Una hoja de ruta

Pablo da Silveira

Tras un cuarto de siglo de vida democrática, dos cosas parecen claras a propósito de la enseñanza. La primera es que las cosas andan mal y tienden a deteriorarse: la calidad de los aprendizajes es baja, los niveles de deserción son atroces y la convivencia en los centros de estudio se degrada. Lo segundo es que esto sucede a pesar de haber intenta-do varias reformas y de haber aumentado mucho el gasto educativo. No es que el tema no nos preocupe, sino que hemos sido más hábiles para bloquearnos que para consolidar soluciones.

Lo que estamos necesitando es un nuevo escenario en el que, en lugar de quedar empantanados en batallas ideológicas, podamos brindar a las nuevas generaciones los aprendizajes que están necesitando.

Y un posible modo de hacerlo consistiría en celebrar un amplio acuerdo interpartidario para rescatar a nuestra enseñanza. Los acuerdos de este tipo no son fáciles ni frecuentes, pero la gravedad de la situación que enfrentamos, y la larga colección de fracasos previos, justifican que lo intentemos.

El tiempo de aplicar ese acuerdo sería algún momento posterior a marzo de 2010, cuando el Senado deba otorgar su venia para una nueva integración del Codicen. Si la actual Ley de Educación sigue vigente, tres consejeros serán designados de este modo. Si para ese entonces la norma fue derogada (lo que supone que la oposición ganó las elecciones nacionales) es probable que el procedimiento se aplique a todos.

Los senadores que participen del acuerdo exigirían como condición para dar su voto que los candidatos a consejeros se comprometan públicamente a iniciar un período de siete años de experimentación institucional y pedagógica, que quedaría a cargo de una Unidad de Experimentación Educativa. A esa Unidad se adjudicaría el control del 10 por ciento de los establecimientos de la enseñanza primaria y media públicas, en los que se ensayaría una diversidad de propuestas pedagógicas y organizativas.

Los candidatos a consejeros también se comprometerían a no intervenir en las decisiones de esa Unidad, excepto que se incurra en ineptitud, omisión o delito, así como a impulsar un paquete de medidas urgentes para mejorar las condiciones de estudio de quienes asistan a los establecimientos no experimentales. Entre ellas se contarían medidas para compensar el déficit de aprendizajes en lengua y matemáticas, medidas para mejorar la convivencia en los centros de estudio (lo que incluiría una revisión de los mecanismos de asignación de horas docentes) y medidas para abatir la deserción en la enseñanza media (incluyendo la semestralización de los dos años finales del Bachillerato).

Los legisladores, por su parte, se comprometerían a aprobar partidas presupuestales que sólo podrán ser ejecutadas si se las emplea para financiar el programa experimental (un tipo de decisión que tiene precedentes), así como a impulsar la creación de una unidad encargada de evaluar la calidad de los aprendizajes en la enseñanza primaria y media.

La evaluación final del programa, y la adopción de medidas definitivas que puedan generalizarse a todo el sistema educativo, quedaría postergada para siete años más tarde. Dado que en el momento de acordar nadie puede saber quién estará gobernando en ese entonces, no puede haber temores de estar beneficiando a un rival político. Lo único que puede saberse es que los beneficios generados por el acuerdo podrán ser reivindicados como un mérito de todos.