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Uruguay debe intensificar los esfuerzos para condenar a autores del delito de trata de personas y para proteger a las víctimas, según el gobierno Estados Unidos. El Ejecutivo prepara una ley, un protocolo y un refugio. México aparece como un nuevo destino.

"Un país de origen y de tránsito de trata de hombres, mujeres y menores con el fin de explotación sexual comercial y trabajo forzoso". De esa manera catalogó el Departamento de Estado a Uruguay en su Informe sobre la trata de personas de 2011.

Estados Unidos, que elabora el documento en base a fuentes locales gubernamentales y extraoficiales, clasificó a los países en tres niveles. Uruguay fue ubicado en el dos, que reúne a las naciones cuyos gobiernos "no cumplen plenamente con las normas mínimas de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata pero que hacen esfuerzos considerables" para cumplirlas.

Según el estudio, "la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas que son objeto de trata desde dentro del país hacia zonas fronterizas y de turismo para explotación sexual comercial".

Además, el gobierno de Estados Unidos indicó que durante el período del informe hubo casos concretos de niños uruguayos víctimas de trata con el fin de explotación sexual en Brasil.

Y agregó que aunque ha habido pocos casos confirmados del trabajo forzoso en Uruguay, hay denuncias de explotación de trabajadores extranjeros en el sector agrícola, e incluso en la pesca. "Existe evidencia anecdótica de que algunos casos de trata de seres humanos estaban relacionados con redes delictivas locales e internacionales que trafican con drogas y otros artículos de contrabando y que operan en zonas industriales", afirmó la administración de Barack Obama.

Por otra parte, "engañadas por la oferta de contratación fraudulenta, algunas mujeres emigraron a España e Italia, y posteriormente se vieron obligados a ejercer la prostitución".

Muy a menudo, la Justicia uruguaya condena a autores de este delito conforme a las leyes relativas a violencia sexual contra niños o la explotación de personas que ejercen prostitución, destacó Estados Unidos. Y agregó que, sin embargo, estas normas imponen condenas más breves que la ley específica sobre trata de personas y que, incluso, algunas penas pueden ser conmutadas por servicios a la comunidad o multas.

El año pasado la Justicia condenó a cuatro autores de delito (utilizando leyes que prohíben la explotación sexual), con penas de tres años y medio a cuatro años y seis meses de prisión. También hubo una condena al autor de un delito de proxenetismo de un menor. Eso implica el doble de casos que los registrados el año anterior.

En cuanto a las víctimas, el Departamento de Estado señaló que la protección que se brinda en Uruguay continúa siendo "limitada". Remarcó que el gobierno no cuenta con un sistema formal para la detección de víctimas y que si bien una ONG informó que presta servicios a entre cinco y quince víctimas de trata, no hay cifras oficiales.

"NUESTRO DISCURSO". Desde hace un año el gobierno puso en marcha una mesa de trabajo interinstitucional -coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social- sobre el tema. Luis Purtscher, integrante de ese ámbito en representación de INAU y presidente del Comité contra la Explotación Sexual Infantil, dijo que en general las consideraciones del informe de Estados Unidos "son pertinentes", porque reflejan la lectura que tanto el gobierno como las organizaciones hacen de su propio trabajo. "Retoman el discurso de los actores locales sobre el tema", resumió.

Purtscher señaló que según los testimonios recogidos en la frontera la trata de personas allí "es un fenómeno frecuente".

Señaló, además, que a raíz de la crisis económica en países como España, los traficantes buscan nuevos destinos, especialmente para ofrecer oportunidades laborales a mujeres encubiertas con fines de explotación. Un nuevo país que han identificado es México, señaló.

La mesa de trabajo se fijó tres prioridades para este año: formular un protocolo de actuación frente a los casos, poner en marcha servicios de atención especializados y elaborar un proyecto de ley integral sobre el combate a la trata de personas, informó Purtscher.

Es que si bien la ley 18.250 sobre Migración es considerada un avance fundamental en la legislación sobre trata de personas, el gobierno considera necesario integrar medidas de protección específicas para las víctimas. Este año prevén habilitar más de un refugio y también tener listo el protocolo.

Purtscher coincidió en que los casos muchas veces no son caratulados como trata de personas. Por ese motivo también priorizan la capacitación a los operadores sociales, policiales y judiciales. "Se chocan con el fenómeno y no siempre tienen las herramientas para poder verlo. Y deben ser tratados por los juzgados especializados", dijo.

INAU: En la frontera, según testimonios, la trata de personas es un fenómeno frecuente.

El Informe sobre la trata de personas de 2011 del Departamento de Estado de Estados Unidos contiene las siguientes recomendaciones para Uruguay: intensificar los esfuerzos para investigar y someter a la Justicia, y procesar y condenar a los autores del delito de trata aplicando la ley sobre trata de personas de 2008; aprobar una legislación que establezca la protección de las víctimas; investigar de manera proactiva los posibles casos de trabajo forzoso: aumentar la capacitación en materia de trata para agentes del orden, fiscales, jueces y trabajadores sociales; establecer un mecanismo formal para identificar a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables: y ampliar los servicios especializados para víctimas de trata, especialmente fuera de la capital.

TRABAJO FORZOSO

El trabajo forzoso puede ocurrir cuando empleadores inescrupulosos explotan a los trabajadores que son más vulnerables. Especialmente se da con inmigrantes.

CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Cuando se coacciona, obliga o engaña a un adulto para que ejerza la prostitución -o se le mantiene en la prostitución por coacción- esa persona es víctima de un delito de trata. El uso de menores en el comercio sexual está prohibido y, cuando se produce, tiene consecuencias devastadoras.

Según datos brindados por Unicef, hasta dos millones de menores son sometidos a la prostitución en el comercio sexual mundial.

Todos los que participan en la captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas para ese fin han cometido el delito de trata.

EN CONDICIONES DE SERVIDUMBRE

Los trabajadores sobre todo se transforman en víctimas de la servidumbre por deudas cuando los tratantes de personas o los reclutadores explotan ilícitamente una deuda inicial que el trabajador contrajo como parte de las condiciones de empleo.

DOMÉSTICA INVOLUNTARIA

Una forma singular de trabajo forzoso es la servidumbre involuntaria de los trabajadores domésticos, cuyos lugares de trabajo son informales y no suelen compartirse con otros trabajadores. Este tipo de entorno favorece la explotación no consensual ya que las autoridades no pueden inspeccionar la propiedad privada tan fácilmente como los sitios de trabajo formales.

TRABAJO FORZOSO EN MENORES

Indicios de posible trabajo forzoso de un menor son las situaciones en las que aparentemente el niño está bajo custodia de una persona ajena a su familia que lo obliga a realizar un trabajo para beneficiar financieramente a otra persona y no le ofrece la opción de irse. (Fuente: Informe sobre la trata de personas de 2011)