La eventual anulación de la ley de Caducidad sigue generando dolores de cabeza para el gobierno. A la renuncia a su banca del senador Eleuterio Fernández Huidobro se suma la posibilidad que el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, abandone su cartera (ver nota relacionada).

Además, el presidente José Mujica admitió al diario El País de Madrid que es presionado para vetar la anulación —aunque dijo que no lo hará— y que este debate afecta la unidad nacional (ver nota relacionada).

"Si fuera coherente con lo que dijo de respetar los pronunciamientos populares, que es una etapa de mirar hacia adelante y no con los ojos en la nuca, debería vetarla", puntualizó a EL PAÍS digital el senador nacionalista Carlos Moreira.

"Está haciendo un doble juego. Quiere estar bien con todos, cosa que no va a lograr. Me parece que no da la talla para ser presidente", fustigó el legislador blanco Francisco Gallinal.

Para Moreira cuando el presidente dice una cosa y luego no cumple, se afecta el relacionamiento entre las colectividades políticas. Su colega dijo que no sabe "en qué cree Mujica porque las opiniones de los presidentes se traducen en decisiones".

Gallinal opinó que si el mandatario advierte que "pueden venir tiempos difíciles, que habrá presión sobre la sociedad, sobre el Poder Judicial, que se generarán expectativas que no se van a cumplir, que al país le puede esperar nuevos dolores de cabeza, si quiere demostrar que calza los puntos para ser presidente, que la vete", afirmó.

Moreira dijo que la coherencia "no ha sido signo de este gobierno" y no se mostró sorprendido por la posición que adoptó Mujica. Agregó que hasta ahora el Frente Amplio se mostró como un grupo homogéneo, pero que esta discusión "reveló fisuras internas".

Para Gallinal, Mujica tendría que tener "la entereza moral y ética" de vetar la ley, más tomando en cuenta que "estuvo de ambos lados del mostrador" ya que fue "calificado tupamaro y terrorista y fue víctima de la dictadura".

Además consideró que de hacerlo se evitaría la renuncia de Huidobro, una eventual renuncia de Rosadilla y al país "más dolores de cabeza".

Moreira afirmó que si Mujica considera que la sociedad está harta del tema, eso sería suficiente para vetar la anulación.

Por su parte, el senador colorado y secretario del Comité Ejecutivo Nacional de esa fuerza política, Ope Pasquet, afirmó a EL PAÍS digital que "el deber de Mujica es vetar el proyecto" interpretativo aprobado por el Senado la semana pasada.

"Es evidente que el proyecto es inconstitucional; el Frente Amplio no pudo conseguir a nadie que ponga la cara para decir que el proyecto se ajusta a la Constitución", sostuvo. "¿Qué más necesita el presidente para vetar el proyecto de ley?", se preguntó Pasquet.

Según dijo Mujica a El País de Madrid, el Parlamento "es la cosa más representativa que tiene un país y por eso el Ejecutivo no debe enmendarle la plana".

Para el senador colorado, la justificación de Mujica para no vetar la iniciativa "no tiene ninguna consistencia en este caso porque el cuerpo electoral se pronunció dos veces a favor de la Ley de Caducidad". En ese sentido, enfatizó: "No veo ninguna razón sólida para que el presidente deje de cumplir su deber".

MINISTRO . Respecto a una posible renuncia de Rosadilla a su cargo por este tema, Moreira dijo que prefiere no hablar de "eventualidades" aunque ha escuchado "tantas contradicciones" que ya no le parece serio.

Gallinal, por su parte, dijo que el ministro debería renunciar si Mujica no veta la anulación. No solo por ser parte del Poder Ejecutivo sino por, al igual que el mandatario, haber estado "de ambos lados del mostrador" durante la dictadura.

Entendió que su alejamiento del cargo sería más eficaz si lo hiciera "en función de lo que decida el presidente".