Educación y delincuencia

Pablo Da Silveira

En estos tiempos de inquietud ante el aumento de la inseguridad y la violencia, es frecuente escuchar que no habrá una solución de fondo si no se apuesta a la educación. Esta afirmación genera amplias adhesiones en todo el espectro político. Pero, ¿tenemos razones válidas para sostenerla?

La idea de que la educación popular ayudaría a combatir la inseguridad estuvo presente en quienes impulsaron las grandes reformas educativas del siglo XIX. En 1841, Horace Mann, el padre fundador de la enseñanza pública estadounidense, hacía la siguiente profecía: "Dejen que la escuela común expanda sus capacidades, déjenla trabajar con la eficiencia de la que es capaz, y nueve décimas partes de los crímenes del código penal se volverán obsoletos". Frases parecidas pueden encontrarse en nuestro José Pedro Varela o en Domingo F. Sarmiento.

Pero la historia posterior no confirmó esta expectativa. En todas las sociedades democráticas, el crecimiento de las tasas de escolarización corrió parejo con el aumento de las de criminalidad. Nuestras sociedades nunca estuvieron tan escolarizadas como ahora, y nunca hubo tantos crímenes ni tantas personas presas sobre el total de población.

Sería absurdo deducir de lo anterior que la escolarización produce el crimen. El aumento de la inseguridad y del número de delitos responde a una diversidad de factores, entre los que se incluyen la complejización de nuestras sociedades y la propia evolución del derecho penal. Pero así como sería absurdo suponer que la escolarización produce el crimen, no es para nada evidente que lo reduzca. Evaluar el impacto real es difícil porque no sabemos qué ocurriría si las tasas de escolarización fueran más bajas, pero al menos dos cosas están claras.

La primera es que, contra lo que creían los reformadores del siglo XIX, la escolarización no alcanza para reducir la inseguridad. Pedirle al sistema educativo que resuelva ese problema es exigirle algo que no puede y que, al menos en parte, es responsabilidad de otros.

La otra cosa que ha quedado clara es que, cualquiera sea la capacidad de la enseñanza de influir sobre el clima de inseguridad, ese clima tiene una capacidad aún mayor de incidir sobre la enseñanza. Estudios realizados en Estados Unidos muestran que el riesgo que corre un adolescente de ser víctima de una agresión es mayor dentro del centro de estudios al que asiste que en plena calle. Los ataques a docentes se han multiplicado en todo el mundo. En 1998, casi un siglo y medio después del pronóstico de Horace Mann, las autoridades educativas de Los Ángeles aprobaron el uso de armas largas por parte del personal de seguridad de los establecimientos públicos.

Intentar servirse de la enseñanza para combatir la inseguridad es una actitud noble y constructiva. Quienes defienden esa idea aspiran a mejorar la calidad de nuestra convivencia y expresan la convicción, esencialmente correcta, de que la represión no es una solución de fondo.

Pero, si hay una enseñanza que puede contribuir a reducir la violencia y el delito, no será la que venimos practicando desde hace un siglo y medio. Esa es justamente la que no ha podido hacerlo. Quien proponga soluciones educativas al problema de la inseguridad deberá explicar en detalle cuál es su propuesta. Lo demás será palabrerío.