nuestras clarísimas obligaciones en el campo de los derechos de la minoridad. ¿No se trata acaso de introducir en la Constitución normas contradictorias? ¿Vale pagar semejantes costos, por resultados tan exiguos?

Por último, en el plano de la justicia, donde nos preciamos de rectitud, puede justificarse que el gasto social en niños y adolescentes corresponda al 25% del total, mientras se invierte en la tercera edad menos necesitada, un 60% del mismo. Todo ello mientras mantenemos en situación de calle a miles de menores. ¿Podemos explicarle a alguien que aumentemos penas a adolescentes y permitamos que cada 100 de ellos que ingresan a Primaria, 34 no terminen el ciclo de doce años de escolaridad? ¿Es ésta una política justa con débiles y desfavorecidos? O será que los inducimos a delinquir para aumentarles las penas.