Grave error

FRANCISCO FAIG

Las alcaldías son un profundo error político e institucional.

Político primero. Los alcaldes se transformarán en figuras relevantes en sus pueblos sin que ello fortalezca la representación armónica de los partidos. Por el contrario, entre el interés "de su gente" y la lógica partidaria, el alcalde privilegiará el reclamo local. Las adhesiones partidarias flaquearán; los enfrentamientos entre alcaldes y dirigentes departamentales de un mismo partido se multiplicarán.

La lógica de poder del alcalde será la de generarse sus propios recursos, así sea en detrimento de la mejor administración departamental -gastos e inversiones a escala, etc. Se procurará su propia clientela política en su pueblo. Sobre todo cuando, además, el alcalde es el único cargo rentado, y los consejeros, llamados a desempeñar una tarea de contralor del alcalde, son honorarios.

Lejos de profesionalizar el sistema, profundizaremos el amateurismo. Es claro que hoy se verifica un profundo desequilibrio entre el fenomenal avance del poder de los Intendentes y Juntas Departamentales honorarias que penan por controlar a sus ejecutivos.

El mismo esquema se acaba de aprobar, pero en más de ochenta pueblos de todo el país.

Partidos con escaso control sobre las políticas que lleven adelante los alcaldes; alcaldes de lógica política distinta y contrapuesta al poder del Intendente; funciones poco y mal definidas; contralores de gestión escasos y poco profesionales.

Pero, destacan algunos, se descentraliza y se fortalece la democracia porque el pueblo vota. Este argumento es escuálido en lo institucional.

Nada se descentraliza porque se creen más instituciones. Sin una definición clara de los recursos locales, montos y percepciones, se desdibujan responsabilidades y se siembra el terreno para conflictos políticos futuros.

Tampoco se descentraliza por tener alcaldes-dueños de pueblos: en realidad, se potencia el surgimiento de pequeños tiranos, demagogos y populistas.

En tiempos de internet y gobierno electrónico, la descentralización no puede ser sinónimo de multiplicación de cargos y cargas públicos. Aquí se sigue engordando el Estado, y estamos lejos de cualquier descentralización moderna.

Finalmente, creer que se fortalece la democracia porque se vote por un alcalde con estas características institucionales es tener un muy magro criterio democrático.

En nuestro país, que vota mucho y bien, no precisamos asegurar una legitimidad de origen popular directa a las autoridades locales.

Precisamos sí, en lo nacional y en lo departamental, asegurar los checks and balances que garanticen la fortaleza de contrapoderes que aseguren el equilibrio del poder, y definir claramente responsabilidades institucionales para asegurar el buen uso de los dineros públicos.

Precisamos mejorar la legitimidad de ejercicio del poder en el peso del Tribunal de Cuentas y en la profesionalización de nuestros partidos y de nuestros ediles.

Los alcaldes llegaron para quedarse. No es una ley de la que debamos enorgullecernos.