Semanas cruciales

Pablo Da Silveira

Puede que parezca exagerado, pero está lejos de serlo: en el correr de las próximas semanas se juega el futuro de nuestra educación. Las decisiones que se tomen o no se tomen en estos días fijarán una trayectoria que nos condicionará durante décadas.

En el origen de esta disyuntiva está el choque entre dos fuerzas opuestas. Una de ellas es la voluntad política del presidente electo, que se declaró favorable a convertir la política educativa en una política de Estado. La otra es la voluntad de quienes quieren seguir adelante con el proceso de aplicación de la nueva Ley de Educación, entre quienes se cuentan los gremios de la enseñanza y los principales redactores de la norma.

Estos dos objetivos son incompatibles por una sencilla razón: una característica esencial de las políticas de Estado es que sean ampliamente consensuadas, de modo de poder sobrevivir a sucesivos cambios de gobierno. Por esta razón, en su elaboración se dejan de lado los temas altamente controvertidos. Pero la Ley de Educación incluye toda una serie de temas de conflicto, empezando por la integración de representantes docentes a los órganos de gobierno. Si esa ley, que apenas fue aprobada por una parte de la bancada oficialista, empieza a producir todos sus efectos, la probabilidad de acuerdos amplios se reducirá casi a cero.

Lo peor es que no podemos darnos mucho tiempo para decidir. Las autoridades del Codicen ya convocaron a la elección de representantes docentes para el 24 de febrero de 2010. Y una vez que esas elecciones se realicen, ya nadie podrá impedir que los ganadores ocupen los cargos. Por lo tanto, el momento de decidir si esa ley sectaria se aplica es ahora.

Hay además otro motivo de urgencia. Un torrente de datos aportados en las últimas horas por miembros de la administración saliente confirma algo que ya se sabía, pero con menor detalle: pese a que el actual gobierno multiplicó por tres el presupuesto educativo, ninguno de los grandes males que afectan a nuestra enseñanza ha sido siquiera mitigado. En algunos casos seguimos igual y en otros hemos empeorado.

Sería mezquino usar esta información como munición contra el oficialismo. Lo que importa es que acabamos de vivir algo que era bien sabido en teoría, pero que hasta ahora no habíamos experimentado en carne propia: los aumentos en el presupuesto educativo, ni siquiera cuando son suculentos, son suficientes para mejorar la enseñanza. Mucho dinero y políticas poco eficaces sólo producen frustraciones más caras. El aprendizaje que todos deberíamos extraer es que tenemos que usar el dinero de otra forma.

Pero además de formular esta conclusión hay que ponerla en práctica. Y esto significa que tenemos que acordar nuevas maneras de organizar el gasto antes de que se apruebe la ley de presupuesto del nuevo gobierno. Es decisivo ligar la ejecución del gasto y de las inversiones a metas concretas, medibles y escalonadas. Pero si esperamos a que llegue la hora de diseñar el presupuesto para introducir esta innovación, será demasiado tarde. Llegado ese momento, la gran máquina burocrático-corporativa terminará por aplastar las mejores intenciones.