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Agustina Navarro

El presidente Tabaré Vázquez, junto a la ministra de Salud, María Julia Muñoz, firmó ayer el veto a los artículos de la ley de Salud Sexual y Reproductiva que despenalizan el aborto. La Asamblea General no tiene votos suficientes para levantarlo.

Vázquez, interpuso ayer el veto a los artículos de la ley de Salud Sexual y Reproductiva referidos al aborto, según informó a El País el ministro de Turismo, Héctor Lescano. Los artículos que despenalizan y regulan la interrupción del embarazo están contenidos en los capítulos II, III y IV.

"El tramite del veto está en proceso. No se si llega esta noche (por ayer) o en la mañana (por hoy) al Parlamento pero sé que, más allá del plazo constitucional, el presidente optó por responder cuanto antes, lo cual es una forma de llevar claridad a la población", indicó Lescano.

También informó que para interponer el veto, Vázquez optó por uno de los caminos que le confiere la Constitución que es el de formalizarlo con la ministra del ramo, en este caso María Julia Muñoz.

"Por razones de rapidez del trámite se optó que el veto fuera firmado por la ministra Muñoz, quien ya públicamente había anunciado que, más allá de su posición personal que era coincidente con esta norma, por razones de lealtad y por aquello de hacer posible que se exprese la voluntad política del presidente, acompañaba con su firma el veto", explicó Lescano.

Dijo que el mandatario no solicitó a los demás ministros que acompañaran con su firma este veto, pese a que él estaba dispuesto a apoyarlo.

"En casi cuatro años que llevamos juntos nunca pidió la firma de nadie y mucho menos en un caso donde pesan aspectos de conciencia, donde la libertad de acción es un elemento fundamental y sería hasta una barbaridad política, pues es notorio que el único ministro que se ha expresado a favor del veto soy yo. La mayoría de los demás ministros se han manifestado a favor de la ley", afirmó.

Sin embargo, fuentes del gobierno dijeron a El País que Vázquez sí pretendía que el veto fuera firmado por la mayoría del gabinete, es decir siete ministros, pero no logró los consensos esperados por lo que se vio obligado a enviarlo sólo con el aval de Muñoz.

Incluso, inicialmente, Lescano indicó que serían siete los ministros que firmarían el veto, entre ellos el titular de Vivienda, Carlos Colacce, el de Relaciones, Exteriores, Gonzalo Fernández y el de Transporte, Víctor Rossi.

Fuentes del gobierno dijeron a El País que el fundamento del veto incluye, más allá de la concepción científica del presidente, según la cual hay vida desde el momento de la concepción, aspectos de naturaleza jurídico constitucional. También incluiría la defensa de la equidad de género y los derechos de la mujer, particularmente aquellas de bajos recursos que sufren las consecuencias del aborto en condiciones de riesgo.

Ahora, si los legisladores pretenden levantar el veto, deberán convocar a una Asamblea General y la iniciativa deberá ser aprobada con los votos de tres quintos de los miembros presentes. Si en 30 días la Asamblea General no logra quórum, el veto queda automáticamente confirmado. El diputado del MPP, Álvaro Vega, dijo a El País que no se cuenta con los votos suficientes para levantar el veto y que el tema no se ha planteado en el FA, por lo que considera que la Asamblea General no lo tratará.

El grupo CNS Mujeres, que defendió la legalización del aborto, convocó para hoy, a las 19:30, a una protesta en la Plaza Libertad contra "este acto de autoritarismo que implica un retroceso enorme para el sistema democrático del país".

La organización manifestó su indignación en un comunicado y sostuvo que "la voluntad del presidente no representa la voluntad del país".

El martes 13, el Senado dio sanción definitiva al proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva, con 17 votos del FA a favor y 13 votos en contra de blancos y colorados. La Cámara de Diputados le había dado media sanción a este proyecto en la madrugada del miércoles 5, con 49 votos a favor y 48 en contra.

Los artículos vetados consagran el derecho de toda mujer a decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez, alegando ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, penuria económica, sociales, familiares o etáreas. Además, establecen la posibilidad de abortar cuando la gravidez implica un grave riesgo para la salud de la mujer o en los casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina. En los casos de adolescentes o niñas, la ley obliga al médico a recabar su consentimiento así como el de al menos uno de sus representantes legales o el de un juez. La ley también establece que los abortos serán considerados actos médicos sin valor comercial y que todos los servicios de asistencia médica deben llevar a cabo este procedimiento. A los médicos o miembros del equipo quirúrgico con objeciones de conciencia se les brinda la posibilidad de informarlo a sus instituciones en un plazo de 30 días. Estos artículos modifican a la vez la actual legislación que considera al aborto un delito y cambian las penas.